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España: La salud y la vida de las mujeres en peligro

Testimonios de LLum Quiñonero, Mertxe Agúndez y Francisca García

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 111.723 firmantes

Petición antes del cierre

El gobierno español impulsa una ley que pone en riesgo la salud, la vida y merma la libertad de las mujeres restringiendo el acceso a servicios de aborto seguro y legal.

Esta acción ha finalizado (23 de septiembre de 2014)

Buenas noticias: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado la decisión del Ejecutivo de no seguir adelante con el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Con esta rectificación, el Gobierno deja de poner en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres en España y se mantiene en la línea legal de la mayoría de los países de la Unión Europea.

Pese a este anuncio, mostramos nuestra preocupación por el anuncio del Gobierno de seguir adelante con la exigencia del consentimiento parental a las menores de 16 y 17 años para interrumpir su embarazo. Esta exigencia vulneraría las normas internacionales ya que merman la autonomía de la mujer.

Gracias a las más de 110.000 personas que han hecho posible este logro.

Petición antes del cierre

Si se aprueba esta propuesta, España retrocedería más de 30 años, una época oscura para los derechos de las mujeres, y podría aumentar el número de mujeres y niñas que recurren a abortos peligrosos, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres a tomar decisiones por sí mismas.

Además, la ONU ha recordado que restringir el acceso al aborto, no reduce el número de abortos, sino que incrementa el número de abortos ilegales e inseguros y la mortalidad materna, como ya sucede en otros países. Cada año mueren 47.000 mujeres en todo el mundo a causa de abortos inseguros.

El gobierno propone que mujeres y niñas que sufran una agresión sexual deberán poner una denuncia para acceder a servicios de aborto. Esto puede suponer una gran barrera para mujeres migrantes en situación irregular, que al denunciar, en ciertos casos, podrían ser expulsadas del país.

Además, cualquier mujer que quiera acceder a un aborto legal y seguro deberá contar con dos informes médicos de diferentes centros certificando cualquier riesgo para la salud o la vida de la mujer y el feto, recibir apoyo psicológico obligatorio e información sobre cuestiones no médicas y esperar siete días durante el llamado “período de reflexión”. En caso de tener entre 16 y 18 años, se exigirá consentimiento parental.

También introduce disposiciones penales para profesionales de la salud cuestionando el juicio médico y creando un clima de miedo y limitando su capacidad de proveer información y servicios médicos a sus pacientes.

Actúa ya para garantizar los derechos de las mujeres y niñas en España. Exige al gobierno que retire el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, por violar los derechos humanos.