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Pena de muerte a personas con discapacidad intelectual y mental, la condena más cruel

Por Alberto Senante (@asenante), colaborador Amnistía Internacional España,
A pesar de que cada vez más países en el mundo están eliminando la pena capital de sus legislaciones, un reducido grupo de países la sigue aplicando incluso a personas con discapacidad mental o intelectual provocando un sufrimiento inimaginable para estas personas y sus seres queridos.

Rocky no tenía ni idea de que, tras la condena, el abogado del estado lo había abandonado en mitad del procedimiento de apelación. Él suponía que todo seguía su curso. Fue al recibir una carta del fiscal general cuando se enteró de que su derecho de apelación había expirado y de que el estado de Alabama iba a fijar la fecha de la ejecución”. Son palabras de la abogada de Rocky Myers, un hombre negro, diagnosticado con discapacidad intelectual desde los 11 años, y que lleva tres décadas en el corredor de la muerte en Alabama, Estados Unidos. Su caso es una muestra más de la crueldad a la que se ven sometidas estas personas y las escasas garantías jurídicas que les protegen a pesar de que sus vidas estén en juego.

Camilla donde se realizan las ejecuciones con inyección letal

Sala de ejecuciones en la prisión de Huntsville, Texas, EE.UU. © picture alliance / Bernd Obermann

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece el derecho a la vida para ellas y establece que se debe proteger de forma particular su acceso a la justicia. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, ni tampoco ser “sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Sin embargo, aunque las normas internacionales establecen claramente que quienes sufren discapacidad mental e intelectual no deben enfrentarse a la pena máxima, Amnistía Internacional sigue documentando casos en que esto se produce, aunque resulte imposible ofrecer una cifra global exacta.

Más allá de su responsabilidad jurídica en el momento del supuesto delito, numerosas voces expertas sostienen que las personas con estas circunstancias no son capaces de defenderse de forma efectiva ni procurarse una representación adecuada. Además, afirman que las ganas de complacer pueden llevarles a confesar crímenes que no han cometido. Asimismo, el riesgo de una condena injusta se incrementa cuando además de este tipo de discapacidad aparecen otras variables como la raza, la religión, la pobreza o la exclusión social.

En algunos países que aplican la pena de muerte no existe ninguna excepción para las personas que presentan alguna discapacidad mental o intelectual, pero en otros como Japón o Estados Unidos sí se consideran circunstancias atenuantes que, sin embargo, muchas veces no se tienen en cuenta debido a la ausencia de un diagnóstico previo, falta de precisión en los baremos, o porque simplemente se desestiman los informes médicos.

Además de la crueldad que supone por sí misma la pena capital, hay que sumar el sufrimiento durante años, o décadas, que pasa cualquier condenado en el corredor de la muerte. Las condiciones de incertidumbre, falta de atención médica y psicológica, unido a la escasa comunicación con sus familiares suponen un trato inhumano y degradante, o incluso tortura. Una crueldad que alcanza también de forma directa a las familias y amistades de las personas condenadas.

En este sentido, en 2024 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunciaba cómo en los corredores de la muerte en Estados Unidos la tasa de suicidios es alarmante, en Japón ni siquiera se informa de la fecha de ejecución o en Bielorrusia las autoridades se niegan a entregar a los familiares los cuerpos de las personas ejecutadas.

¿Qué países ejecutan a personas con discapacidad intelectual o mental?

Manifestación contra la pena de muerte en Irán

Manifestación contra la pena de muerte en Irán. © picture alliance / Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

En algunos países como Estados Unidos, Japón, Irán, Pakistán o Singapur está acreditada la ejecución por parte de las autoridades de personas con discapacidad intelectual o mental recientemente, mientras que en otros como China o Corea del Norte o Vietnam, debido a su política de oscurantismo y falta de transparencia se teme que pueda haber numerosos casos que nunca llegan a conocerse por parte de los organismos internacionales.

Estos son algunos de los lugares donde las personas con discapacidad mental o intelectual han sido condenadas a la pena de muerte en los últimos años.

Estados Unidos. Desde principios del siglo XXI, se estima que decenas de personas con discapacidad intelectual han sido ejecutadas en el país, a pesar de que en 2002 la Corte Suprema prohibió en 2002 su ejecución (Atkins v. Virginia). En cambio, no hay una prohibición clara respecto a la ejecución de personas con enfermedades mentales graves como esquizofrenia. De hecho, el Death Penalty Information Center cifra en 26 las personas ejecutadas entre 2021 y 2023 que presentaban una enfermedad mental en el momento del castigo.

Willie Pye fue ejecutado el 21 de marzo de 2024 mediante inyección letal después de que se denegara su solicitud de clemencia. Pye fue condenado por asesinar a una mujer en 1992. De los 27 estados que aplican la pena de muerte en el país, la normativa del que le condenó, Georgia, se considera la más restrictiva a la hora de considerar la discapacidad intelectual como atenuante puesto que exigen que se demuestre “más allá de toda duda razonable”. Además de su discapacidad intelectual, probada por expertos presentados por la defensa, Pie era un hombre negro proveniente de un barrio pobre.


Rocky Myers lleva 30 años en el corredor de la muerte en el estado de Alabama. En 1994 un jurado compuesto casi en su totalidad por personas blancas lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua. El juez elevó el castigo a pena de muerte. Los testimonios en su contra estaban repletos de contradicciones y denuncias de presiones policiales. En el juicio, su abogado ni siquiera habló de su discapacidad intelectual. Su actual defensora cree que, como en tantos otros casos, la raza y la pobreza perjudicaron a Rocky en el proceso. A pesar de ello Rocky no pierde la esperanza. “Le encanta recibir postales que le escriben contándole dónde están, pega muchas de las imágenes en la pared de su celda y se imagina a él mismo en esos lugares”. Por desgracia la sentencia es firme y podría ser ejecutado en cualquier momento.

Joseph Corcoran fue ejecutado en Indiana en diciembre de 2024. Es la primera ejecución llevada a cabo en este estado desde hace 15 años. Corcoran fue declarado culpable en 1999 del asesinato de cuatro hombres, entre ellos su hermano, y fue condenado a muerte. Se le había diagnosticado esquizofrenia paranoide, con síntomas que incluyen alucinaciones y delirios. Desde entonces, distintos tribunales confirmaron esta primera sentencia. Durante esos 15 años en el corredor de la muerte Joseph sufrió delirios recurrentes, como que los guardias le torturaban con ultrasonidos. Tres expertos concluyeron que su decisión de renunciar a más apelaciones se debía a querer poner fin a ese sufrimiento.

Irán. La madrugada del 23 de enero de 2024, las autoridades iraníes ejecutaron junto a otro hombre a Mohammad Ghobadlou, un manifestante de 23 años con discapacidad intelectual. El joven fue acusado de atropellar a un agente de policía durante una protesta. La condena por asesinato se impuso en el contexto de la represión del movimiento “Mujer Vida Libertad”. Amnistía Internacional consideró que su proceso judicial había sido “manifiestamente injusto” y “marcado por el secretismo”. Las leyes iraníes no excluyen de forma clara a estas personas de ser condenadas a pena de muerte.

Mohammad Ghobadlou

Mohammad Ghobadlou, de 22 años, fue condenado a muerte por «corrupción en la tierra» (efsad-e fel arz) tras un juicio rápido e injusto ante un Tribunal Revolucionario de Teherán en octubre de 2022. Las autoridades se basaron en «confesiones» obtenidas mediante tortura para declararlo culpable. © Private

Japón. La aplicación de atenuantes por discapacidad mental durante los juicios es muy restrictiva. Hakamada Iwao fue condenado a muerte en 1968 por asesinato tras un juicio criticado por una absoluta falta de garantías. Durante cuatro décadas, Hakamada desarrolló graves problemas de salud mental atribuibles a su régimen de aislamiento pero eso no provocó que que le fuera conmutada su pena. No fue hasta septiembre de 2024 en que fue absuelto tras un nuevo juicio.

En 1993 también fue condenado a muerte Matsumoto Kenji, a pesar de que sufre una discapacidad mental debido a envenenamiento por mercurio. Las condiciones de reclusión y aislamiento en el corredor de la muerte hicieron que desarrollara paranoia y trastorno delirante.

Pakistán. Aunque se haya prohibido la pena de muerte para personas con discapacidad, algunos casos han demostrado que esta protección en ocasiones no se respeta. Como en el caso de Mohammad Asghar, un ciudadano británico-paquistaní diagnosticado con esquizofrenia paranoide que fue arrestado y condenado a muerte en 2014 por blasfemia. Aunque durante el juicio se evidenció su enfermedad mental recibió la condena capital.

Mientras que Imdad Ali y Kanizan Bibi fueron condenados a muerte a pesar de estar diagnosticados con enfermedades mentales graves. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo de Pakistán conmutó sus condenas y estableció una prohibición de ejecutar a personas con discapacidad mental, reconociendo que la aplicación de la pena capital en tales casos no sirve a los fines de la justicia.

Singapur. En 2010 un joven malasio, Nagaenthran K. Dharmalingam, fue declarado culpable de introducir un año antes 42 gramos de heroína en el país. Fue condenado a muerte, una sentencia confirmada en la sala de apelación, a pesar de que su defensa ha pedido la suspensión de la ejecución puesto que sería inconstitucional debido a su discapacidad intelectual. Profesionales médicos concluyeron que el déficit cognitivo podría haber contribuido a la disminución de su responsabilidad en el momento del delito, mientras que su hermano mostró su preocupación por su estado de salud mental después de visitarlo en prisión. Nagaenthran fue ejecutado en abril de 2022.

Amnistía Internacional trabaja para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y bajo toda circunstancia. La organización considera que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de tres derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.

 

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