La convicción de que la pena de muerte constituye en sí misma una violación de los derechos humanos ha ido ganando terreno en la comunidad internacional.
Desde 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado cuatro resoluciones, con el apoyo de una mayoría cada vez mas amplia, en las que se insta a todos los Estados que aplican la pena de muerte, a que establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolirla.
Frente a ello China se mantiene como el mayor verdugo del mundo. Su gobierno clasifica como “secreto de Estado” las cifras relativas a ejecuciones y condenas a muerte, pero se sabe que lleva a cabo más ejecuciones que el resto del mundo en su conjunto. Una legislación poco garantista y poco clara con los derechos de las personas detenidas, unos juicios que no cumplen las exigencias de un juicio justo y la inaceptable cantidad de delitos a los que se aplica la pena de muerte, son las causas de esa elevadísima cifra.
Zhang Huanzhi, madre de Nie Shubin, en un momento del juicio. Nie Shubin, ejecutado hace 21 años tras ser condenado por violación y asesinato, fue finalmente exonerado el 2 de diciembre de 2016, cuando el Tribunal Popular Supremo de China anuló su sentencia.© picture alliance / Photoshot
Una ley altamente punitiva y tan imprecisa que permite saltarse las pocas garantías legales
El gobierno chino aplica una ley en la que:
- La pena de muerte se aplica a delitos no letales, o sea, que no implican homicidio intencional.
- La defensa no está siempre garantizada.
- Se justifican las confesiones bajo tortura “si aportan pruebas”.
- El principio de presunción de inocencia está ausente.
- No se establece un procedimiento para solicitar el indulto o la conmutación de su pena.
En 2013, se introdujeron algunas mejoras en las garantías procesales de las personas detenidas que establecieron que el Tribunal Supremo Popular revisaría las condenas a muerte en todos los casos. Y se hacía preceptivo registrar o grabar en vídeo los interrogatorios y notificar a las organizaciones que prestan asistencia letrada gratuita para que asignaran abogado o abogada. Pero juristas de China reclaman que la falta de claridad en las normas, dificulta su cumplimiento. Denuncian que, aunque hay avances en las nuevas leyes, la teoría de la ley es distinta a su práctica.
La larga lista de delitos penados con la pena de muerte
En la actualidad, en China hay 46 delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte. Sin embargo, muchos de estos delitos no implican la pérdida de vidas, lo que los hace incompatibles con el estándar de "los delitos más graves" según el derecho internacional. Este estándar, interpretado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, limita la pena de muerte únicamente a casos de homicidio intencional.
La pena de muerte se aplica en China a delitos contra la seguridad (sabotaje, manejo ilegal de sustancias peligrosas, robo de armas..), a delitos económicos (malversación, contrabando soborno...), a delitos relacionados con la droga... y así una larga lista.
En relación con los delitos de drogas, el 26 de junio de 2024, durante una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional contra las Drogas patrocinado por la ONU, funcionarios del Tribunal Supremo Popular confirmaron que se habían llevado a cabo ejecuciones en casos emblemáticos para demostrar la postura contundente de los tribunales contra estos delitos.
En el ámbito de los delitos económicos, la pena capital también se aplicó en casos de corrupción. Amnistía Internacional documentó al menos cinco casos de exfuncionarios declarados culpables de corrupción en China y condenados a una pena de muerte “condicional” con la posibilidad de conmutación después de dos años".
La pena capital también se usó como respuesta a delitos graves contra menores. El 23 de mayo, la agencia estatal Xinhua informó que un representante del Tribunal Supremo Popular declaró: “[L]as ejecuciones reflejan el compromiso de los tribunales populares de castigar con firmeza los delitos de agresión sexual contra menores con arreglo a la ley. También sirven de recordatorio para que las personas menores mejoren su conciencia de autoprotección y para que progenitores, escuelas y la sociedad mejoren la educación sexual de las personas menores de edad y la supervisión del uso de Internet a fin de protegerlas de ciberdelitos”.
Pese al secretismo sobre la cifra de ejecuciones, la información disponible indica que, sin lugar a dudas, China supera al total del resto del mundo en la utilización de la pena de muerte.
Declaraciones como la del presidente del Tribunal Supremo Popular, en el sentido de que la pena capital “se había controlado estrictamente y empleado con prudencia” y sólo se aplicaba “a un número muy reducido de personas responsables de delitos de extrema gravedad”, no concuerdan con el hecho de que el gobierno continúe considerando las cifras un secreto de Estado.
Los cálculos actuales, tanto de personas expertas como de representantes de organismos oficiales, siguen estando en torno a miles.
La policía muestra la droga que va a destruir. Los delitos relacionado con drogas pueden estar castigados con la pena de muerte. © picture alliance / Tang Ke / Costfoto | Tang Ke / Costfoto
Los juicios sin garantías
La falta de garantías en los juicios, introduce un alto riesgo de arbitrariedad en la aplicación de la pena de muerte.
La policía, la fiscalía y los tribunales no son independientes: siguen sujetos a la supervisión del gobierno y por tanto a injerencias políticas. La realización de juicios a puerta cerrada o los impedimentos al trabajo de la defensa, así como la tortura son un problema grave en China.
La falta de garantías se manifiesta en:
Las muchas excepciones en la legislación, hacen que sea fácil que la persona detenida no tenga defensa desde el momento de su detención o que no se le permita elegirla libremente o que ésta no pueda acceder a la documentación para el juicio.
La confesión es de las pruebas mas habituales para demostrar la culpabilidad en un juicio. Esto siembra el camino para la tortura como la forma mas fácil para conseguir la confesión y el propio funcionariado chino ha admitido que el problema de las “confesiones falsas” es generalizado. En muchos casos se admiten en los juicios las pruebas logradas mediante tortura aunque se sepa que es ilegal. Además, denunciar que han torturado a su cliente, puede acabar con el abogado o abogada en la cárcel.
No existe la presunción de inocencia. Con el cambio en la ley de 2013 en lugar de tener que “probar la inocencia” hay que “presentar materiales y opiniones relacionados con la inocencia” lo que supone una mejora extremadamente limitada en la práctica.
Un castigo y un chantaje a la población
Las autoridades amenazan a la población avisando de que la delincuencia conllevará la pena de muerte. Así, cuando se publican ejecuciones en los medios de comunicación estatales, se hace con la finalidad de recordar a la población que delitos como el narcotráfico y el soborno son castigados con dureza y desembocan en una ejecución.
Además, la falta de transparencia en la aplicación e imposición de la pena de muerte afecta a quienes se enfrentan a la ejecución, a sus familias y a la sociedad en general. Pero la total ausencia de libertad de expresión y el acoso a las personas activistas en China, hace que hablar sin ambages contra la pena de muerte conlleve un alto riesgo, ya que se puede interpretar, por parte de las autoridades, que se cuestiona la seguridad del Estado.
Respuesta del gobierno chino a la comunidad internacional
En las revisiones periódicas universales, a las que han de responder todos los países en la ONU, se ha expresado a China la preocupación por la creciente injerencia política en el poder judicial que se viene observando en los últimos años. El Comité recomendó a China que adoptara todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la plena independencia e imparcialidad del poder judicial.
Sin embargo, China no ha dado ningún paso hacia la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , destinado a abolir la pena de muerte. No ha establecido una moratoria ni ha reducido nuevamente los delitos punibles con la muerte. Desde la última revisión, China se ha alejado aún más de la transparencia judicial e incluso los datos sobre revisiones de pena de muerte del Tribunal Supremo Popular han sido eliminados de la web.
Como respuesta a las exigencias internacionales de una mayor claridad, China afirmó en la ONU que especificaría más la forma de aplicación de leyes, procedimientos y normas para las sentencias capitales a fin de “garantizar que la pena de muerte solo se aplique a muy pocos delincuentes culpables de delitos muy graves”. Sin embargo, no ha cumplido su promesa.
Escena de un juicio. © CHINE NOUVELLE/SIPA
Postura y trabajo de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para matar al preso.
Desde 1977 hace campaña para la total abolición ya que considera que la pena capital viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de una pena cruel, inhumana y degradante.
En Amnistía pensamos que China no puede afirmar que ha reducido las ejecuciones o mejorado el procedimiento penal mientras continúe el secreto judicial. Para evitar interpretaciones erróneas, Amnistía Internacional dejó, en 2009, de publicar su cálculo aproximado de la aplicación de la pena de muerte en el país.
Por eso le exige al gobierno chino transparencia, es decir que publique periódicamente información completa y detallada, desglosada al menos por género, nacionalidad y origen étnico, sobre el uso de la pena de muerte.