La libertad de prensa no es un lugar seguro ni una condición garantizada en 2026. No se encuentra en los territorios devastados por la guerra, donde los periodistas son víctimas directas de la violencia. Tampoco en los regímenes autoritarios, donde la censura y las amenazas delimitan lo que puede decirse, y los periodistas son insultados y perseguidos. Y se encuentra gravemente debilitada en aquellos contextos donde el poder político convive con la violencia criminal, obligando a la prensa a operar entre el silencio y el miedo, que conducen a la autocensura o al riesgo irremediable. Incluso donde formalmente existe, la libertad de expresión y la libertad de prensa sufren presiones, amenazas, encarcelamientos, distorsiones y límites invisibles pero tangibles, según recoge el Informe Anual de derechos humanos de Amnistía Internacional.
Instalación artística de Amnistía Internacional en Londres que denuncia el aumento de las amenazas contra periodistas en todo el mundo. © Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Vigilancia ilegal y tecnología espía
La vigilancia ilegítima mediante tecnologías digitales persiste y se ha consolidado como un instrumento clave para reforzar prácticas autoritarias. A lo largo de 2025, los gobiernos utilizaron herramientas de vigilancia que restringen la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cabe también subrayar el papel de empresas privadas en la expansión de estas prácticas, señalando la persistencia de ataques con software espía altamente invasivo (Pegasus o Predator).
Ante este escenario, Amnistía advierte del riesgo que supone un mercado global de vigilancia escasamente regulado. El posible uso abusivo de este tipo de tecnologías supone un riesgo a la libertad de prensa, pues pueden facilitar el control y supervisión del periodismo.
Algunos ejemplos concretos se observan ya en Vietnam, donde se propuso un proyecto de ley de prensa que obligaba a los y las periodistas a revelar sus fuentes, lo cual es preocupante por cuanto a la vigilancia en línea se refiere. La vigilancia ilícita adquiere especial relevancia en el ámbito periodístico cuando afecta a la confidencialidad de las fuentes y a la capacidad de los profesionales de la información para operar sin interferencias.
Asesinatos de periodistas: 129 profesionales muertos en 2025
Manifestación contra los asesinatos de periodistas y los ataques a la libertad de prensa. La violencia contra quienes informan sigue siendo una de las principales amenazas en todo el mundo. © David Romero
La forma más extrema de violencia contra la libertad de prensa son los asesinatos o ataques letales contra periodistas. Según datos citados en el propio informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en 2025 fueron asesinados 129 periodistas en todo el mundo, lo que evidencia la persistencia de esta forma de violencia.
Las fuerzas israelíes mataron a 56 profesionales de los medios de comunicación y periodistas palestinos.
México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La organización ARTICLE 19 denunció que siete periodistas habían sido asesinados durante el año en represalia por su labor informativa.
En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 468 ataques contra la prensa durante el año, entre ellos un asesinato, además de una tentativa de homicidio.
Asimismo, el informe recoge casos concretos en América Latina, como el asesinato del periodista Patricio Aguilar en Ecuador el 4 de marzo de 2025 mientras realizaba una cobertura informativa en el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. El del periodista Javier Antonio Hércules Salinas en Honduras en junio, pese a que gozaba de medidas estatales de protección, y los homicidios de Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú, en enero, mayo y diciembre (los dos últimos), que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló como posiblemente vinculados a su labor informativa.
Censura y restricciones a los medios de comunicación
A lo largo de 2025, numerosos gobiernos recurrieron a mecanismos legales, administrativos y judiciales para limitar o paralizar la actividad de medios de comunicación.
En Mozambique, por ejemplo, el Instituto Nacional de Comunicación de Mozambique suspendió temporalmente emisoras de radio, tras afirmar que sus emisiones interferían en la conexión entre la torre de control del aeropuerto local y las aeronaves. Al menos una de las emisoras, Radio Encontro, era abiertamente crítica con el gobierno y con las elecciones de 2024.
En Benín, el periódico Le Patriote y su sitio web fueron suspendidos durante varios meses por la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación (HAAC, por sus siglas en francés).
En Uganda se prohibió a determinados medios cubrir actividades institucionales, y en Kenia, las autoridades ordenaron a emisoras de radio y televisión dejar de retransmitir protestas en directo.
Otro ejemplo lo observamos en Kirguistán. En julio, entraron en vigor reformas legislativas dirigidas a reforzar la lucha contra el ‘extremismo’ que restablecían la responsabilidad penal por posesión de materiales considerados ‘extremistas’ en función de criterios imprecisos e introducían el nuevo delito de utilizar Internet o medios de comunicación para instigar públicamente actividades ‘extremistas’ o la ‘toma violenta del poder’. En virtud de ello, un tribunal calificó como ‘extremistas’ los contenidos de varios medios independientes, entre ellos Kloop Media,Temirov Live y Ait Ait Dese, lo que implicaba que su difusión o reproducción podía conllevar consecuencias penales, afectando de facto a su funcionamiento.
En Colombia, las autoridades requirieron a distintos medios información interna sobre sus procesos editoriales y advirtieron de posibles sanciones en caso de incumplimiento, lo que suscitó preocupación por la intromisión en el ámbito protegido por la libertad de prensa.
Las autoridades norcoreanas mantenían un control casi total: bloqueaban las retransmisiones, inspeccionaban los hogares e imponían penas severas, incluso la ejecución, por distribuir medios de comunicación extranjeros.
En definitiva, las estrategias de presión, criminalización y control por restringir o impedir el funcionamiento efectivo de los medios de comunicación constituyen un límite a la libertad de prensa.
Marcos legales para perseguir a periodistas
El uso de marcos legales para perseguir a periodistas constituye una de las estrategias más extendidas de restricción de la libertad de prensa. A lo largo de 2025, numerosos gobiernos recurrieron a legislación penal, normas contra la desinformación o leyes de seguridad para criminalizar la actividad periodística y limitar la difusión de información.
En Nigeria, la aplicación de la Ley de Delitos Informáticos permitió la detención de periodistas por publicaciones críticas en redes sociales.
En Kirguistán, que mencionábamos anteriormente, los periodistas Bolot Temirov y Rinat Tukhvatshin fueron calificados de ‘extremistas’.
En conjunto, el uso expansivo y a menudo ambiguo de estos marcos legales permite a los Estados ejercer un control significativo sobre la actividad informativa, generando un efecto disuasorio que limita el ejercicio del periodismo independiente.
Periodistas protestan en Túnez por la libertad de prensa. © Mohamed Hammi/SIPA
Impunidad frente a los ataques a la prensa
Resulta necesario subrayar la importancia de que todos los casos de violencia contra periodistas sean objeto de investigación efectiva y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
La evidencia recopilada por organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas indica que una proporción significativa de los asesinatos de periodistas en el mundo no llega a esclarecerse ni a traducirse en condenas, lo que pone de relieve la persistencia de la impunidad.
En este sentido, los estándares internacionales establecen la obligación de los Estados de llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes y eficaces, así como de garantizar la identificación y sanción de los responsables.
Por ello, resulta fundamental que los casos documentados en el informe anual de Amnistía Internacional no se limiten a su registro, sino que den lugar a procesos de investigación y justicia efectivos, capaces de evitar la repetición de estos hechos y de proteger de manera real el ejercicio del periodismo.
Violencia y represión contra periodistas en el mundo
Además de las formas específicas de violencia analizadas, el informe anual de Amnistía Internacional también documenta prácticas de represión que contribuyen a configurar un entorno hostil para el ejercicio del periodismo.
En numerosos países, entre ellos Afganistán, China, Rusia o Venezuela, las autoridades recurrieron a la desaparición forzada de periodistas como mecanismo para infundir miedo. Asimismo, se documentó un patrón generalizado de acoso, detenciones arbitrarias y agresiones contra periodistas en países como Nigeria, Etiopía o Uganda.
Estas prácticas evidencian que la represión contra la prensa se manifiesta a través de un continuo de violencia y coerción que atraviesa distintos contextos.
La desinformación también es una amenaza a la libertad de prensa. © Spasa Dakic/SIPA
Por qué la libertad de prensa está en riesgo
Amnistía Internacional pone de relieve un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el mundo. La violencia directa contra periodistas, la vigilancia ilícita, el uso de marcos legales restrictivos y las limitaciones al funcionamiento de los medios configuran un entorno cada vez más adverso para la libertad de prensa. Estas dinámicas no operan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente y se ven agravadas por la persistencia de la impunidad, lo que contribuye a perpetuar los ataques contra profesionales de la información. La libertad de prensa queda así sometida a un entramado estructural de violencia, control y ausencia de rendición de cuentas que compromete de manera sistemática su ejercicio y afecta directamente al derecho a la información de la sociedad.
