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Secretos Oficiales - Widget
Tras más de 50 años, la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo, será reformada y sustituida por una Ley de Información Clasificada que establecerá criterios, categorías y plazos para clasificar y desclasificar la información que el Estado guarda en un cajón secreto.
Se trata de una reforma necesaria por la que hemos venido trabajando mucho tiempo y tenemos que celebrarlo. Que se ponga fecha de caducidad y categorías a los secretos es una gran noticia.
Pero nos preocupa que las violaciones graves de derechos humanos puedan seguir siendo secreto. En el anteproyecto de Ley, anunciado por el Consejo de Ministros el 2 de agosto, los derechos humanos se encuentran ausentes en la práctica totalidad del texto. No hay una prohibición expresa de clasificar como Alto Secreto, Secreto, Confidencial o Restringida la información sobre violaciones graves de derechos humanos. La información sobre violaciones graves de derechos humanos debería ser desclasificada de manera inmediata.
Todo gobierno tiene derecho a declarar ciertas materias secretas por motivos de “seguridad nacional”. Pero sólo por razones precisas y limitadas y nunca de forma genérica. Hasta ahora, en España todos los gobiernos han utilizado la ley sobre secretos oficiales de manera abusiva, restringiendo el derecho de las personas a acceder a la información.
La ley de secretos oficiales, aún vigente, impide que se rindan cuentas por la comisión de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, secretos sobre las ventas de armas a gobiernos autoritarios que cometen crímenes de guerra como Arabia Saudí en Yemen o sobre crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo.
Ha llegado la hora de abrir el candado de los secretos oficiales. Pero no abrirlo a medias. Pide a Pedro Sánchez y a los grupos parlamentarios que la Ley de Información Clasificada garantice que las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario dejan de ser secreto.
No es solo por el pasado, sino también por el presente y el futuro.
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Firma y enviaremos esta petición en tu nombre al Presidente del Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso.
Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.
Estimado/a Sr./Sra.,
Me pongo en contacto con Ustedes en relación al anuncio hecho por el Consejo de Ministros sobre una nueva Ley de Información Clasificada, que venga a sustituir a la Ley de Secretos Oficiales, que se remonta a 1968. Sin duda, se trata de una muy buena noticia en la defensa del derecho de todas las personas al acceso a la información.
Fijar una fecha de caducidad temporal a los secretos de Estado o establecer distintas categorías de clasificación para la información son pasos hacia adelante. Pero quiero llamar su atención sobre la ausencia de los derechos humanos en esta nueva Ley. Las violaciones graves de derechos humanos no deberían ser nunca objeto de clasificación.
Por ello, le solicito que haga cuanto esté en su mano para que el texto de la nueva Ley de Información Clasificada sea coherente con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos, de modo que, en ningún caso, pueda limitar el acceso a información para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos.
Atentamente,
Me pongo en contacto con Ustedes en relación al anuncio hecho por el Consejo de Ministros sobre una nueva Ley de Información Clasificada, que venga a sustituir a la Ley de Secretos Oficiales, que se remonta a 1968. Sin duda, se trata de una muy buena noticia en la defensa del derecho de todas las personas al acceso a la información.
Fijar una fecha de caducidad temporal a los secretos de Estado o establecer distintas categorías de clasificación para la información son pasos hacia adelante. Pero quiero llamar su atención sobre la ausencia de los derechos humanos en esta nueva Ley. Las violaciones graves de derechos humanos no deberían ser nunca objeto de clasificación.
Por ello, le solicito que haga cuanto esté en su mano para que el texto de la nueva Ley de Información Clasificada sea coherente con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos, de modo que, en ningún caso, pueda limitar el acceso a información para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos.
Atentamente,