Fiyi

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Se revocó una ley que imponía restricciones a los medios de comunicación, pero continuaron en vigor otras que limitaban los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La presencia de mujeres en cargos públicos era escasa, aunque se eliminaron obstáculos jurídicos al ejercicio del voto por parte de las mujeres casadas. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban expuestos a sufrir explotación.

Información general

Comenzó el primer año de mandato del nuevo gobierno, elegido en diciembre de 2022; era el primer cambio de gobierno desde el golpe de Estado de 2006.

Libertad de expresión y de reunión

En abril, el Parlamento revocó la Ley de Desarrollo del Sector de los Medios de Comunicación de 2010, que permitía castigar con multas o penas de prisión a periodistas y medios de comunicación que publicaran información “contraria al interés nacional”. Sin embargo, continuaron en vigor la Ley de Orden Público, las disposiciones sobre sedición del Código Penal y otras leyes restrictivas.

Aunque la policía adoptó un enfoque restrictivo del control de las protestas, el gobierno se mostró más respetuoso con el derecho de reunión pacífica. El 25 de agosto, la policía impidió a miembros del partido político Fiyi Primero sumarse a una protesta pacífica contra el vertido de aguas residuales de la central nuclear japonesa de Fukushima en el Océano Pacífico. En marzo, la policía intentó impedir la celebración de una marcha del movimiento “Reclaim the Night” (Reclamemos la noche) por el fin de la violencia contra las mujeres. Al final, tras una intervención ministerial, la marcha se celebró.

En julio, el Tribunal Superior anuló en apelación la sentencia condenatoria del abogado Richard Naidu, que había sido declarado culpable de desacato en 2022 por haber resaltado en público una falta de ortografía en una sentencia judicial.

En febrero, el líder de la oposición y ex primer ministro Frank Bainimarama dimitió como parlamentario tras haber sido suspendido del cargo por haber criticado al primer ministro y al presidente, elegidos poco tiempo antes. En octubre, Frank Bainimarama y el exdirector general de la Policía, Sitiveni Qiliho, fueron absueltos de los cargos de obstrucción a la justicia y abuso de poder, respectivamente, por presunta injerencia en las investigaciones policiales sobre unas denuncias de 2020 relativas a actos de malversación económica en la Universidad del Sur del Pacífico.

Discriminación

En mayo, el Parlamento revocó una reforma de la Ley Electoral, eliminando así el requisito que obligaba a las mujeres que quisieran votar con su nombre de casadas a solicitar el cambio de nombre en sus certificados de nacimiento.

A pesar de que el nuevo gobierno se había comprometido a incrementar la representación de las mujeres en cargos públicos, el Movimiento por los Derechos de las Mujeres de Fiyi concluyó que el porcentaje de mujeres en juntas y comisiones gubernamentales permanecía invariable en el 20% desde 2020. En 2023, las mujeres ocupaban sólo el 10% de los escaños parlamentarios.

El Centro de Crisis para Mujeres de Fiyi registró un aumento de las violaciones denunciadas en comparación con 2022.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, en una causa interpuesta contra la empresa Freesoul Real Estate Development por representantes de los pueblos indígenas de la isla de Malolo, el Tribunal Superior concluyó que dicha empresa —vinculada a China— había incurrido en responsabilidad civil por la destrucción de unos arrecifes y manglares por la que ya había sido multada en 2022.

Derechos de las personas migrantes

En septiembre, las autoridades revocaron los visados de 7 surcoreanos que ocupaban puestos directivos en la empresa Grace Road, que, desde 2018, era objeto de denuncias de malos tratos a personal migrante. El grupo, que tenía su propio credo religioso y poseía restaurantes y otras empresas en Fiyi, daba empleo a unas 400 personas de Corea del Sur. Según los medios de comunicación, el personal migrante era sometido a abusos y explotación, como impago de salarios, confiscación de pasaportes y violencia física. Dos de los 7 directivos surcoreanos fueron deportados.