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Investigación sobre homicidio de activista político debe ser exhaustiva e independiente

Manifestaciones en Trípoli, el 19 de junio. © magharebia

Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que atiendan de inmediato su petición de que se realice una investigación sobre el homicidio el 26 de julio en Bengasi del activista político y abogado Abd al Salam al Mismari. La investigación debe ser exhaustiva e independiente, y contar con todas las facultades y recursos necesarios para ser efectiva, incluida la protección de testigos. Las autoridades deben asimismo asegurarse de que se protege a otros activistas en situación de riesgo.

Si no se hace justicia en lo que aparentemente es el primer homicidio selectivo de motivación política de un activista, se podría sentar un peligroso precedente, lo que tendría un efecto devastador en la vital labor de la sociedad civil libia, incluidos los defensores y defensoras de derechos humanos.

Abd al Salam al Mismari recibió un disparo en el corazón realizado por un hombre armado que estaba en un automóvil situado frente a la mezquita de Abu Ghoula, en la zona de Birka de Bengasi. Murió antes de llegar al hospital.

Al Mismari era uno de los fundadores de la Coalición 17 de Febrero, que coordinó a los grupos de las fuerzas de la oposición en Bengasi durante el alzamiento que desembocó en la caída del gobierno de Gadafi. En los últimos meses había criticado abiertamente a la Hermandad Musulmana y desempeñó un papel activo en la organización de manifestaciones pacíficas contra los ataques de las milicias contra instituciones del Estado, documentando violaciones perpetradas por las milicias contra manifestantes y pidiendo el establecimiento del estado de Derecho.

Durante el régimen de Gadafi, Al Mismari desempeñó un importante papel en el apoyo a las reclamaciones de verdad y justicia de las familias de las más de 1.200 víctimas de la masacre de la prisión de Abu Salim de 1996.

A Amnistía Internacional le preocupa que, hasta el momento, las autoridades no hayan realizado investigaciones efectivas sobre una oleada de homicidios, aparentemente de motivación política, que afecta a la región oriental del país desde 2011, sobre todo a las ciudades de Derna y Bengasi.

Según organizaciones libias de derechos humanos, desde agosto de 2011 al menos 50 miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad, que en su mayoría trabajaron para alguna de las varias agencias de seguridad existentes durante el régimen de Gadafi, han muerto por disparos o en atentados con explosivos perpetrados por desconocidos. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2012, Khaled al Safi al Adli, miembro del Comité Revolucionario de Gadafi, murió tiroteado en Darna por unos atacantes no identificados. El mismo día del homicidio de Abd al Salam al Mismari murieron por disparos dos funcionarios de las fuerzas de seguridad: un coronel retirado de la fuerza aérea y un alto cargo policial.

Si las autoridades libias no investigan efectivamente el homicidio de Abd al Salam al Mismari, contribuirán a la atmósfera de impunidad y caos, y facilitarán que se cometan más homicidios ilegítimos y ataques contra las instituciones judiciales del país. Dos días después del homicidio de Abd al Salam al Mismari, dos atentados con bomba coordinados causaron graves daños al edificio de un juzgado del distrito septentrional de Bengasi, a la Fiscalía y a la delegación en Bengasi del Ministerio de Justicia. Los atentados se produjeron la noche del domingo 28 de julio y según el Ministerio de Salud causaron heridas a 43 personas.  Estos atentados habían ido precedidos de una explosión frente a un complejo judicial en Sirte el 23 de julio que destruyó parcialmente el edificio.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso público del gobierno de investigar el homicidio de Abd al Salam al Mismari y hacer que los perpetradores comparezcan ante la justicia. También toma nota del anuncio del primer ministro de que su gobierno pediría ayuda técnica forense a la comunidad internacional y de la rapidez con la que las autoridades han examinado el lugar del crimen. Sin embargo, las autoridades deben continuar en esta línea sin demora, garantizando que la investigación cuenta con las facultades, experiencia y recursos necesarios, lo que debe incluir la protección efectiva de los testigos. Además, deben ofrecer protección a los defensores de derechos humanos y a los activistas políticos, que son objeto creciente de amenazas e intimidación a manos de las milicias y de otras partes.