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España: SOS por el derecho a la vivienda

Varias personas empaquetan sus pertenencias tras un desalojo

El derecho a la vivienda en España está en crisis. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar. Tan sólo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios.

La crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monoparentales maternos, mujeres con discapacidad, o víctimas de violencia de género.

Casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha mejorado la protección del derecho a la vivienda. Tampoco ha adoptado medidas suficientes para proteger a las personas que han sufrido un desalojo.

Cuando las personas necesitaban más que nunca acceder a una vivienda social después de haber sufrido un desalojo, se han encontrado con un muro. España sólo dedica un 2% del parque de viviendas a la vivienda social. Por lo que la mayoría de las personas no cuenta con una vivienda social cuando hace frente a un desalojo.

Es hora de adoptar medidas urgentes para poner fin a la crisis del derecho a la vivienda.

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Estimada Sra. Sáenz de Santamaría,

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar. Tan sólo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios.

Asimismo, casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha adoptado medidas orientadas a reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda adecuada, o a garantizar los derechos de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de marginación y discriminación.

España cuenta con un porcentaje de vivienda social de menos del 2% del total del parque de viviendas; uno de los que menos gasto público emplea en vivienda, tan solo el 0,5% del Producto Interior Bruto y, sin embargo, es uno de los que ha visto cómo el gasto personal en vivienda se ha incrementado del 17,4% del gasto total de los hogares en 2005 al 23% en 2015, el mayor en la Unión Europea.

Asimismo, en un momento de creciente demanda de vivienda social, las autoridades han procedido a adoptar medidas regresivas sin ningún tipo de justificación. Así, el presupuesto público español para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación en 2017 apenas superó los 474 millones de euros, lo que representa una reducción en un 70,4% desde 2009.

Ante esta situación, le pido la adopción de las siguientes medidas:
- Adopción por parte del Gobierno de un Protocolo Marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y autoridades municipales orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos, tal y como Naciones Unidas le acaba de exigir.
- Trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda.

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