Las autoridades de los Estados del Golfo han detenido a más de 1.000 personas en una represión generalizada de la libertad de expresión relacionada con la guerra, incluso por compartir contenidos online o expresar opiniones sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de Irán contra los Estados del Golfo, ha declarado hoy Amnistía Internacional. En Kuwait y Bahréin, las autoridades también han retirado la nacionalidad a algunas personas en represalia por el ejercicio de su libertad de expresión, entre otros motivos.
Cuando comenzó la guerra, y alegando motivos de seguridad nacional, las autoridades de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) —Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Arabia Saudí y Omán— emitieron advertencias de carácter general de que no se compartieran online contenidos que difundieran “rumores” o “información falsa” sobre la guerra o que procedieran de “fuentes desconocidas”. Poco después, varios Estados del Golfo comenzaron a anunciar detenciones masivas.
“Si bien los Estados del Golfo pueden tomar medidas para combatir las informaciones erróneas y proteger la seguridad nacional y también pueden suspender ciertos derechos durante el conflicto armado, cualquier restricción de la libertad de expresión debe ajustarse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos. Estas suspensiones deben estar previstas en la ley de forma clara y precisa, perseguir un fin legítimo y ser estrictamente necesarias y proporcionadas. Las restricciones generalizadas y la criminalización indiscriminada del intercambio de información no se ajustan a estos requisitos”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Con el fin de proteger su pulcra imagen de refugios seguros, los Estados del Golfo han utilizado su habitual enfoque autoritario de mano dura para controlar la información y se han servido de disposiciones vagamente formuladas y excesivamente amplias de las leyes sobre delitos informáticos, lucha contra el terrorismo y seguridad nacional. Esto excede con creces lo que permite el derecho internacional.”
Amnistía Internacional ha hablado con 16 personas —un periodista, activistas comunitarios, personas con ciudadanía o residencia en países del GCC, y familiares de personas detenidas—, la mayoría de las cuales pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias. La organización ha documentado ocho casos de detenciones relacionadas con la libertad de expresión.
Además, Amnistía Internacional ha examinado declaraciones oficiales de autoridades de Estados del GCC, entre ellas advertencias de carácter general y anuncios de cientos de detenciones relacionadas con la libertad de expresión, y ha analizado casos denunciados por medios de comunicación locales y embajadas extranjeras y documentados por grupos locales de derechos humanos.
Una represión regional de la libertad de expresión relacionada con la guerra
Las autoridades de Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar anunciaron oficialmente la detención de cientos de personas por grabar y compartir vídeos, hacer circular fragmentos de vídeo documentando la interceptación de misiles o publicar imágenes de los daños causados por éstos.
En varios casos se ha detenido a personas por “enaltecer” a un Estado hostil y a sus líderes militares, al parecer en referencia a expresar empatía con Irán, o a compartir contenidos online expresando solidaridad con el pueblo iraní, o a expresar duelo por el difunto líder supremo y comandante en jefe de Irán, Ali Jamenei.
Las autoridades de algunos Estados del GCC también han investigado o procesado a personas acusadas de hacer circular “información engañosa” o “noticias falsas, rumores o propaganda incendiaria”, incluidos contenidos o imágenes generados con inteligencia artificial en los que se afirma falsamente que se produjeron incidentes.
En Kuwait y Bahréin, los tribunales de lo penal, tras juicios convocados apresuradamente, han dictado penas de prisión de entre tres y 10 años contra decenas de personas por publicar o compartir contenido relacionado con la guerra.
Tras comenzar la guerra, las autoridades de Omán, al igual que las de otros Estados del GCC, advirtieron el 3 de marzo de que las personas responsables de publicar “rumores e información no verificada” responderían ante la ley, si bien posteriormente no han comunicado ninguna detención relacionada con la libertad de expresión.
“Desde que comenzó la guerra —señala Heba Morayef—, los Estados del Golfo han limitado extraordinariamente la información que transmiten, y han intentado controlar el relato sobre el impacto de los ataques iraníes en la vida cotidiana de la zona. Este control de la información, especialmente en tiempos de guerra, unido a un clima de confusión, ha hecho que a la población le cueste conseguir la información que necesita, y también que resulte más difícil documentar los daños causados por los ataques iraníes.”
Kuwait
Entre el 1 y el 30 de marzo, el gobierno kuwaití anunció la detención de 33 personas, una de las cuales era extranjera y al menos tres, mujeres. Según el Ministerio del Interior, desde el inicio de la guerra se ha detenido a personas acusadas de publicar contenido en el que mostraban su apoyo a “grupos terroristas”, compartir videos considerados perjudiciales para la seguridad nacional o “burlarse de las agencias de seguridad”, “difundir información falsa” o utilizar drones para realizar filmaciones sin autorización.
El número de procesamientos de los que se tiene noticia en Kuwait es muy superior al de detenciones. Según medios de comunicación locales, el 23 de abril y el 1 y el 7 de mayo, un Tribunal de Seguridad del Estado de primera instancia, creado a principios de abril y con jurisdicción exclusiva sobre delitos relacionados con la seguridad del Estado, tanto interna como externa, dictó sentencia contra 204 personas acusadas de expresar su simpatía por “la agresión iraní”, “provocar conflictos sectarios” y “difundir noticias falsas”.
El tribunal dictó la suspensión condicional de la mayoría de las condenas, absolvió a algunas de las personas acusadas y condenó a 23 de ellas a tres años de cárcel, a una a 5, y a otra a 10.
Una de las personas detenidas y juzgadas fue el destacado periodista Ahmed Shihab-Eldin, detenido sin orden judicial por agentes sin uniformar el 3 de marzo, únicamente por reenviar imágenes relacionadas con la guerra que habían sido publicadas por medios de comunicación internacionales. Estuvo recluido 52 días y fue juzgado por difundir información falsa, poner en peligro la seguridad nacional y utilizar indebidamente su teléfono móvil. El 23 de abril fue absuelto de uno de los cargos y el tribunal dictó la suspensión condicional de la pena por los otros.
Las autoridades kuwaitís detuvieron a principios de marzo a otro hombre que había publicado contenido en el que lamentaba la muerte del líder supremo y comandante en jefe de Irán Ali Jamenei. Permaneció cinco días en régimen de incomunicación en instalaciones de los Servicios de Inteligencia del Estado, cuyos agentes lo interrogaron sin la presencia de un abogado. Posteriormente, el fiscal lo investigó por “perjudicar los intereses nacionales”, “uso indebido de un teléfono móvil”, “provocar conflictos sectarios” y “socavar la unidad nacional”.
Desde el inicio de la guerra, Kuwait ha introducido una serie de medidas legales y judiciales generalizadas que amplían significativamente los poderes del Estado en nombre de “la lucha contra el terrorismo” y la protección de la seguridad nacional. El 15 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Núm. 47 de 2026 sobre la Lucha contra el Terrorismo, en la que se utiliza una amplia definición de “actos terroristas”, que incluye aquellos cuyo objetivo es “obligar a una autoridad pública a realizar o a abstenerse de realizar cualquier acto” que pueda implicar actuaciones que respondan a motivos políticos y vayan dirigidas a influir en las decisiones del gobierno. Las penas de cadena perpetua se elevan a pena de muerte. Ese mismo día, las autoridades promulgaron la Ley Núm. 13 de 2026, que tipificaba como delito la publicación de “falsos rumores” relacionados con entidades militares, y la castigaba con hasta 10 años de cárcel.
El 13 de abril, Kuwait también aprobó enmiendas a la Ley de Nacionalidad que permiten a las autoridades retirar a una persona su nacionalidad “si así lo requiere el interés supremo del Estado o su seguridad externa”, o si tienen “pruebas fehacientes de que dicha persona ha promovido principios que pueden socavar el sistema económico, social o político del país, o pertenece a una organización política extranjera”.
El 26 de abril, las autoridades anunciaron que habían retirado la nacionalidad a más de 1.200 personas mediante un decreto publicado por el emir en el que no figuraban los motivos. Según dijeron a Amnistía Internacional dos personas que viven en Kuwait, estas decisiones de desnaturalización han creado un clima de temor y están disuadiendo a la gente de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Kuwait ya había retirado la nacionalidad a varios críticos en 2024.
El 7 de mayo, las autoridades retiraron la nacionalidad al padre del disidente político kuwaití radicado en Reino Unido Fawaz Al-Kathiri y a cualquier otra persona que hubiera adquirido esta nacionalidad a través de él. Antes de que le fuera retirada la nacionalidad a su padre, Fawaz Al-Kathiri había publicado vídeos en los que criticaba la respuesta de Kuwait a los ataques iraníes y las detenciones de personas que habían publicado en redes sociales contenidos relacionados con la guerra, entre otros vídeos de crítica al gobierno. En el decreto del emir no se indicaban los motivos de la retirada de la nacionalidad. En julio de 2025, las autoridades retiraron la nacionalidad al propio Fawaz Al-Kathiri y a sus hijos sin indicar los motivos.
Bahréin
Las autoridades de Bahréin anunciaron la detención de 47 personas entre el 1 y el 14 de marzo, seis de ellas extranjeras, por contenido online relacionado con los ataques iraníes. El 1 de marzo, las autoridades habían advertido a la población que se abstuviera de publicar o extender rumores, información o noticias “cuyas fuentes no fueran las autoridades oficiales del Reino”.
Según la documentación recogida por varias organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos de Bahréin, como el Centro de Derechos Humanos y Justicia Al Amal y el Instituto Bahreiní para los Derechos y la Democracia (BIRD, por sus siglas en inglés), y compartida con Amnistía Internacional, el número de personas detenidas en la represión relacionada con la guerra es mucho mayor. Según esta documentación, hasta el 5 de mayo habían sido detenidas en Bahréin más de 303 personas, algunas tras las manifestaciones en memoria del líder supremo y comandante en jefe de Irán, Ali Khamenei. Posteriormente, al menos 38 quedaron en libertad, según activistas y grupos de derechos humanos.
Un abogado que representaba a varias de las personas detenidas, dijo a Amnistía Internacional que al menos a seis de ellas se les había negado el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios y que sus abogados tenían prohibida la entrada a los edificios de la fiscalía.
Una de las personas detenidas era Mansour Yassin, artista de 26 años detenido por crear una imagen de la mano del ex líder supremo y comandante en jefe de Irán, y acusado, al igual que otras cinco personas, de “expresar solidaridad” con Irán y “enaltecer los actos hostiles” cometidos por este país. Mansour Yassin quedó en libertad aproximadamente un mes después.
El 28 de abril y el 12 de mayo, la Fiscalía anunció en dos declaraciones diferentes que un tribunal de lo penal había condenado a 34 personas al pago de multas y a penas de prisión de entre uno y 10 años por apoyar y respaldar “los ataques terroristas de Irán contra el Reino”, “consiguiendo y difundiendo información confidencial”, “fotografiando lugares de acceso restringido” y “difundiendo noticias falsas y rumores a través de las redes sociales”.
El 27 de abril, las autoridades habían anunciado que retirarían la nacionalidad a 69 personas y a sus familias por haber expresado solidaridad y enaltecido “los criminales actos hostiles de Irán” o por “su connivencia con partes externas”. Al día siguiente, el Parlamento de Bahréin aprobó un real decreto que introducía enmiendas en la ley reguladora del poder judicial, suprimía la revisión judicial de cuestiones relacionadas con la ciudadanía y prohibía a las personas afectadas que recusaran o apelaran la decisión de revocar la nacionalidad.
Amnistía Internacional documentó el caso de una persona a quien se privó de su nacionalidad, al igual que a un miembro de su familia. A ninguno de los dos se le imputaron cargos formalmente. El 18 de marzo, a Ali lo llamaron por teléfono para que se presentara en la Dirección de Policía contra la Ciberdelincuencia, sin indicarle el motivo. Se presentó allí ese mismo día y los agentes le preguntaron por un vídeo que había compartido en redes sociales el 28 de febrero, en el cual se veía un ataque iraní contra una base estadounidense en Bahréin.
Según Ali, explicó a los agentes que había retirado el vídeo unas tres horas después de publicarlo y que después había compartido la advertencia del Ministerio del Interior en la que se instaba a no difundir grabaciones de los ataques. Los agentes examinaron su teléfono móvil y confirmaron su relato. Después le dijeron que se había tratado de un malentendido y que, dado que no tenía antecedentes penales, sólo debía firmar un documento afirmando su lealtad a Bahréin y prometiendo no publicar contenido que pudiera ser lesivo para el país, cosa que hizo.
El 27 de abril, las autoridades de inmigración bahreiníes solicitaron la comparecencia de Ali y le pidieron que les entregara su documento nacional de identidad y los de su familia, informándole de que les había sido retirada su nacionalidad. Al día siguiente Ali entregó los documentos. Cuando preguntó los motivos de la decisión, las personas que trabajaban en el organismo le dijeron que se trataba de “decisiones soberanas” y que ellas “se limitaban a cumplir órdenes”.
El 9 de mayo, las autoridades bahreiníes trasladaron a Ali y a su familia a otro país tras darles pasaportes con un año de validez marcados con la letra “R”, tal vez la inicial de “revocado”.
El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente la privación arbitraria de la nacionalidad, y los Estados no pueden despojar de ella a una persona ni a sus familiares en castigo por expresar pacíficamente opiniones políticas o presuntas simpatías. Incluso en el caso de que las autoridades afirmen que la persona ha participado en actos de hostilidad o violencia, la revocación de la nacionalidad debe basarse en pruebas claras e individualizadas, seguir el debido proceso y cumplir las pruebas de legalidad, fin legítimo y estricta necesidad y proporcionalidad.
Emiratos Árabes Unidos
El 3 de marzo, el departamento de seguridad del Estado de EAU publicó unas directivas que prohibían a las personas residentes en el país fotografiar, publicar o difundir contenido no confirmado o falso, alegando motivos de seguridad. Entre el 3 de marzo y el 8 de abril, las autoridades emiratíes anunciaron el arresto y la detención de gran número de personas, al menos 375. Según declaraciones oficiales, se las acusaba de actos como publicar y compartir vídeos u otro contenido visual, ya fuera veraz o falso, conductas no tipificadas como delito en el derecho internacional.
La policía de Abu Dhabi comunicó la detención de 109 personas de distintas nacionalidades que “filmaban lugares y actos y hacían circular información falsa a través de las plataformas de redes sociales”, afirmando que su actividad podría “provocar a la opinión pública y difundir rumores”. Las declaraciones oficiales afirmaban también que se había detenido a personas por “publicar contenido enalteciendo a un Estado hostil y a su liderazgo político y militar”.
Según el derecho internacional, la filmación de una zona que ha sufrido un ataque aéreo y la difusión de vídeos, informes u opiniones relativos a un conflicto generalmente está protegida por el derecho a la libertad de expresión y no puede ser motivo para una detención o un proceso penal. Cualquier arresto o procesamiento por este tipo de actividad debe cumplir los requisitos de legalidad, fin legítimo y necesidad y proporcionalidad.
A finales de marzo se informó sobre la detención de decenas de personas de ciudadanía británica en EAU por tomar fotos o vídeos de los ataques iraníes, así como de las inspecciones de teléfonos realizadas puerta a puerta por la policía en zonas afectadas por ataques con drones, y de la imposibilidad de acceder a decenas de destacadas cuentas de redes sociales para las personas usuarias de EAU tras compartir vídeos de los ataques.
En marzo de 2026, las autoridades de EAU solicitaron a Meta que restringiera el acceso a 18 cuentas de Facebook e Instagram por “informar sobre conflictos geopolíticos regionales y asuntos de seguridad”. La respuesta de Meta fue que los contenidos de esas cuentas no violaban sus “normas comunitarias”, pero no obstante restringió el acceso a ellas.
La draconiana Ley de Delitos Informáticos Núm. 34 de 2021 de EAU, que prohíbe compartir información que se considere “engañosa” o dañina para la “reputación del Estado”, coexiste con el Código Penal y otras leyes de seguridad nacional que criminalizan las críticas a las autoridades, la difusión de información delicada y el ejercicio de la libertad de expresión que se considere que atenta contra las instituciones del Estado.
Qatar
El 28 de febrero, las autoridades qataríes hicieron una advertencia general a la población para que se abstuviera de participar en rumores, hacer circular fragmentos de vídeo no verificados o compartir contenido delicado. Más tarde, anunciaron que entre el 28 de febrero y el 9 de marzo habían sido detenidas 313 personas de distintas nacionalidades por grabar y compartir vídeos y hacer circular “información engañosa” y rumores que podrían “agitar a la opinión pública”, aunque nada de esto es un delito reconocible en virtud del derecho internacional.
En virtud de la Ley de Delitos Informáticos de 2014, las autoridades de Qatar continúan criminalizando la creación o difusión de contenidos online considerados perjudiciales para los “valores sociales” y el “orden público”, apoyándose además en otras disposiciones excesivamente amplias y vagamente formuladas que facilitan la restricción del derecho a la libertad de expresión, incluida la disidencia pacífica.
Arabia Saudí
El 2 de marzo, el Ministerio del Interior saudí hizo una advertencia general a la población para que se informara exclusivamente en fuentes oficiales. A diferencia de otros Estados del GCC, las autoridades no han anunciado posteriormente detenciones relacionadas con la libertad de expresión.
Sin embargo, Amnistía Internacional documentó que al menos tres personas extranjeras en Arabia Saudí habían sido detenidas por sus publicaciones online relacionadas con la guerra. En marzo, fuentes diplomáticas informaron de la detención de nacionales de su país, en dos casos de Nepal y de Filipinas, y Amnistía Internacional documentó una detención por la libertad de expresión relacionada con la guerra.
Una persona fue detenida tras compartir vídeos de ataques aéreos, y otra por compartir vídeos y otros contenidos que las autoridades consideraron “engañosos” en relación con la guerra. Una tercera persona fue detenida tras expresar su solidaridad con otras partes en el conflicto.
Según Meta, en abril de 2026 Arabia Saudí solicitó a la plataforma que restringiera el acceso a 144 cuentas y páginas de redes sociales por su contenido relacionado con “conflictos geopolíticos regionales, asuntos de seguridad y sátira política” o por “considerarse que vulnera(ba)n la sensibilidad religiosa”, citando la Ley de Delitos Informáticos. Meta eliminó o restringió el acceso.
Las restricciones están alimentando un clima de temor. Por ejemplo, tras el ataque a un complejo petroquímico, un trabajador compartió fotos del impacto, borrándolas inmediatamente después por miedo. Cuando salió de su alojamiento, unos funcionarios registraron su teléfono y el de sus compañeros para asegurarse de que no habían compartido información.
Un periodista radicado en Riad, que pidió que se respetara su anonimato, dijo a Amnistía Internacional que las restricciones habían mermado mucho su capacidad de identificar testigos y documentar incidentes.
“Nadie habla abiertamente sobre lo que está pasando o cómo se sienten”, dijo. “No sabes cómo está afrontando la gente estas restricciones, ya que se ha impuesto un gran clima de temor que se suma a su miedo a los ataques.”
Las autoridades saudíes criminalizan muchas formas de expresión online y de otro tipo, incluidas las que perciben como críticas con sus políticas y sus prácticas. Esto ha creado un entorno informativo sumamente restrictivo, donde se restringe la labor informativa independiente y dominan las fuentes de información oficiales afines al Estado.
