Día Mundial del Refugiado 2007

En el Día Mundial del Refugiado 2007, Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con las personas refugiadas de todo el mundo, personas de países como Afganistán, Burundi, Irak, Myanmar, Sri Lanka y Sudán que aguardan una solución –algunas de ellas desde hace generaciones– a su terrible situación. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que cumplan con su obligación internacional de respetar y proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Pese a esa obligación, en muchas partes del mundo hay gobiernos que retratan a estas personas como una amenaza para la sociedad en la que piden protección. Esos temores son utilizados y alimentados por los mismos gobiernos que se han comprometido legalmente a proteger a los refugiados de la persecución de la que han escapado. Por motivos políticos y de seguridad respecto al control de fronteras, los procedimientos de asilo se han convertido en herramientas de exclusión, más que de protección. Según la Comisión Europea, los 27 países de la Unión Europea recibieron en 2006 un 53 por ciento menos de solicitudes de asilo que en 2002. Se cree que los controles de las fronteras exteriores, cada vez más estrictos, y las medidas contra la migración irregular puestas en práctica incluso fuera del territorio de la UE constituyen un obstáculo importante para que los refugiados lleguen a la Unión Europea, y explican en parte la constante disminución de solicitudes de asilo en la UE. Desde luego, los motivos para solicitar asilo –la violencia y la persecución– siguen tan vivos como siempre. El principio de no devolución (non-refoulement), descrito como la piedra angular del sistema internacional de protección a los refugiados y que prohíbe devolver, ya sea desde el territorio de un Estado o desde la frontera, a cualquier persona a un país donde pueda correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, está siendo erosionado e ignorado por Estados que tratan de eludir sus obligaciones para con las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En enero de este año, el gobierno de Kenia cerró su frontera con Somalia e impidió el paso a miles de personas que buscaban cobijo; además, devolvió a centenares de personas que habían conseguido cruzar y pedir asilo. Los países que acogen a los refugiados en el hemisferio sur son casi siempre los que luchan por hacer frente al impacto económico, social y medioambiental derivado de recibir año tras año a grandes números de refugiados. El prolongado conflicto de Irak ha provocado el desplazamiento interno de un millón y medio de iraquíes y ha convertido en refugiados a otros dos millones, lo que hace temer el estallido de una crisis humanitaria no sólo en Irak sino también en Siria y Jordania, dos países que luchan por resolver los desafíos que implica la llegada masiva de refugiados iraquíes. Pese a ello, los demás países apenas han hecho nada para evitar esta crisis humanitaria. Al contrario: las acciones recientes de algunos de los países más ricos constituyen una burla de los principios establecidos de reparto de la carga y la responsabilidad, unos principios que piden a los Estados que establezcan una cooperación internacional para aliviar la carga “excesivamente onerosa” que la concesión de asilo supone para “ciertos países”. Más al norte, los gobiernos de la Unión Europea están tomando medidas cada vez más complejas para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a su territorio. Por ejemplo, están emprendiendo operaciones de intercepción en el Mediterráneo y están estableciendo acuerdos de cooperación con Estados del norte de África. Sin embargo, esas acciones no eximen a los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ya que ellos son igualmente responsables de proteger los derechos humanos de las personas bajo su control efectivo. En abril de 2007, el gobierno australiano acordó intercambiar refugiados reconocidos como tales que se encontraban en la isla de Nauru, en el Pacífico, por refugiados reconocidos cubanos y haitianos retenidos por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Más que aliviar el sufrimiento de estas personas refugiadas mediante una solución duradera y adecuada, este “intercambio” propuesto parece estar específicamente concebido para disuadir a los refugiados de ejercer su derecho a pedir protección, enviándolos de una región del mundo a otra. Amnistía Internacional cree que, en lugar de utilizar sus recursos para “intercambiar” refugiados o emprender acciones que perjudiquen la protección de los derechos de las personas refugiadas, los Estados deben cumplir sus compromisos tanto con los refugiados que llegan a su país como brindando ayuda y protección a las situaciones que suponen un gran aflujo de refugiados en otros lugares. Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que se está excluyendo cada vez más a las personas refugiadas del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La organización recuerda a los Estados que la protección de los refugiados es tanto una obligación de los Estados receptores como una responsabilidad internacional. En particular, la organización pide a todos los Estados que respeten escrupulosamente el principio fundamental de no devolución. Además, Amnistía Internacional señala la importancia esencial de garantizar que todas las personas refugiadas tienen acceso de manera no discriminatoria y oportuna a soluciones duraderas y adecuadas, como la repatriación voluntaria, segura y digna a los lugares de origen o residencia habitual, la integración local o el reasentamiento en un tercer país. Sin embargo, demasiados refugiados corren peligro de devolución por motivos que incluyen una retórica racista y xenófoba, ven negados sus derechos legales en los países de primera solicitud (lo que dificulta la integración local), o pasan años, e incluso generaciones, en un prolongado limbo sin poder acceder a oportunidades para el reasentamiento ni integrarse de manera efectiva.