El pasado sábado fue asesinado José Trejo, a manos de unos desconocidos que dispararon contra él cuando circulaba en su motocicleta por las afueras de la localidad de Tocoa, en el norte del país. Su hermano Antonio, destacado activista de los derechos humanos, también murió por disparos de unos desconocidos en septiembre 2012. Nadie ha sido puesto a disposición judicial por el asesinato de Antonio.
La víspera de su muerte, José Trejo había ido a la capital hondureña, Tegucigalpa, para reunirse con algunas autoridades a fin de conseguir justicia por el asesinato de su hermano y hablar con los medios de comunicación con miras a seguir llamando la atención sobre el caso.
“Es preciso llevar a cabo con urgencia una investigación exhaustiva, independiente e imparcial y poner a los responsables a disposición judicial -ha señalado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica-. Las autoridades no deben quedarse calladas ante este delito; tienen que comprometerse a aplicar una política de tolerancia cero con los atentados contra defensores de los derechos humanos".
“La inacción de las autoridades hondureñas no hace más que transmitir el peligroso mensaje de que está permitido atentar contra quienes defienden los derechos humanos.”
Información complementaria
Antes de que lo mataran en septiembre del año pasado, el abogado de derechos humanos Antonio Trejo había denunciado que recibía amenazas relacionadas con su trabajo de representación de las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el marco de un conflicto sobre tierras que se desarrolla en Bajo Aguán, fértil valle del norte de Honduras.Trejo había estado representando a tres cooperativas campesinas que están envueltas en una compleja disputa por el derecho a la tierra en Bajo Aguán.
En los últimos años, miles de trabajadores rurales sin tierra han ocupado tierras que afirman que les fueron expropiadas por ricos terratenientes y empresas. Llevan más un decenio librando batallas en los tribunales, en las que se suceden las decisiones y apelaciones, a la vez que han llevado a cabo numerosos desalojos forzosos.
Los reiterados enfrentamientos violentos se han cobrado decenas de vidas en el valle en los últimos tres años, principalmente de campesinos, pero también de empleados de los terratenientes.
La violencia continúa, pese haber alcanzado el gobierno hondureño un acuerdo con los terratenientes del valle para devolver alrededor de 1.600 hectáreas de terreno agrícola a algunas cooperativas campesinas.
