La violación y los abusos sexuales son delitos generalizados. Más de dos tercios de las violaciones denunciadas entre 1998 y 2008 en Nicaragua se cometieron contra niñas menores de 17 años. ¡Actúa!
Esta acción ha finalizado. Queremos dar las gracias a las más de 51.000 personas que han condenado
la violación y los abusos sexuales generalizados contra las niñas en Nicaragua, y han pedido al gobierno nicaragüense que tome medidas para abordar esta grave vulneración de los derechos humanos.
Esta acción se ha acompañado de actos de calle de recogida de firmas en más de 50 localidades españolas. Todas las firmas recogidas a través de esta web y las recogidas en la calle, junto con las recolectadas en otros países, serán entregadas por Amnistía Internacional al Presidente Daniel Ortega. Le recordaremos cuáles son sus obligaciones a la hora de hacer realidad los derechos de las mujeres y las niñas y le pediremos que tenga en cuenta las peticiones de todas las personas que han suscrito la acción.
También haremos llegar a las niñas y mujeres los mensajes de solidaridad que han escrito más de 12.000 personas transmitiéndoles su apoyo y el deseo de que tengan un futuro digno.
La Alianza de Centros de Mujeres, una red de 31 centros de mujeres en Nicaragua, incluidos los que ofrecen apoyo psicosocial y jurídico a víctimas de violencia de género y abuso sexual, nos ha transmitido su agradecimiento a través de su coordinadora, Martha Murghía:
"Todo lo que proponen me parece excelente y creo que va a motivar mucho la lucha que libramos en Nicaragua todos los días (...) agradezco mucho por todo lo que Amnistía en España está haciendo por las niñas y mujeres en Nicaragua."
Muchas gracias por todo tu apoyo.
Petición original:
La violación y los abusos sexuales son delitos generalizados en Nicaragua. Más de dos tercios de las violaciones denunciadas entre 1998 y 2008 en Nicaragua se cometieron contra niñas menores de 17 años, la mitad eran menores de 14 años.
El estigma asociado a los delitos sexuales implica que, a menudo, es a la víctima a quien se culpa, y no al agresor.
Para las niñas que denuncian, la lucha por obtener justicia puede ser traumática. Los fallos y la falta de recursos del sistema de justicia nicaragüense significan que, a menudo, los agresores quedan libres. Las sobrevivientes de violaciones y de abusos sexuales que consiguen llegar hasta la vista judicial muchas veces abandonan porque el proceso legal es demasiado caro o demasiado traumático.
Algunas niñas sobrevivientes se enfrentan a la angustia adicional de descubrir que el violador las ha dejado embarazadas. Las que deciden llevar su embarazo a término reciben apenas una pequeña ayuda del Estado, si es que reciben alguna. Para otras, la idea de dar a luz a un bebé fruto de una violación es insoportable. Sin embargo, una ley de 2008 que tipifica el aborto como delito en cualquier circunstancia, incluso para aquellas niñas víctimas de violación, no les deja muchas opciones.
El gobierno nicaragüense tiene la obligación de prevenir la violencia sexual contra las niñas en Nicaragua, de proteger a las sobrevivientes y de garantizar que tienen acceso a la justicia y a la reparación.
