Pegasus es un software que desarrolló NSO Group, una compañía israelí con un preocupante historial en relación a la vigilancia digital. Este software, una vez instalado en el dispositivo de las víctimas, permite al atacante acceder a los mensajes, correos electrónicos, fotos, vídeos, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono.
Nadie está a salvo: jefes de Estado como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; periodistas como Omar Radí en Marruecos, las princesas Latifa y Haya de Emiratos Árabes Unidos, o la familia de Jamal Khashoggi, periodista asesinado en 2018 a manos de agentes saudíes, ya han sido potenciales objetivos de ataque en sus dispositivos. En España, decenas de figuras políticas, periodistas y sus familias sufrieron en Cataluña el ataque de este software espía entre 2015 y 2020.
Cada vez hay más ataques digitales ilegítimos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y la sociedad civil, con un doble objetivo: silenciar e intimidar. Por eso, le pedimos al Gobierno de España que revele si tiene contratos con empresas como NSO Group y que colabore con las investigaciones sobre la vigilancia digital contra 65 personas del entorno independentista de Cataluña.
Firma para que el Gobierno de España ponga fin a la vigilancia digital.
Ayúdanos a llegar a 10.000
Firma y enviaremos esta petición en tu nombre a las autoridades españolas.
Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.
Estimados/as Sres./as:
Me pongo en contacto con uds. para transmitirles mi gran preocupación tras la confirmación de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes, del espionaje de 65 personas provenientes del entorno independentista catalán por parte de autoridades españolas. También me preocupa la falta de colaboración del gobierno español con este comité y con las investigaciones judiciales de los casos de espionaje en Cataluña, así como con el escaso o nulo avance en las reformas tanto del CNI, anunciada por el Gobierno, como de la Ley de Secretos Oficiales del Estado.
Para que estas violaciones del derecho a la intimidad, a la privacidad, a la libertad de expresión y de asociación no vuelvan a ocurrir, es necesario que las autoridades españolas colaboren con las investigaciones y se lleve a cabo tanto una reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales como de la ley que regula la actuación del CNI.
Atentamente,
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