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Perú: La justicia da la espalda a más de 2.000 mujeres esterilizadas a la fuerza

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Esta acción ha finalizado. Hemos sido 19.672 firmantes

Petición antes del cierre

Más de 200.000 mujeres fueron presuntamente sometidas a esterilización forzada en Perú en la década de los noventa, en el marco de un plan de control demográfico dirigido a los sectores más pobres de la población. La mayoría eran indígenas y campesinas.

Esta acción ha finalizado (7 de abril de 2014)

Damos las gracias a las casi 20.000 personas que se han sumado a la petición de Amnistía Internacional para que las mujeres sometidas a esterilización forzada en Perú tengan acceso a verdad, justicia y reparación.

Seguiremos insistiendo a las autoridades peruanas para que se revise la decisión de la Fiscalía de archivar más de 2.000 casos, así como para que tomen todas las medidas necesarias para poner fin a la discriminación racial, social y de género que sufren las comunidades indígenas y campesinas en Perú, y concretamente las mujeres.

Petición antes del cierre

Tan sólo 2.000 casos han sido objeto de una investigación en los últimos 10 años. Ahora también esos casos han quedado sin respuesta judicial tras la decisión, adoptada el 22 de enero por la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, de archivarlos.

Existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron.

La Fiscalía sólo ha presentado cargos contra el personal médico presuntamente responsable de la esterilización forzada y posterior muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en 1998. Ni siquiera en este caso se han formulado cargos contra las autoridades gubernamentales encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar.

Diversos tratados internacionales de derechos humanos, que estipulan que los Estados deben respetar, proteger y garantizar la libertad y la dignidad de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, sin someterlas a coacción ni violencia.

El hecho de que se hayan cerrado estos casos pone de manifiesto la persistente discriminación racial, social y de género que sufren las comunidades indígenas y campesinas en Perú, y concretamente las mujeres.

Exige a las autoridades peruanas que revisen la decisión de la Fiscalía de archivar las denuncias sobre esterilizaciones forzadas.