Excluir de la sanidad a los inmigrantes en situación irregular es contrario al derecho europeo

Luis Andrés Ulloa Carvajal, ciudadano chileno de 34 años enfermo de cáncer de vejiga afectado en su derecho de acceso a la salud por las restricciones del Real Decreto. © Amnistía Internacional

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y Center for Economical and Social Rights El Comité Europeo de Derechos Sociales considera regresiva la legislación que deniega la atención a los inmigrantes en situación irregular y advierte al gobierno español que la crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la sanidad a este colectivo.

30 de enero de 2014

el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 son contrarios al artículo 11 de la Carta Social Europealos Estados tienen obligaciones positivas respecto al acceso a la sanidad de las personas migrantes con independencia de su estatus administrativoEl gobierno de España viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los mecanismos internacionalesLa crisis económica no debe servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la salud de manera tal que afecte a la esencia misma de ese derechoCualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; debe ser estrictamente necesaria y proporcionada

Instan al gobierno a modificar las leyes que contravienen la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud y a poner fin al retroceso de los derechos sociales de todas las personas que viven en el territorio español con independencia de su situación administrativa y sin discriminación alguna, en concordancia con las observaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, y las recomendaciones sobre esta materia emitidas por los organismos antes citados.

Instan a todas las autoridades nacionales encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas de derecho internacional y europeo a las que se ha comprometido España en materia de derechos sociales a realizar una labor más eficaz en el escrutinio de las políticas y medidas adoptadas por el Estado a la luz de las normas y directivas antes descritas.

Continuaremos exigiendo que el Estado español cumpla con sus obligaciones internacionales, regionales y constitucionales en materia de derechos sociales, sobre todo en tiempos de crisis.

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