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Desidia por parte de las comunidades autónomas españolas a la hora de impulsar recursos de atención a las víctimas de violencia sexual pese al aumento de las denuncias
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En 2022, el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13 por ciento respecto a 2021. En este periodo, el incremento del número de denuncias por agresiones con penetración ascendió un 34 por ciento, según fuentes del Ministerio del Interior español. El aumento de este tipo de denuncias contra la libertad sexual, incluidas las violaciones, aumentaron un 13 por ciento entre enero y junio de 2023, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.

Sin embargo, y más de un año después de la entrada en vigor de la norma conocida como la Ley del Solo el sí es sí, muchas de las medidas para mejorar la protección y atención a las víctimas de violencia sexual siguen sin implementarse. Entre ellas, la apertura de centros de atención integral especializada 24 horas, 7 días a la semana y durante 365 días al año, conocidos como centros de crisis 24 horas. Un recurso que deben poner en marcha las comunidades autónomas para facilitar atención multidisciplinar a las víctimas, es decir, atención psicológica, jurídica y social, tal y como recomienda el Consejo de Europa.

Emiratos Árabes Unidos rechaza los llamamientos de la sociedad civil en favor de los derechos humanos
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El anfitrión de la cumbre mundial sobre el cambio climático COP28 se ha negado a liberar a disidentes encarcelados, muchos de ellos simplemente por pedir democracia en Emiratos Árabes Unidos. Su liberación transmitiría un mensaje crucial de que Emiratos está dispuesto a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Además, brindaría esperanza de que la COP28 pueda transcurrir en un entorno libre de temor e intimidación.

La legislación y las prácticas del gobierno emiratí imponen severas restricciones al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y violan una amplia gama de otros derechos, incluidos el derecho a la privacidad y los derechos de las personas migrantes.

Es necesario proteger mejor a los defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud que hacen frente a abusos generalizados y criminalización por defender el derecho al aborto
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Personas que defienden el derecho al aborto y que prestan servicios esenciales están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos, de modo que el desempeño de su trabajo es cada vez más difícil y peligroso. Según un informe de Amnistía Internacional, ese tipo de entorno es predominante, incluso en países con una legislación que permite parcialmente el aborto.

Esto también está creando importantes obstáculos para las mujeres, las niñas y todas las personas que necesitan esos servicios, en particular para las personas más marginadas. El derecho al aborto no es una opinión. Se trata de un derecho sustentado por multitud de derechos humanos, como el derecho a la integridad física y mental, a la salud y a no ser objeto de homicidio ilegítimo y arbitrario mediante la retirada de servicios seguros. Es fundamental para la dignidad de todas las mujeres y niñas, y de las personas que puedan quedarse embarazadas.

Las restricciones discriminatorias de financiación de los gobiernos donantes europeos a la sociedad civil palestina pueden agravar la crisis de derechos humanos
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Varios países europeos, como Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia y Suiza, así como la Comisión Europea, han tomado medidas para suspender o restringir su financiación a las organizaciones de la sociedad civil palestina basándose en acusaciones infundadas de que la financiación se ha desviado a “organizaciones terroristas” o se ha utilizado para “incitar al odio y la violencia”. Tales acusaciones activan arraigados estereotipos racistas e islamófobos que representan a la población árabe y musulmana como propensas a la violencia y como potenciales terroristas.

Amnistía Internacional y otras 95 organizaciones han publicado una carta dirigida a la UE y a los Estados miembros en la que expresan su preocupación por el impacto de estas medidas discriminatorias sobre los derechos humanos. Las organizaciones palestinas e israelíes en la región realizan una labor crucial de protección los derechos de las personas. Unas actúan como órganos de vigilancia de las violaciones sistemáticas de los derechos de los palestinos que cometen con impunidad las autoridades israelíes, otras proporcionan representación legal gratuita a las víctimas, que de otro modo se quedarían sin apoyo en su búsqueda de justicia. Restringir la financiación únicamente de las organizaciones palestinas es discriminatorio.