Las firmas recogidas forman parte de las 200.000 que la Secretaria General de Amnistía Internacional Agness Callamard entregará el día 24 de mayo de 2023 a la Presidenta de Perú Dina Boluarte rechazando el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y llamando a no retrasar más las investigaciones de violaciones de derechos humanos, en particular las cometidas por funcionarios y funcionarias, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre de 2022 a febrero de 2023.
En Amnistía Internacional continuaremos trabajando para que se haga justicia por las muertes de 49 personas, que en su mayoría pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal.
Petición antes del cierre
Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones del país el 7 de diciembre de 2022, al menos 67 personas, entre ellas menores de edad, han muerto, muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones.
Las manifestaciones no siempre han sido pacíficas, de hecho ha muerto un policía, pero esto no justifica que el gobierno peruano esté matando para dispersarlas. Las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza exigen que ésta sólo se emplee contra manifestantes cuando sea estrictamente necesario, de manera proporcional y con un fin legítimo, y que su uso se someta a un proceso de rendición de cuentas.
Exigimos a la presidenta Boluarte que ponga fin de inmediato a todas las formas de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad y se haga justicia con las personas que han muerto.
