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Los Juegos Olímpicos no deben llevar a las autoridades a cambiar seguridad por derechos humanos

Amnistía Internacional ha expresado preocupación por los informes recibidos según los cuales se están llevando a cabo redadas y detenciones de refugiados, inmigrantes, solicitantes de asilo y personas sin hogar como parte de la mayor operación de seguridad en la historia de los Juegos Olímpicos que ha puesto en marcha el gobierno griego.

 

“Existe el peligro real de que las medidas de seguridad adoptadas en torno a estos juegos menoscaben todavía más los derechos sociales y económicos de minorías vulnerables como la comunidad romaní”, ha señalado Amnistía Internacional.

 

Los derechos económicos y sociales de un grupo de familias romaníes resultaron lesionados al ser desalojados de sus casas, situadas en las inmediaciones de los terrenos de construcción del Estadio Olímpico. Las autoridades griegas no respetaron el acuerdo de subvencionar el alquiler de un alojamiento alternativo y realojarlos con carácter permanente. Las 137 personas afectadas no han recibido subvenciones para alquilar una casa ni pagos mensuales regulares. Algunas familias aseguran haber sufrido discriminación a la hora de buscar otro alojamiento y que, cuando finalmente encontraban una casa, la perdían al no recibir a tiempo la subvención del municipio para pagar el alquiler.

 

“El gobierno griego está en la obligación de proteger a atletas, autoridades, periodistas y espectadores y es responsable de la seguridad tanto de sus ciudadanos como de sus invitados. Pero no debe ejercer esa responsabilidad menoscabando los derechos humanos, en particular los derechos humanos de los grupos más desprotegidos”, ha afirmado Amnistía Internacional.

 

La organización ve con inquietud que, so pretexto de crear condiciones de seguridad, algunos funcionarios públicos están vulnerando derechos humanos fundamentales con impunidad y fomentando la discriminación por motivos raciales. Para Amnistía Internacional son motivos de preocupación:

 

•  la falta de transparencia sobre la forma de actuar del aparato de seguridad, concretamente en lo referente a mecanismos de control y rendición de cuentas;

•  que los musulmanes estén recibiendo un trato discriminatorio en nombre de la seguridad;

•  la violación de los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados;

•  la violación de los derechos humanos fundamentales de grupos socialmente marginados;

•  la impunidad de que disfrutan cargos públicos y agentes de seguridad; y

•  la nueva legislación sobre “terrorismo”, que no garantiza del todo la celebración de juicios con las debidas garantías ni define con claridad los “actos terroristas”.

En el 2001, en un proceso contra Grecia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, entablado por un solicitante de asilo que estaba detenido en espera de ser expulsado, el Tribunal Europeo observó que las condiciones de reclusión en ocasiones pueden constituir trato inhumano o degradante.

 

Amnistía Internacional ha expresado preocupación por las condiciones de reclusión de las personas detenidas en Grecia. Amnistía Internacional se ha dirigido al gobierno griego en julio de 2004 para referirse a las condiciones imperantes en las dependencias de máxima seguridad de la Prisión de Korydallos. De acuerdo con la información recibida por la organización, las condiciones de reclusión constituían trato inhumano y degradante e incluían falta de higiene en las celdas, falta de acceso a instalaciones para reunirse, respirar aire fresco y hacer ejercicio, y falta de acceso inmediato a asistencia médica.

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que Grecia es Estado Parte, establece que toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial para que éste se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. Asimismo, el Convenio estipula que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

 

“Unas Olimpiadas rodeadas de medidas de seguridad que vulneran los derechos humanos serían la antítesis absoluta del propósito original de los juegos de promover la competición pacífica y la búsqueda de la excelencia y el común de la humanidad” afirma la organización.

 

Ahora que los Juegos Olímpicos regresan a la ciudad donde se reanudaron y al país donde se originaron, Amnistía Internacional pide al gobierno griego garantías concretas de que se van a respetar y proteger íntegramente los derechos humanos de todas las personas presentes en Grecia y de que todas las medidas que menoscaben los derechos humanos serán modificadas o retiradas sin demora.

 

Información general

 

Los Juegos Olímpicos de Atenas —los primeros juegos olímpicos de verano que se celebran desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos— se inaugurarán el 13 de agosto en medio de unas medidas de seguridad sin precedentes. El gobierno griego ha destinado a seguridad más de mil millones de dólares estadounidenses y va a desplegar decenas de miles de soldados y agentes de seguridad para garantizar la seguridad de los juegos. Además, varios países enviarán a Atenas sus propios expertos en seguridad. Se están reforzando los controles fronterizos así como la vigilancia por aire y mar.

 

Representantes del gobierno griego han anunciado que en Atenas se está transformando un antiguo campamento militar en centro de detención para visitantes no griegos que quebranten la ley.