Cuando las mayores empresas de armas del mundo se disponen a hacer negocio en la feria internacional de armas que se celebra en Londres, un nuevo informe de Amnistía Internacional revela cómo grandes actores de la industria, como Airbus, BAE Systems y Raytheon, no están actuando con la diligencia debida en materia de derechos humanos, que podría evitar que sus productos se destinen a cometer violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
Para elaborar el informe Outsourcing Responsibility, Amnistía Internacional contactó con 22 empresas de armas y les pidió que explicaran cómo cumplen su obligación de respetar los derechos humanos proclamados en normas internacionalmente reconocidas. Muchas de las empresas investigadas suministran armas a países acusados de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Ninguna de las empresas que respondieron supo explicar adecuadamente cómo cumplen sus responsabilidades en materia de derechos humanos y demuestran la diligencia debida, y 14 no dieron ninguna respuesta.
“El hecho de que graves violaciones de derechos humanos empañen el papel de las empresas de armas en conflictos letales es, desde hace demasiado tiempo, el 'elefante en la habitación'. Mientras que Estados como Reino Unido son justamente perseguidos ante los tribunales por sus irresponsables acuerdos comerciales sobre armas, las empresas que se benefician de suministrar armas a los países implicados en estos conflictos se han librado en gran medida del escrutinio”, ha dicho Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas.
“Ninguna de las empresas con las que contactamos pudo demostrar que ejerce la diligencia debida en materia de derechos humanos. Esto no sólo demuestra una alarmante indiferencia por el coste humano de sus transacciones, sino que puede exponer a estas empresas y a sus directivos a enjuiciamiento por complicidad en crímenes de guerra.”
Amnistía investigó a 22 empresas de armas de 11 países, entre ellas Airbus (Países Bajos), Arquus (Francia), Boeing (Estados Unidos), BAE Systems (Reino Unido), Leonardo (Italia), Lockheed Martin (Reino Unido), Raytheon (Estados Unidos), Rosoboronexport (Rusia), Thales (Francia) y Zastava (Serbia). Pueden consultar la lista completa de respuestas aquí.
Si bien las obligaciones de derechos humanos de los Estados de regular el comercio internacional de armas ya están claramente definidas en el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas así como en legislación nacional y regional, el papel fundamental de las empresas en el suministro de artículos y servicios militares se suele pasar por alto, a pesar que sus transacciones y productos son a menudo intrínsecamente peligrosos.
Armas para usar en Yemen
Defence & Security Equipment International (DSEI), una de las ferias de armas más importantes del mundo, se celebra del 10 al 13 de septiembre en Londres. Entre los participantes en la feria internacional hay empresas que han ganado millones suministrando armas y servicios para la campaña militar en Yemen de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin y Raytheon, entre otros, han sido fundamentales para la actuación de la coalición, armando una flota de aviones de combate que han alcanzado repetidamente bienes civiles, como viviendas, escuelas, hospitales y mercados.
Ninguna de estas empresas ha explicado cómo ejerció la diligencia debida en materia de derechos humanos para evaluar y gestionar los riesgos de suministrar armas y servicios a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
En un caso, Amnistía Internacional rastreó el origen de unos restos de bomba hallados en el lugar de un ataque aéreo en Saná, que había matado a seis menores y a sus progenitores en 2017, hasta una fábrica de Raytheon en Arizona.
Cuando Amnistía Internacional preguntó a Raytheon qué medidas había tomado para investigar y reaccionar ante este incidente, la empresa emitió la siguiente respuesta: “Debido a restricciones legales y cuestiones de relación con el cliente [...] Raytheon no facilita información sobre sus productos, clientes o asuntos operativos.”
Raytheon añadió que, antes de su exportación, el militar y de seguridad es “sometido a una revisión multidimensional por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Congreso de Estados Unidos”.
Externalizar la responsabilidad
“La mayoría de las empresas que han respondido a Amnistía Internacional argumentaron que la responsabilidad de hacer evaluaciones de derechos humanos recae en sus Estados de origen, a través del proceso de concesión de licencias para exportar armas”, explicó Patrick Wilcken.
“Pero la regulación gubernamental no exime a las empresas de ejercer ellas mismas la diligencia debida en materia de derechos humanos, con independencia del sector en que operen. Esconderse detrás de los gobiernos no sirve de mucho, sobre todo cuando se ha demostrado que las decisiones sobre las licencias están viciadas, y los mismos gobiernos que las conceden son cuestionados por su implicación en crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos.”
BAE Systems calificó las conclusiones de Amnistía Internacional de “falsas y engañosas”, y añadió que BAE Systems aplica “una política y un proceso propios, ponderados y adecuados respecto al cumplimiento de la legislación y la normativa” a través de su política de comercialización de productos. Sin embargo, cuando se le preguntó por la diligencia debida en materia de derechos humanos en relación con las operaciones comerciales de la empresa con Arabia Saudí, la empresa contestó: “Nuestras actividades en Arabia Saudí están sujetas a la aprobación y supervisión del gobierno británico.”
Leonardo manifestó que las conclusiones de Amnistía Internacional no eran “del todo justas” y que la empresa sí ejercía la diligencia debida en materia de derechos humanos, incluso más allá de su estricto cumplimiento de las leyes y normativas nacionales sobre licencias. Pero la empresa no explicó cómo funcionan estas políticas en la práctica, en situaciones concretas; por ejemplo, en las exportaciones a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para su uso en el conflicto de Yemen.
Hubo 14 empresas que sencillamente no respondieron a las solicitudes de información de Amnistía Internacional, entre ellas Rosoboronexport, empresa rusa de exportación de armas que ha suministrado material militar a las fuerzas armadas sirias, acusadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Tampoco respondió Zastava, empresa serbia cuyos fusiles fueron rastreados por Amnistía hasta una terrible ejecución colectiva en Camerún; ni de Arquus (la antigua Renault Trucks Défense), empresa francesa que ha suministrado vehículos acorazados a Egipto, donde se utilizaron para reprimir brutalmente la disidencia.
Amnistía Internacional pide a las empresas de defensa que comprueben si sus clientes han tenido actuaciones contrarias a las normas de derechos humanos en el pasado, generen unas expectativas elevadas sobre el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en sus contratos, vigilen continuamente y auditen periódicamente la actuación de sus clientes, y aprovechen su situación para influir en la conducta de los clientes.
“Los gigantes del sector de defensa se lavan las manos de sus obligaciones argumentando que, una vez que han vendido sus mercancías, ya no tienen ningún control sobre su uso. Este argumento no se sostiene, ni jurídica ni éticamente; ya va siendo hora de que las empresas empiecen a asumir la responsabilidad de sus decisiones”, ha dicho Patrick Wilcken.
“Cuando sea imposible eludir el riesgo de que las armas se utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos, las empresas deberán evitar o suspender el suministro de armas.”
Información complementaria
De acuerdo con los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que contaron con el respaldo unánime del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011, todas las empresas tienen la obligación de respetar todos los derechos humanos y, para cumplir con esa obligación, deben ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar sus repercusiones —tanto reales como potenciales— en los derechos humanos y prevenirlas, mitigarlas y rendir cuentas sobre cómo las gestionan.
En relación con el sector de la defensa, esto significa que las empresas deben evaluar y abordar los abusos y riesgos en materia de derechos humanos que surjan en todos los ámbitos de su negocio, lo que incluye el uso que hagan sus clientes, como fuerzas policiales y ejércitos nacionales, del armamento y los servicios conexos.
La finalidad principal de la diligencia debida es evitar causar abusos contra los derechos humanos o contribuir a ellos. Por tanto, si una empresa no puede evitar o mitigar adecuadamente unos efectos adversos para los derechos humanos, debe eludir o suspender el suministro de armas y servicios conexos de que se trate. Estas responsabilidades son adicionales al cumplimiento de las leyes y normativas nacionales destinadas a proteger los derechos humanos, como los sistemas estatales de concesión de licencias.
Cuando una empresa suministra productos de alto riesgo a entornos peligrosos, no ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos incrementa los riesgos, tanto jurídicos como para su reputación. Los conceptos jurídicos de “complicidad empresarial” y de “complicidad” en crímenes internacionales continúan evolucionando y en el futuro podrían aplicarse a las empresas de armas que continúen suministrando armas a sabiendas de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional se puso en contacto con 22 empresas de defensa, de las cuales 8 respondieron: Airbus, BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin, Raytheon, Rolls-Royce, Saab y Thales. Las 14 restantes —Arquus, Avibras, Boeing, Dassault Aviation, Elbit Systems, Embraer, Heckler and Koch, General Dynamics, Herstal Group, Norinco, Northrop Grumman, Remington Outdoor, Rosoboronexport y Zastava— no respondieron.
