La parlamentaria palestina Khalida Jarrar se enfrenta a un juicio injusto ante un tribunal militar israelí. El fiscal militar ha presentado 12 cargos contra ella por, entre otros delitos, pertenencia a una organización ilegal, participación en manifestaciones e incitación a secuestrar a soldados israelíes. Los abogados defensores han dicho que el cargo de incitación es infundado y tiene un propósito vengativo. Podría ser encarcelada al menos durante dos años. El 4 de mayo expiró la orden de detención administrativa pero desde entoces se está aplazando la vista para examinar su derecho a quedar en libertad bajo fianza durante el proceso judicial.
Esta acción ha finalizado (6 de julio de 2015)
Damos las gracias a las más de 20.000 personas que se han sumado a la petición para que la diputada palestina Khalida Jarrar sea juzgada con todas garantías y de acuerdo con las normas internacionales de juicios justos. Amnistía Internacional sigue dando seguimiento al proceso y a la situación de Khalida Jarrar en prisión. Igualmente la organización continúa su campaña para que Israel ponga fin al uso de la detención administrativa como medida punitiva contra activistas pacíficos y para que respete el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de la población palestina.
Petición antes del cierre
Las fuerzas israelíes detuvieron a Khalida, de 52 años, el 2 de abril de 2015, a la una y media de la madrugada, en su casa en Ramala. La interrogaron durante más de cuatro horas y después la trasladaron a la prisión de HaSharon, en Israel. Khalida tiene problemas crónicos de salud, ha sufrido sucesivas apoplejías y tiene el colesterol alto; necesita tomar medicación y hacerse análisis de sangre cada pocos días. Notable por su activa oposición a la ocupación israelí,
Khalida Jarrar lleva decenios sufriendo hostigamiento e intimidaciones de las autoridades israelíes. En agosto de 2014 desafió una orden militar en la que se disponía su traslado forzoso a Jericó por razones "secretas". Khalida Jarrar fue arrestada en virtud de una orden de
detención administrativa. Esta fórmula, introducida aparentemente como medida excepcional para detener a personas que suponen un peligro extremo para la seguridad, lleva años siendo utilizada por Israel para detener a una variedad mucho mayor de personas. Las órdenes de detención administrativa pueden prorrogarse indefinidamente y el ejército israelí retiene la mayoría de las pruebas, alegando que lo hace por razones de seguridad. En el caso de Khalida, el fiscal en un principio dijo que no había presentado cargos contra ella porque le habría dado derecho a la libertad con fianza, lo cual indica que
su detención es un medida punitiva, tomada contra ella por su activismo político.
Exige su liberación, ¡actúa!
