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Turquía: Miles de personas afganas, arrastradas en una implacable campaña de deportación

© AI
Al menos 2.000 personas afganas que huyeron a Turquía para escapar del conflicto y de los peores excesos de los talibanes están detenidas y corren riesgo inminente de ser devueltas al peligro. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Las autoridades turcas parecen estar intensificando una oleada de deportaciones en la que 7.100 personas afganas han sido detenidas y devueltas a Afganistán desde principios de abril. Las autoridades turcas dijeron a Amnistía Internacional que todas estas devoluciones son voluntarias, y que el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) tiene acceso periódico a los lugares de detención. Sin embargo, en entrevistas telefónicas con personas detenidas en el campo de contenedores de Düziçi, en el sur de Turquía, donde se cree que permanecen recluidas al menos 2.000 personas afganas, Amnistía Internacional escuchó cómo se ha presionado a detenidos para que firmen documentos escritos en turco, que no comprenden. Esos documentos podrían ser “formularios de repatriación voluntaria”, que las autoridades turcas ya han utilizado anteriormente en circunstancias coercitivas con personas refugiadas procedentes de Siria y otros lugares.  Aunque, según la información, a algunas familias les han permitido pedir asilo y luego las han puesto en libertad, un número potencial de miles de personas —en su mayoría hombres— corren riesgo inminente de ser devueltas a Afganistán. Amnistía Internacional entrevistó también en Kabul a un hombre que había sido deportado junto con su esposa y sus cinco hijos a pesar de que querían solicitar asilo. “La magnitud de esta represión es extraordinaria. En las últimas semanas, las autoridades turcas han intensificado una implacable campaña de deportación en la que miles de personas afganas han sido detenidas, embarcadas en aviones y devueltas a una zona de guerra. A miles más las mantienen detenidas, y las tratan más como a delincuentes que como a personas que huyen del conflicto y la persecución”, ha manifestado Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre los Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes. “Los afganos y afganas que están en Turquía han hecho peligrosos viajes para escapar de peligros aún mayores en su hogar, y devolverlas es una medida inadmisible e ilegal. La violencia indiscriminada se cobra habitualmente decenas de vidas en Afganistán, y no hay ninguna parte del país que esté a salvo. No cabe duda de que Turquía está bajo presión —ha aceptado a una enorme cantidad de personas refugiadas, financiándolo principalmente con su propio presupuesto—, pero estas deportaciones podrán vidas en peligro.” En cada uno de los cuatro últimos años, más de 10.000 civiles han muerto o han resultado heridos en Afganistán, muchos de ellos en ataques indiscriminados de grupos armados. Turquía tiene una de las poblaciones refugiadas más grandes del mundo, entre la que se encuentran unas 145.000 personas afganas. En 2018, un número creciente de afganos y afganas han entrado en Turquía por la frontera este del país con Irán: el Ministerio del Interior turco ha citado una cifra de 27.000 llegadas este año. Turquía ha seguido el ejemplo de muchos países de la UE al tratar de cerrar sus fronteras a las personas que solicitan asilo, y en la actualidad está construyendo un muro de 144 km de longitud a lo largo de la frontera iraní, que se espera que esté terminado en el plazo de un año. Mientras tanto, las autoridades turcas han respondido a la llegada de un número creciente de afganos y afganas deteniéndolos para su deportación. El 17 de abril, la agencia estatal turca Anadolu informó de que en las últimas semanas se había deportado a 6.846 personas afganas. Basaba la cifra en una declaración urgente de la Dirección General de Gestión de la Migración, dependiente del Ministerio del Interior. Hoy, el ministro del Interior ha informado de que la cifra había aumentado a 7.100. Aunque Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente esta cifra, está claro que se está deportando a personas afganas a gran escala. El ministro del Interior dijo a los medios de comunicación el 23 de abril que pretendían llegar a las 10.000 deportaciones para final de la semana. Este aumento de las deportaciones podría estar relacionado con un acuerdo de migración firmado entre Turquía y Afganistán el 9 de abril, en el que los dos gobiernos acordaron facilitar la deportación de ciudadanos y ciudadanas afganos desde Turquía. En estos momentos, parece ser que al menos 2.000 personas afganas se encuentran detenidas en Turquía y corren peligro de deportación. Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que unas 2.000 personas procedentes de Afganistán permanecen recluidas en un campo de contenedores en Düziçi, provincia de Osmaniye, y que es posible que haya cientos de personas más recluidas en un centro de detención en la provincia de Erzurum. No está clara la base legal de estas detenciones. Dado que miles de personas parecen haber sido aprehendidas y detenidas en un breve espacio de tiempo, existe un elevado peligro de que la detención de estos afganos y afganas sea arbitraria e ilegal. Amnistía Internacional habló con dos hombres y una mujer detenidos en el campo de Düziçi. “Farhad” (no es su nombre real), abogado de 23 años de la provincia de Baghlan, contó que había viajado a Turquía a pie tras huir del reclutamiento forzoso por parte de los talibanes. Fue aprehendido en la frontera y ha pasado unos 24 días detenido. Contó: “No nos dicen que nos van a deportar; no dicen nada; invitan a la gente a sus oficinas y les toman las huellas dactilares. El documento sólo está escrito en turco: no podemos leerlo. No firmaré ese documento, aunque me maten”. Amnistía Internacional también habló por teléfono con un padre de cinco hijos, deportado a Kabul desde la provincia de Esmirna, en el oeste de Turquía, a mediados de abril. “Ghodrat” (no es su nombre real), de 42 años y de la provincia de Kandahar, dijo que él y su familia se habían negado a firmar un papel que no entendían, pero pese a ello los habían devuelto a Afganistán. Según contó, no les proporcionaron ayuda económica ni logística a su regreso. Ghodrat dijo: “La policía nos dio una hoja para que la firmáramos, y yo me negué a hacerlo. Lloré: estaba devastado. Salimos de Afganistán con la esperanza de encontrar a gente de la ONU: pensamos que nos ayudarían. Kandahar no es seguro, especialmente para los niños pequeños. Pensé que, si vendía todo lo que tenía, que no era mucho, podría ir a Turquía y registrarme en la ONU”. Según el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement), Turquía no puede transferir a nadie a un lugar donde corra un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, tales como persecución, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En estos momentos, dada la grave situación de seguridad y derechos humanos en el país, todas las devoluciones a Afganistán constituyen refoulement, una práctica ilegal en virtud del derecho internacional. Amnistía Internacional pide a las autoridades turcas que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas afganas que estén detenidas arbitrariamente, que garanticen a las personas afganas el acceso a los procedimiento nacionales de asilo y que detengan todas las devoluciones a Afganistán hasta que puedan llevarse a cabo con seguridad y dignidad.

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