Las autoridades bolivianas deben derogar inmediatamente el Decreto 4078 del 14 de noviembre de 2019 y garantizar que las fuerzas de seguridad actúen conforme con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como proteger los derechos humanos de todas las personas que protestan sin importar su opinión política, dijo Amnistia Internacional hoy.
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Decreto 4078, que no ha sido publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, dispone la participación de las Fuerzas Armadas en “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo de las fuerzas de la Policía Nacional” y exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública “cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Amnistía Internacional expresa su preocupación por este Decreto que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad. El texto del mismo documento señala que la situación “tiende a agravarse, incluso de llegar a una guerra civil,” suponiendo que cualquier acto de violencia sería una excusa para la impunidad.
La organización recuerda que el personal de las fuerzas de seguridad no sólo debe rendir cuentas por sus acciones y omisiones a título individual, sino también son responsables, inclusive penalmente, todos los superiores que dicten órdenes ilícitas, supervisen o manden y las controlen de algún otro modo, o que puedan ser responsables de la planificación y preparación de las operaciones.
La actual crisis social, política y de derechos humanos en Bolivia corre el riesgo de profundizarse si las autoridades continúan respondiendo de manera violenta ante las críticas, las protestas, el escrutinio de los medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros.
“La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días. Jeanine Añez, quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales”, dijo Erika Guevara Rosas.
Ante esta situación, es necesario que las autoridades garanticen el acceso a la información pública, veraz y actualizada sobre las personas fallecidas, heridas y privadas de la libertad en el contexto de la crisis, que inició el 20 de octubre de este año. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde esa fecha al menos 23 personas habrían fallecido y 715 habrían sido heridas.
La organización llama a las autoridades a investigar, de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad y de actos de violencia por particulares.
Asimismo, es imprescindible garantizar que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su importante y legítima labor libres de censura, estigmatización o ataques.
Resultan preocupantes los ataques y hostigamiento denunciados por periodistas y defensores de derechos humanos, además de las acusaciones de “sedición” emitidas por la ministra de Comunicación contra periodistas. Recordamos que no corresponde a las autoridades de poderes distintos al Judicial determinar responsabilidades penales.
Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, en el contexto actual, la población está viendo directamente afectados sus medios de subsistencia. La organización ha recibido información fehaciente que indica que la ciudad de La Paz se encuentra cercada sin acceso a gasolina y gas, lo que ha generado escasez de alimentos, recrudeciendo la crisis.
