Al menos siete personas corren grave peligro de ejecución y docenas más pueden ser condenadas a muerte en Irán, donde en tan solo dos meses han sido ejecutadas más de 100 personas en una muestra de cómo las autoridades están utilizando la pena de muerte como herramienta para reprimir las protestas.
El 17 de mayo las familias de Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi recibieron una llamada de la prisión en la que les pedían que fueran a visitarlos. Fue la última vez que los vieron. Dos días después, fueron ejecutados en la horca.
“Juro por Dios que soy inocente. No llevaba armas encima. No dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que el arma era mía. ... Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que quisieron a causa de la tortura”
Majid, Saleh y Saeed fueron detenidos en noviembre de 2022, tras participar en las manifestaciones celebradas en la ciudad de Isfahán durante la oleada de protestas que desencadenó en todo el país la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. En prisión fueron torturados, sometidos a simulacros de ejecución, les amenazaron con matar a sus familiares y les obligaron a hacer declaraciones incriminatorias. Su juicio duró cuatro días y estuvo lleno de deficiencias y falta de pruebas.
Para ellos ya no habrá justicia, pero no son los únicos: Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Ghobadlou, Mojahed Kourkour y Shoeib Mir Baluchzehi Rigi pueden ser ejecutados en cualquier momento y decenas más están en peligro de ser condenadas a muerte en juicios donde ni siquiera han sido considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en los que se les ha negado el derecho a acceder a una defensa adecuada y en los que se han usado “confesiones” obtenidas bajo tortura.
Estas ejecuciones y condenas a muerte son un ejemplo más del descarado desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y a un juicio justo, y tienen un claro objetivo: infundir miedo a la población en un intento desesperado por parte de las autoridades de aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular, además de vengarse de quienes, manifestándose, se atreven a desafiar el orden establecido.
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Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.
Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:
Me preocupa enormemente que las autoridades iraníes hayan ejecutado al menos a 94 personas en total sólo entre los meses de enero y febrero , lo que supone un considerable aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Muchas de estas personas pertenecían a grupos étnicos que tradicionalmente han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán, como los árabes ahwazí, kurdos o baluchis.
Actualmente, al menos siete están actualmente condenados a muerte y corren grave riesgo de ejecución. Se trata de Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Ghobadlou, Mojahed (Abbas) Kourkour y Shoeib Mir Baluchzehi Rigi. Al menos otros cuatro -Mahan Sadrat (Sedarat) Madani, Mansour Hout, Mohammad Boroughani, Nezamoldin Hout- se enfrentan a nuevos juicios por delitos punibles con la pena capital después de que el Tribunal Supremo anulara sus condenas y penas de muerte y devolviera sus casos a tribunales inferiores. Otras tres personas: Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou y Mohsen Rezazadeh Gharegholou, han sido juzgados por cargos que conllevan la pena de muerte y decenas de personas están siendo investigadas por delitos punibles con la pena capital en relación con las protestas surgidas en el país tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, en septiembre de 2022.
Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. Le insto a dejar en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Le insto a proporcionar a las personas detenidas acceso a sus familias y a abogados de su elección, a protegerlas de la tortura y otros malos tratos, a investigar las denuncias de tortura, a que los responsables sean sometidos a un juicio justo y a que se conceda a los observadores independientes pertenecientes a embajadas acceso a los juicios de pena capital relacionados con las protestas. Por último, le insto a establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.
Atentamente,
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