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Colombia: Morir por reclamar su tierra

Iniciada el 19 de septiembre de 2012.

¡Gracias!

Hemos sido
15.056 firmantes

Los miembros de la comunidad de desplazados de la cuenca del río Cacarica junto a un barco en construcción para llevarlos de regreso a sus tierras abandonadas
Los miembros de la comunidad de desplazados de la cuenca del río Cacarica junto a un barco en construcción para llevarlos de regreso a sus tierras abandonadas © Particular

En Colombia, quienes luchan por la restitución de las tierras robadas durante el conflicto armado son amenazados y asesinados. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no ha conseguido incrementar la seguridad de estas personas. Exige al gobierno colombiano que subsane ésta y otras deficiencias de la Ley.

Esta acción ha finalizado (11 de marzo de 2013). Todas las firmas han sido enviadas a las autoridades colombianas a través de su embajada en Madrid. Amnistía Internacional continuará trabajando para que cesen las amenazas y asesinatos de aquellas personas que luchan por la restitución de tierras robadas durante el conflicto armado, así como para que ninguna víctima de abusos queda sin reparación en Colombia.

Gracias a las más de 15.000 personas que han participado.

Petición antes del cierre:
Hace pocos meses un grupo de paramilitares secuestró y asesinó a Manuel Ruíz y a su hijo de 15 años Samir de Jesús Ruíz. La razón es que Manuel, miembro del consejo comunitario de su pueblo, Apartadocito, iba a acompañar a los inspectores que el gobierno había enviado para determinar quiénes eran los propietarios legítimos de unas tierras.

Este caso es sólo uno entre tantos otros de personas que reclaman la devolución de las tierras robadas y que por ello son amenazadas, hostigadas o directamente asesinadas. Es el precio de la tierra en Colombia.

Durante el prolongado conflicto armado colombiano, millones de hectáreas de tierra han sido robadas, a menudo con violencia, a sus dueños legítimos, especialmente comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los principales responsables del despojo pertenecen a grupos paramilitares, que a veces actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad. Además, todas las  partes  del conflicto –paramilitares, fuerzas de seguridad y guerrilla– han contribuido a expulsar de sus hogares a más de cinco millones de personas que, así, han perdido el control de sus tierras.

Desde que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en junio de 2011 y entró en vigor a principios de 2012, la situación ha empeorado para los dirigentes de las comunidades desplazadas y para los activistas que hacen campaña por la restitución de las tierras robadas. Están en el punto de mira de diferentes fuerzas paramilitares que, desde hace unos meses, se autodenominan “ejércitos antirrestitución”.

La ley tiene algunos aspectos positivos. Reconoce la existencia de un conflicto armado en el país y prevé una reparación para muchos de los sobrevivientes de abusos y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, también tiene graves deficiencias, como la falta de protección a las personas que regresan a sus tierras y el peligro que corren quienes hacen campaña por la restitución.

Pide al presidente de Colombia Juan Manuel Santos que subsane estas deficiencias.

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