La actual crisis social y política en Venezuela está teniendo un fuerte y amplio impacto en los derechos humanos de su ciudadanía. El gobierno no tolera la disidencia y utiliza su poder para silenciar cualquier voz crítica que se atreva a expresar su descontento.
En un contexto de fuerte polarización política y de un marcado deterioro social, el gobierno de Venezuela utiliza su poder para silenciar cualquier voz crítica que se atreva a expresar su descontento. Desde Amnistía Internacional denunciamos el uso de las detenciones arbitrarias como intrumento de persecución política.
El pasado 20 de junio se cumplió un año de la detención de 14 agentes de la Policía Municipal de Chacao. A pesar de que en agosto de 2016 un juez ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares hasta que se celebrase el juicio, los policías siguen en prisión porque el servicio de inteligencia venezolano SEBIN se niega a acatar la decisión judicial.
En situación similar está el dirigente del partido opositor Yon Goicoechea fue detenido en agosto de 2016 por personas no identificadas que lo obligaron a subir a un vehículo. Durante unas 13 horas permaneció desaparecido hasta que un alto cargo del gobierno confirmó que había sido detenido por supuestamente portar explosivos que iban a ser utilizados en una manifestación. Permaneció tres días aislado, sin contacto con familiares o abogados. Desde el 20 de octubre de 2016 existe una resolución judicial que autoriza su excarcelación por falta de pruebas. Sin embargo, sigue en la cárcel porque el juzgado que lleva causa "cerró", prolongando así su detención arbitraria. El gobierno junto con los servicios de inteligencia y seguridad ha estado encarcelando a disidentes políticos, arrebatándoles su libertad de expresión y derecho a manifestarse pacíficamente.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de 22 personas, incluidos los policías de Chacao, y Yon, que están en prisión de forma ilegal y a quienes se les está denegando un debido proceso.
Actúa ya y firma la petición para exigir que las autoridades venezolanas pongan fin a la práctica de detenciones arbitrarias y garanticen que quienes expresen opiniones disidentes no terminen en prisión.