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Soldados españoles en Irak, torturas sin justicia

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 12.068 firmantes

Damos las gracias a todas las personas que se han sumado a nuestra petición a las autoridades españolas para que se remita este caso a la jurisdicción ordinaria, y en caso de que se deniegue dicha remisión, se asegure una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente sobre las torturas cometidas por soldados españoles en Irak en el año 2004.

El pasado 24 de mayo, representantes de Amnistía Internacional España entregaron en mano a la Fiscal General del Estado, la Señora Consuelo Madrigal, las más de 12,000 firmas recogidas por la organización.

Amnistía Internacional seguirá trabajando por este caso, así como para que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias a fin de asegurar que todas las investigaciones por crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos se lleven a cabo siempre ante la jurisdicción ordinaria, con exclusión expresa de la jurisdicción militar.

Petición antes del cierre

Una década después, las irregularidades y la falta de voluntad han llevado a la impunidad.

Durante los años 2003 y 2004 soldados españoles participaron en diversas misiones en Irak, en el marco de la Operación Libertad Iraquí. Uno de los centros operados por tropas españolas fue “Base España”, en Diwaniya, entre Bagdad y Basora. Entre finales de enero y principios de febrero de 2004, dos personas que se encontraban retenidas en este centro, fueron objeto de tortura y otros malos tratos cometidos por soldados españoles. Estas agresiones fueron grabadas y se publicaron en el diario El País, el 17 de marzo de 2013. Las imágenes, pixeladas, mostraban como cinco soldados españoles golpeaban y propinaban varias patadas a los detenidos. El conocimiento de estos hechos dio lugar a una investigación por parte del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en septiembre de 2015, la investigación fue archivada, alegando entre otros motivos, que no se podía identificar a los presuntos autores ni a las víctimas, aunque sí reconocía que las torturas habían ocurrido.

Amnistía Internacional tuvo acceso a parte del expediente y ha concluido que la investigación tuvo muchas irregularidades. Por ejemplo, descarta injustificadamente a un testigo que podría haber llevado a la identificación de los responsables o la ausencia de una investigación exhaustiva sobre las amenazas sufridas por uno de los testigos. Además,  la investigación fue llevada a cabo por un tribunal militar, tribunal que ni en España ni en ningún lugar del mundo reúne las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de determinados crímenes de derecho internacional, como por ejemplo la tortura. Por ello estos crímenes deben ser juzgados siempre ante la jurisdicción ordinaria.

12 años después, nadie ha rendido cuentas por los abusos cometidos y las irregularidades cometidas durante la investigación han llevado a la impunidad.

Es necesario que las autoridades españolas remitan este caso a la jurisdicción ordinaria, y en caso de que se deniegue, asegurar una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente sobre las torturas cometidas, considerando todas las pruebas.