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Opositores a la pena de muerte se manifiestan contra ella delante de la mansión del gobernador de Oklahoma. © AP Photo/Sue Ogrocki

Cuarenta años de lucha de Amnistía Internacional contra la pena de muerte

Por Amnistía Internacional,

El 11 de diciembre de 1977, Amnistía Internacional y los demás participantes en la Conferencia de Estocolmo sobre la Abolición de la Pena de Muerte emitieron la Declaración de Estocolmo —primer manifiesto abolicionista internacional—, en la que instaban a todos los gobiernos a abolir de inmediato y por completo la pena de muerte.

En aquel entonces, sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. Ahora que han pasado 40 años, la cifra ha ascendido a 105. Que no tengan que pasar otros 40 años para que la pena de muerte pase a la historia.

Desde el comienzo, nuestro trabajo de investigación se ha sustentado en una concienzuda labor de seguimiento de casos individuales de condena a muerte y ejecución y de publicación de estadísticas anuales. Desde entonces, hemos hecho una campaña intensa en casos clave que han evidenciado claramente la naturaleza intrínsecamente injusta de la pena de muerte.

Una parte crucial de nuestro trabajo durante más de 40 años ha consistido en propugnar la abolición en el ámbito nacional. Entre los logros se cuenta la votación histórica en diciembre de 2015 en el Parlamento de Mongolia de un nuevo Código Penal que elimina la pena de muerte para todos los delitos que entró en vigor en julio.

La oposición incondicional de Amnistía Internacional a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito de que se trate y de si la persona es culpable o inocente, la ha mantenido en primera línea de lucha durante más de cuatro décadas. Nuestra voz es a menudo la única que hace campaña en casos sumamente polémicos. A medida que el mundo se acerca cada vez más a la abolición total, el trabajo de Amnistía es más importante que nunca.

Algunos casos destacables

“Los seis de Sharpeville”, Sudáfrica


© AI

En diciembre de 1985, seis personas —Mojalefa Reginald Sefatsa, Oupa Moses Diniso, Reid Malebo Mokoena, Theresa Ramashamola, Duma Joshua Khumalo y Francis Don Mokhesi—, conocidas como “los seis de Sharpeville”, fueron declaradas culpables y condenadas a muerte por el asesinato, en septiembre de 1984, del teniente de alcalde de Sharpeville a manos de una multitud que protestaba por la subida de los alquileres. Durante el juicio, algunos de los procesados declararon que la policía los había agredido y torturado mientras estaban detenidos en régimen de incomunicación. Sin embargo, el tribunal rechazó estas denuncias. En diciembre de 1987, el Tribunal de Apelación mantuvo las declaraciones de culpabilidad y las condenas y, en una polémica decisión, confirmó la idoneidad de condenar a los seis por asesinato sobre la base de un “propósito común” con la “muchedumbre”. En marzo de 1988, el presidente P.W. Botha rechazó la petición de clemencia de “los seis de Sharpeville”. También fue desestimada la solicitud de los condenados al Tribunal de Apelación de que se celebrase un nuevo juicio. Amnistía Internacional hizo una enérgica campaña en favor de la conmutación de sus condenas a muerte. Finalmente, el 23 de noviembre de 1988, el presidente Botha las conmutó por penas de entre 18 y 25 años de prisión. “Los seis de Sharpeville” fueron excarcelados por separado entre 1991 y 1992. 

Meriam Yehya Ibrahim, Sudán

En 2013, Meriam Yehya Ibrahim fue acusada de adulterio después de que sus familiares la denunciaran a las autoridades por casarse con un cristiano. Según la aplicación de la sharia (ley islámica) en Sudán, una mujer musulmana no puede contraer matrimonio con un hombre no musulmán, y dicho matrimonio se considera adúltero. Meriam Yehya Ibrahim fue detenida en febrero de 2014, tras añadir el tribunal el cargo de apostasía cuando Meriam le informó de que su madre la había educado como cristiana ortodoxa.

En mayo de 2014, el tribunal le concedió tres días para renunciar a su fe cristiana o, de lo contrario, ser condenada a muerte. Meriam se negó a abjurar de su religión; en consecuencia, fue condenada a muerte por apostasía y a flagelación por adulterio. Cuando se celebró el juicio, Meriam Yehya Ibrahim estaba embarazada de ocho meses, y en mayo de 2014 dio a luz a su segundo hijo en la Prisión de Mujeres de Omdurman. Su bebé permaneció encarcelado con ella.

Amnistía Internacional hizo una enérgica campaña en favor de Meriam Yehya Ibrahim, pidiendo su libertad inmediata e incondicional. Su caso atrajo una amplia atención internacional y más de un millón de personas respondieron a la petición de Amnistía Internacional a las autoridades sudanesas en favor de su liberación. El 23 de junio Meriam Yehya Ibrahim fue excarcelada después de que un tribunal de apelación anulara su condena. La apostasía sigue estando penada con la muerte en Sudán. 

Moses Akatugba, Nigeria

“Ese lugar [el corredor de la muerte] es un infierno para el hombre [...] Me siento abrumado, quiero dar las gracias a Amnistía Internacional y a sus activistas por el enorme apoyo que me hizo salir victorioso de esta situación”.

© AI

Moses Akatugba tenía 16 años y estaba esperando los resultados de sus exámenes en la escuela secundaria cuando fue detenido en 2005 por robo a mano armada, delito que afirmó no haber cometido. Según contó a Amnistía Internacional, los agentes de policía lo golpearon reiteradamente con machetes y porras, lo ataron y lo colgaron del techo durante varias horas y le arrancaron luego las uñas de las manos y de los pies con unos alicates. Después lo obligaron a firmar dos “confesiones” que ya estaban escritas. Tras ocho años en la cárcel, en noviembre de 2013 fue condenado a muerte por ahorcamiento.

El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. Amnistía Internacional asumió el caso de Moses Akatugba y pidió a las autoridades nigerianas que conmutaran su condena a muerte e investigaran sus denuncias de tortura a manos de la policía. Más de 35.000 activistas de Amnistía Internacional actuaron en favor de Moses. El 28 de mayo de 2015, víspera de la conclusión de su mandato, Emmanuel Uduaghan, entonces gobernador del estado nigeriano de Delta, concedió un indulto total a Moses.

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