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Marian no puede esperar

Marian, de 27 años y nacionalidad argelina

La situación de personas refugiadas y migrantes en Ceuta y Melilla

Marian, de 27 años y nacionalidad argelina, vive desde hace más de un año con su hija de tres años en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Durante mucho tiempo, fue maltratada por su marido, que incluso llegó a obligarla a prostituirse. Una vez en España, las palizas y los insultos continuaron, incluso dentro del CETI. Tras estas agresiones, la única medida que se tomó para proteger a Marian fue denegar la entrada en el CETI a su marido. Este hecho no mejoró su situación, ya que continuó sufriendo amenazas, incluso de muerte, hasta el punto de que durante mucho tiempo no se atrevió a salir a la calle. Durante todo este tiempo, Marian ha sido también solicitante de asilo, y sin embargo, las autoridades españolas han impedido su traslado a la península y no han garantizado los derechos que tiene reconocidos en la legislación española.

Hace unos días Marian recibió una buena noticia: iba a ser traslada a la península. Pero todo era un espejismo. Después de haberle entregado la comunicación por la que se le informaba que iba a salir de Melilla, ésta le fue retirada hasta que no se practique una prueba de ADN a ella y a su hija para demostrar la filiación entre ambas. Esta decisión llega un año después de la llegada de Marian y su hija a territorio español, y hasta ahora, no parece que hayan existido por parte de las autoridades dudas en relación a su filiación.

La falta de medidas adecuadas para garantizar la integridad física y psicológica de Marian y de su hija y su condición de víctima de violencia de género hacen que sea urgente su traslado a la península. ¿Por qué se suspende el traslado de Marian y su hija a la península? ¿Por qué se duda ahora de la filiación entre ellas? ¿Por qué se adopta esta medida obviando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Marian, como víctima de violencia de género?

Marian y su hija no pueden esperar el resultado de unas pruebas que hace un año nadie solicitó.

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Estimado Señor:

Quiero hacerle llegar mi preocupación por la situación de derechos humanos en la frontera sur española, concretamente, en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde muchas de las personas que solicitan asilo se quedan estancadas en un limbo administrativo y legal, y donde las condiciones de acogida no son adecuadas. En este sentido, me preocupa especialmente la situación de aquellas personas pertenecientes a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de trata, víctimas de violencia de género o colectivos LGBTI, por ejemplo.

Una de estas personas es Marian (nombre ficticio), de 27 años y de nacionalidad argelina, quien lleva más de un año residiendo en el CETI de Melilla junto con su hija de tres años. Fátima es además víctima de violencia de género, habiendo sido maltratada por su marido, tanto en Argelia como en España.

La semana del 18 de enero Marian fue informada por escrito de la autorización para su traslado a la península. Sin embargo, al día siguiente se le comunicó que dicho traslado había sido pospuesto hasta practicar las correspondientes pruebas de ADN a ella y a su hija de tres años con objeto de demostrar la filiación. Sin entrar a cuestionar la pertinencia de esta medida, me preocupa seriamente que se haya adoptado esta decisión un año después de la llegada de Marian y su hija a territorio sin que hasta el momento no parezca que haya habido dudas por parte de las autoridades españolas en relación a su filiación o a los documentos portados por Marian.

Por todo ello, le pido que adopte las medidas necesarias para que Marian y su hija sean trasladadas de inmediato a la Península, a un centro que reúna las condiciones adecuadas para ambas, especialmente para Marian como víctima de violencia de género, sin necesidad de que éstas tengan que permanecer más tiempo en el CETI en espera de los resultados de las pruebas de ADN.

Atentamente,

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