M. Z. nació en 1972. A los 11 años, sus padres le dijeron que era adoptada. Desde muy pequeña quiso saber sobre su identidad, pero por respeto a sus padres adoptivos no inició la búsqueda hasta que éstos murieron.
Su tía le contó que su madre adoptiva era estéril, y que durante tres días sus padres se fueron del pueblo sin avisar, y volvieron con M.Z., que era un bebé. Contaron que habían ido a El Escorial y que allí una mujer se acercó a ellos y les entregó a la bebé.
Figura como hija biológica de sus padres adoptivos, aunque las pruebas de ADN lo desmienten, y tampoco hay ninguna documentación que que acredite su entrega como hija adoptiva. "Vas a todos lados y te dicen ‘no, no, no’. Buscar, no puedo buscar ya más en más sitios. Pero nunca voy a perder la esperanza de poder encontrar". M.Z.
En 2011, se abrió una investigación sobre los hechos, que actualmente está cerrada. Entre otras razones, porque en la documentación del hospital no consta que naciera allí, y a pesar de constar la declaración de la tía de M.Z., que explicó que su madre adoptiva nunca estuvo embarazada.
El impacto negativo en su vida personal y familiar ha sido fuerte. Ha requerido de medicación para el estrés y la ansiedad. Su familia le ha pedido que no siga investigando, al ver cómo le afecta en su salud.
“Yo lo que necesito son respuestas, de por qué se hacían las cosas así, de quien permitió que esto se hiciera así, y saber qué es lo que ha pasado. Y saber quién es mi madre, que al fin, lo que busco es eso”
La historia de M.Z. no es la única. Hasta los años noventa y desde el final de la Guerra Civil, durante más de 50 años, miles de personas en España pudieron ser objeto de desaparición forzada, con sustitución y alteración de sus identidades.
Estos miles de casos son los conocidos como bebés robados, a quienes se les han vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, donde se incluye el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares.
La mayor parte de casos continúan en la impunidad, y la respuesta por parte del Estado a los procesos de búsqueda hasta ahora ha sido desinteresada, inadecuada e insuficiente. Esta falta de respuesta acrecienta un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos, según reconocen organismos internacionales de derechos humanos.
El Estado español debe adoptar medidas que den respuesta a los procesos de búsqueda en su totalidad y que proporcionen acompañamiento a las víctimas, garantizando acceso a la información, rendición de cuentas y apoyo jurídico y psicológico.
Firma para que el Parlamento apruebe una Ley sobre bebés robados.
Ayúdanos a llegar a 20.000
Firma y enviaremos esta petición en tu nombre a la Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.
Isabel Rodríguez García
Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
Estimada Señora:
Me pongo en contacto con Usted en relación con la necesidad de impulsar el esclarecimiento efectivo de las violaciones de derechos humanos cometidas en España en relación con la sustracción irregular de bebés.
El Parlamento debe promulgar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de las personas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad. Esta ley, entre otras cuestiones, debería:
• Establecer un mecanismo de coordinación y canalización de estos procesos de búsqueda, que deberá ser implementado por el poder ejecutivo;
• Establecer una base de datos centralizada a nivel estatal, que integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados y de todas las víctimas y familiares que así lo deseen;
• Establecer las bases de una asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda.
También pedimos la reforma del Código Penal para asegurar que el cómputo del plazo de prescripción en casos de desaparición forzada no comience sino hasta que se determine la suerte y paradero de la persona desaparecida. Muy especialmente, para garantizar que dicho cómputo, en el caso de los ‘bebés robados’, no comienza sino hasta que a la víctima se le garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su identidad y, en su casos, los lazos familiares.
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