Madrid.- El próximo 5 y 6 de septiembre Mariano Rajoy visitará la Federación Rusa, con motivo de la reunión del G-20 en San Petersburgo. Amnistía Internacional (AI) le ha enviado una carta con algunas de las principales preocupaciones en derechos humanos, como el deterioro de la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación, que están sufriendo un grave deterioro en Rusia tras la aprobación de una serie de iniciativas legislativas en los últimos meses. Además, como muestra de esas inquietudes, AI ha hecho llegar al Presidente español un pasamontañas, símbolo de la campaña a favor de la liberación de las integrantes del grupo musical Pussy Riot, y una bufanda con los colores del arcoiris, que representa las reivindicaciones para el colectivo LGBTI. El menoscabo y la violación del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación ha sido el sello distintivo del presidente ruso, Vladimir Putin, desde que volvió a la presidencia. Se han adoptado leyes que limitan la libertad de reunión, estigmatizan a la comunidad LGBTI, criminalizan los insultos a los sentimientos religiosos de los creyentes y amplían las definiciones de traición y espionaje para poder criminalizar el activismo por los derechos humanos.
La blasfemia como delito La última norma en ser aprobada, el 1 de julio, tipifica como delito la blasfemia, e impone multas de hasta 500.000 rublos (más de 15.000 dólares) y hasta tres años de prisión por actos públicos que no respeten u ofendan las creencias religiosas en lugares de culto. De cometerse en otros lugares, el delito estaría penado con hasta un año de cárcel y una multa de hasta 300.000 rublos (9.000 dólares). La legislación sobre blasfemia discrimina en la práctica a los no creyentes, tiene como fin castigar las críticas contra dirigentes religiosos o los comentarios sobre la doctrina religiosa o el dogma. Esta vía legislativa que ataca la libertad de conciencia se ha llevado a cabo tras el juicio y condena en 2012 de las tres integrantes del grupo Pussy Riot (dos de las cuales continúan recluidas), a raíz de la interpretación de su canción protesta en una catedral ortodoxa en Moscú. Amnistía Internacional las considera presas de conciencia y exige su liberación inmediata y sin condiciones, por lo que pide al Presidente Rajoy que se interese por su caso durante la visita.
Crímenes homófobos Otra de las leyes que deterioran la libertad de expresión es la aprobada el pasado 30 de junio, dirigida contra el colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). La ley prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” que, según afirma, puede corromper moralmente a los menores, e impone multas muy elevadas. En opinión de Amnistía Internacional, esta ley aumentará los niveles de discriminación y hostigamiento contra las personas LGBTI en la sociedad rusa. En ese sentido, la organización pide al Presidente español que exija al gobierno ruso garantías para que los recientes ataques homófobos sean investigados adecuadamente y los culpables llevados ante la justicia.
Castigar el activismo A éstas leyes se suman otras como la que entró en vigor en abril de 2013 que obliga a registrarse como “agentes extranjeros” a las ONG que reciban fondos de otros países si su actividad puede considerarse política, algo que en la ley se define de manera muy laxa. Organizaciones independientes de todo el país, entre ellas Amnistía Internacional en Moscú, han sido sometidas a presiones, intimidaciones, acoso y a campañas de difamación por parte de las autoridades como consecuencia de esta medida. Por otra parte, la sociedad rusa también ha visto incrementada la dificultad para convocar manifestaciones, con las medidas legislativas que aumentan las sanciones para los organizadores en caso de incidentes, o las que hablan sobre espionaje y traición, que puede utilizarse fácilmente para procesar a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, así como la ley sobre la difamación, que inhibe las críticas legítimas del gobierno o de los funcionarios. Amnistía Internacional cree que el gobierno español debe incluir estos asuntos de derechos humanos en la agenda de su visita. La organización exige que se deroguen todas estas leyes promulgadas para reprimir la libertad de expresión, reunión y asociación en Rusia.
