Londres.- El próximo 5 de junio se cumple un año desde que personas de todo el mundo fueron testigos de la previsible y prevenible tragedia que se vivió en la Amazonía peruana, desatada por años de irrespeto de los derechos de los Pueblos Indígenas. 33 personas murieron, 23 de ellos eran policías, y al menos 200 resultaron heridas cuando la policía despejó el bloqueo organizado por las comunidades indígenas awajun y wampis en un tramo de la carretera Belaúnde Terry conocido como “Curva del Diablo” en Bagua, departamento de Amazonas y en la Estación seis de Petroperú.
Los Pueblos Indígenas estaban protestando contra la adopción en 2008 de decretos legislativos que afectaban el territorio que tradicionalmente ocupan y el uso de los recursos naturales. Estos decretos no fueron consultados a pesar de la obligación del gobierno Peruano de celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas con la finalidad de lograr su consentimiento libre, previo e informado. Esta obligación está claramente especificada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificada en 1994 por Perú); en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 y en cuya negociación Perú jugó un rol esencial; además de muchos otros instrumentos internacionales de los cuales Perú es parte.
A casi un año de la tragedia de Bagua, el 19 de mayo, el Congreso aprobó la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios. Amnistía Internacional considera que esta ley, es un avance muy significativo y si es implementada como corresponde y de buena fe va a ser clave para evitar que hechos como los de Bagua no vuelvan a ocurrir. Es encomiable que el Congreso haya aprobado una ley que respeta los fundamentales acuerdos alcanzados con los Pueblos Indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos y Amnistía Internacional los felicita por este logro. Hay que resaltar especialmente la voluntad de los representantes de los Pueblos Indígenas, de confiar en el proceso de diálogo y aportar constructivamente a la búsqueda de una solución, luego de las vulneraciones a sus derechos humanos sufridas.
El Estado peruano tiene ahora que aprovechar esta oportunidad de trabajar de manera constructiva con los Pueblos Indígenas. Un primer paso será que el Presidente de la República promulgue inmediatamente la Ley. Esto deberá estar seguido por un mecanismo que asegure su pronta implementación en consulta con los Pueblos Indígenas. Al hacerlo, legislación, regulaciones, prácticas e instituciones que contradicen el derecho a la consulta deben ser revisadas y adaptadas; como los decretos que regulan la participación en actividades de hidrocarburos y de minería y el INDEPA. Notablemente, varios de los decretos legislativos que originaron la protesta siguen vigentes y las concesiones otorgadas que no han sido consultadas apropiadamente también siguen vigentes.
Adicionalmente, y de importancia fundamental, la organización de derechos humanos considera que el Estado todavía tiene una deuda pendiente fundamental con las victimas y familiares de las decenas de personas que murieron y fueran heridas el año pasado en Bagua: Verdad, justicia y reparación. El Estado tiene el deber de rendir cuentas por estos graves abusos a los derechos humanos. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a que el Estado reconozca los agravios que han sufrido y que los responsables sean llevados ante la justicia para responder de sus actos.
Asimismo, es urgente que los cargos infundados formulados contra líderes indígenas sean retirados y que todas las personas detenidas o con cargos fundados reciban un juicio justo sin demora, tal y como lo estipulan los estándares internacionales sobre debido proceso.
Las normas internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo han surgido para poner fin a modelos históricos de toma de decisiones que se les han impuesto y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia. Sólo si se toman los pasos necesarios para obtener verdad, justicia y reparaciones para las 33 victimas y los heridos; se revisan los cargos infundados y se consolida el proceso de consulta de buena fe, demostrará este gobierno que verdaderamente se han aprendido las lecciones que dejaron los trágicos eventos de Bagua y que tiene verdadera voluntad política de revertir años de injusticias contra sus Pueblos Indígenas. Sólo así Perú podrá mostrar al mundo una imagen diferente, una imagen de tolerancia, respeto y protección de los derechos de todos y todas sin discriminación. Para más información, véase:
- INFORME - PERÚ: BAGUA, SEIS MESES DESPUÉS “Sólo por pensar diferente, por hablar diferente, nos están haciendo una injusticia”, Amnistía Internacional, diciembre de 2009
