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Guinea Ecuatorial (24-06-14)

23 años después, un presidente del gobierno español viaja a Guinea Ecuatorial

Tortura, pena de muerte y libertad de expresión deben figurar en la agenda de Rajoy
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United States Central Intelligence Agency's World Factbook.
Amnistía Internacional pide al presidente español que se interese por tres víctimas concretas de violaciones de derechos humanos

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno español para proponerle una agenda de derechos humanos ante la inminente visita que realizará a Guinea Ecuatorial para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, que se celebra esta semana en Malabo.

“La última vez que un presidente español visitó Guinea Ecuatorial fue en noviembre de 1991. Esta es una oportunidad histórica para poner de manifesto qué ocurre en materia de derechos humanos en Guinea Ecuatorial y para conseguir resultados a corto plazo. Amnistía Internacional siempre ha defendido que los derechos humanos deben figurar en el centro de la política exterior española. Mariano Rajoy no puede dar la espalda a las víctimas de tortura, pena de muerte o represión en este país”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La organización también ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso que promuevan iniciativas de control sobre los derechos humanos con motivo de esta visita.

Oscuro historial de derechos humanos
Guinea Ecuatorial tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional ha puesto en conocimiento de las autoridades españolas antes de la visita del presidente Rajoy, con el objetivo de que se aborden estas cuestiones en sus relaciones bilaterales.

Entre otras violaciones de derechos humanos, la organización destaca las detenciones arbitrarias, la detención preventiva prolongada sin cargos, la detención en régimen de incomunicación y secreta, los juicios sin las debidas garantías, los casos de tortura y malos tratos, las condenas y aplicación de la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, la supresión de la libertad de expresión, reunión y asociación, la obstaculización a la libertad de prensa y la detención de familiares de opositores políticos.

“Las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos son responsables de estas violaciones de derechos humanos y raramente comparecen ante la justicia. La falta de instituciones independientes y mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad y la persistencia de un sistema judicial débil y politizado, que también con frecuencia vulnera los derechos humanos, agravan la ya precaria situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial”, continúa Beltrán.

Con motivo de esta histórica visita, Amnistía Internacional pide al presidente español que se interese por la situación de tres personas que sufren hoy violaciones de derechos humanos.

Se trata de Mercedes Obono Nkoni y Emilia (apellidos sin confirmar), quienes fueron detenidas únicamente para forzar a su esposo Leoncio Nguema Asumo, a entregarse a las autoridades. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata.

La organización también recuerda el caso del dirigente bubi Weja Chicampo, que se ve hostigado y perseguido con frecuencia. Amnistía Internacional solicita  que se respete su derecho a la libertad de movimiento, y que se le permita entrar y salir del país cuando así el lo desee.

Pena de muerte
La pena de muerte es preceptiva en Guinea Ecuatorial en los casos de asesinato con premeditación y también se ha impuesto a opositores políticos declarados culpables de crímenes contra la seguridad del Estado en juicios carentes de las debidas garantías, generalmente ante tribunales militares.

La última ejecución de opositores políticos tuvo lugar el 21 de agosto de 2010. Sin embargo, desde 2008 varias personas declaradas culpables de asesinato fueron condenadas a muerte. Aunque el número exacto se desconoce, nueve de ellas fueron ejecutadas a finales de enero de 2014.

Amnistía Internacional condena estas ejecuciones, y más sabiendo que se llevaron a cabo dos semanas antes de que el Presidente Obiang Nguema firmara una “resolución” que establecía una moratoria temporal sobre la pena de muerte.

Tortura
A pesar de existir una ley que prohíbe la tortura, ésta persiste en la práctica. Agentes policiales, gendarmes y soldados hacen uso de la tortura con impunidad casi total. En enero de 2010 el Gobierno de Guinea Ecuatorial accedió, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; sin embargo, todavía no lo ha hecho.

Amnistía Internacional continúa recibiendo casos de tortura y otros malos tratos, aunque en los últimos cuatro años el número de detenidos políticos sometidos a tortura o malos tratos parece haber disminuido. Además de ser sometidos a malos tratos físicos, los detenidos políticos con frecuencia sufren otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante tales como permanecer recluidos en régimen de incomunicación durante semanas e incluso meses, sin cargos ni juicio y sin recibir asistencia médica adecuada.

Agustín Esono Nsogo, quien estuvo recluido sin cargos ni juicio desde su detención en octubre del 2012 hasta su liberación el 10 de febrero de 2014, fue torturado en tres ocasiones inmediatamente después de su detención. Lo golpearon con porras en ambas muñecas, en la planta de los pies y en la cabeza, a consecuencia de lo cual perdió la audición del oído izquierdo. No recibió atención médica.

El ex coronel del ejército Cipriano Nguema Mba Mitogo fue torturado por lo menos en dos ocasiones desde que fue encarcelado. Cipriano Nguema, exiliado en Bélgica desde 2012, fue secuestrado por agentes de seguridad ecuatoguineanos en Nigeria el 23 de diciembre de 2013, donde al parecer se encontraba visitando amigos y familiares, para luego ser trasladado clandestinamente a Guinea Ecuatorial, donde permanece en prisión.

Libertad de expresión, reunión y asociación y libertad de prensa
La Constitución de Guinea Ecuatorial y otras leyes subsidiarias reconocen el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, así como a la libertad de prensa; sin embargo estos derechos son habitualmente vulnerados. La legislación de Guinea Ecuatorial no requiere autorización previa para convocar manifestaciones. Con todo, éstas no son permitidas, y tanto los organizadores como quienes intentan manifestarse suelen ser detenidos. Desde 2011 las autoridades han rechazado varias solicitudes para celebrar concentraciones pacíficas.

En mayo y junio de 2013 las autoridades prohibieron manifestaciones programadas en Malabo y amenazaron con el uso de la fuerza contra manifestantes. En ambas ocasiones se desplegó un gran número de agentes de seguridad fuertemente armados en las calles para hacer cumplir la prohibición y se acordonó el centro de la ciudad. La manifestación de mayo había sido convocada por el Movimiento de Protesta Popular para exigir la legalización del partido político Partido Democrático para la Justicia Social. Su dirigente Clara Nsegue Eyi fue detenida varios días antes de la convocatoria y estuvo recluida varios meses.

También se ha acosado, arrestado, detenido y sometido a malos tratos a periodistas extranjeros que posteriormente fueron expulsados del país una vez confiscado o destruido su material de trabajo. El caso más reciente es el de dos periodistas del periódico británico “Financial Times”, Javier Blas y Peter Chapman, que fueron detenidos en Malabo el 20 de enero de 2014 y expulsados del país. Se habían desplazado a Guinea Ecuatorial para cubrir el Simposio sobre la Diversificación Económica de Guinea Ecuatorial, que se celebró en Malabo del 3 al 5 de febrero.

Cumbre de la Unión Africana
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana se reúnen en Malabo esta semana para debatir, entre otros asuntos, sobre una propuesta de reforma de un artículo del protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos por la que se concedería la inmunidad procesal a los líderes y otros altos cargos en funciones ante la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos.

Amnistía Internacional pide que se rechace esta redacción y se sustituya por una disposición como la del artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional, que rechaza cualquier tipo de inmunidad sobre delitos graves como actos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, entre otros.

Está previsto que la decisión de aprobar o no el proyecto de protocolo se tome el 27 de junio.

Categorías: Africa, Defensores y defensoras de derechos humanos, Derechos económicos, sociales y culturales, Detenciones arbitrarias, Ejecuciones extrajudiciales, España, Impunidad, Juicio justo, Libertad de expresión, Mujeres, Pena de muerte, Tortura y malos tratos

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

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