¡Las víctimas de trata en España necesitan protección!

En España solo mil de las 75.000 personas que, según el gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual han sido identificadas finalmente como víctimas en los últimos siete años.

La identificación es fundamental para proteger a las víctimas de trata y garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación. Si no se detecta a las posibles víctimas, los siguientes pasos son inexistentes.

España prioriza el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Rompe las cadenas invisibles de la trata: firma la acción online, difunde en tus redes sociales y/o contacta con artistas que puedan apoyar la campaña.

¿CUAL ES EL PROBLEMA?

La identificación de las víctimas de trata es un primer paso fundamental para garantizar su asistencia y protección, acceso a la justicia y derecho a la reparación.

Por eso el Convenio de Varsovia y la Directiva europea de 2011 exigen a los Estados que sean identificadas por autoridades competentes y por personas formadas y cualificadas en prevención, lucha contra la trata y asistencia a las víctimas, especialmente si son menores. Pero la realidad española dista mucho de adecuarse al marco legal existente al no estar garantizando un enfoque de derechos humanos.

Pese a que las autoridades tienen la obligación de identificar y proteger a todas las víctimas de trata con independencia de su estatus migratorio y de su capacidad para colaborar en la persecución de un delito, en España prima su persecución y control.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON TU AYUDA?

Amnistía Internacional pide al Relator Nacional para la trata de seres humanos:

• Que se refuerce la detección e identificación de víctimas de trata, para que puedan acceder a protección y no sean simplemente vistas como pruebas de un delito, especialmente en costas, donde  debe establecerse un mecanismo de detección temprana con un enfoque multi-agencial.
• Que se impulse una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con perspectiva de derechos humanos, de género e infancia, donde la capacidad de identificación de posibles víctimas de trata no recaiga en quienes tienen la competencia de investigación del delito, o en el control migratorio, sino que dependa de organismos que prioricen un criterio de protección.
• Mejorar la coordinación entre las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil y las ONGs, y que se refuerce la recogida de datos desagregados que faciliten el seguimiento y la respuesta adecuada.