Activistas de Amnistía Internacional sostienen un cartel con el mensaje “Abolish the death penalty” durante una acción global por la abolición de la pena de muerte. © Hari Anggara/NurPhoto/Shutterstock
Qué es la pena de muerte y por qué es un problema de derechos humanos
La pena de muerte (también llamada pena capital) es el castigo que implica quitarle la vida a una persona por decisión de un tribunal del Estado. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, independientemente del delito cometido, de las circunstancias o del método de ejecución empleado.
La pena de muerte vulnera el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y constituye la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. No existe ninguna prueba concluyente de que tenga un efecto disuasorio superior al de otras penas, y su aplicación es irreversible: cuando se cometen errores judiciales no hay posibilidad de reparación.
Además, la pena de muerte se aplica de manera arbitraria y discriminatoria en muchos países. Las personas pobres, las pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o raciales, y quienes carecen de recursos para pagar una defensa adecuada son quienes más probabilidades tienen de ser condenadas a muerte. En algunos países, las sentencias de muerte se dictan tras confesiones obtenidas bajo tortura o juicios sin garantías.
Por todo ello, Amnistía Internacional considera que no hay justicia posible en un sistema que mata. La abolición total de la pena de muerte es un paso imprescindible hacia un mundo donde los derechos humanos sean plenamente respetados.
“ arabia saudí, irán e Irak fueron responsables del incremento de las muertes en 2024 al llevar a cabo el 91% de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas y terrorismo
La pena de muerte en cifras
En 2024, el número de ejecuciones registradas en el mundo alcanzó la cifra más alta en una década, según el Informe Global de Amnistía Internacional: Condenas a muerte y ejecuciones 2024.
A continuación, se resumen los principales datos del año:
- Al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en 15 países, sin contar los miles que se cree que tuvieron lugar en China, Vietnam y Corea del Norte, donde los datos siguen siendo secreto de Estado. Esta cifra supone un aumento del 32% respecto a las 1.153 ejecuciones registradas en 2023.
- El 91% de las ejecuciones conocidas se produjeron en Oriente Medio, principalmente en Arabia Saudí, Irán e Irak.
- Se impusieron al menos 2.087 nuevas condenas a muerte en 46 países, una cifra inferior a la de 2023, aunque el número total de personas condenadas a muerte en el mundo aumentó a 28.085.
- Se registraron 637 ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, lo que representa el 42% del total global. La mayoría se produjeron en Arabia Saudí e Irán, en violación del derecho internacional, que prohíbe aplicar la pena de muerte por delitos no violentos.
- Se tuvo constancia de al menos 8 ejecuciones públicas (4 en Afganistán y 4 en Irán).
- Ocho personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años (4 en Irán y 4 en Somalia), en clara violación del derecho internacional.
- En países como Irán, Japón, Maldivas y Estados Unidos, Amnistía Internacional documentó la ejecución o condena a muerte de personas con discapacidad mental o intelectual.
“Casi la mitad de las ejecuciones de 2024 fueron por delitos de drogas, en violación del derecho internacional que prohíbe la pena de muerte para delitos no violentos.”
Ejecuciones en el mundo: principales países responsables
El incremento global en 2024 se debió en gran medida a Irán, responsable de al menos 972 ejecuciones, lo que representa el 64% del total conocido. Las autoridades iraníes intensificaron el uso de la pena de muerte como instrumento de represión para infundir temor y castigar la disidencia, especialmente tras el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. Entre las víctimas se encuentran personas juzgadas sin garantías y otras condenadas tras “confesiones” obtenidas mediante tortura, incluida una persona con discapacidad mental.
También Arabia Saudí duplicó su número de ejecuciones, pasando de 172 en 2023 a al menos 345 en 2024. Las autoridades saudíes continuaron utilizando la pena capital para silenciar la disidencia política y castigar a miembros de la minoría chií que habían participado en protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013.
Otros países con aumentos significativos fueron:
- Irak, con 63 ejecuciones, cuatro veces más que en 2023;
- Yemen, con al menos 38, el doble que el año anterior;
- y Estados Unidos, donde las 25 ejecuciones representaron la segunda cifra más alta desde 2015. Cuatro estados –Carolina del Sur, Georgia, Indiana y Utah– reanudaron las ejecuciones, y Alabama las triplicó, de dos en 2023 a seis en 2024.
Hubo también señales de esperanza:
- En África subsahariana, las ejecuciones y condenas a muerte disminuyeron aproximadamente un 10%, con Somalia como único país ejecutor (al menos 34).
- En Bangladesh, no se registraron ejecuciones por primera vez desde 2018.
No obstante, las cifras globales no reflejan la verdadera magnitud del problema. China, Corea del Norte y Vietnam siguen ocultando los datos sobre la aplicación de la pena de muerte, que Amnistía Internacional considera de los más altos del mundo. El secretismo y las restricciones a la información impiden llevar a cabo un seguimiento riguroso de las ejecuciones en esos países.
“Irán fue responsable del 64% de todas las ejecuciones registradas en 2024, el porcentaje más alto en una década.”
“Cuando tantos países relegan la pena de muerte al pasado, resulta inaceptable que otros la usen como instrumento de represión.”
Mapa mundial: países que no aplican la pena de muerte. La abolición en el mundo
A pesar del repunte en el número de ejecuciones en 2024, la tendencia mundial sigue siendo claramente abolicionista y sostenida en el tiempo. Cada año, más países renuncian a la pena de muerte y consolidan su compromiso con los derechos humanos.
Amnistía Internacional documentó ejecucion es en 15 países en 2024, la cifra más baja registrada hasta la fecha, frente a los 20 países de 2022 y los 16 de 2023. Esto demuestra que, aunque algunos gobiernos siguen recurriendo a la pena capital, la gran mayoría del mundo la ha dejado atrás.
En África subsahariana, Zimbabue adoptó medidas concretas para abolir la pena de muerte y reflejar ese compromiso en su legislación nacional, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Durante el año, también se registraron nueve exoneraciones de personas condenadas a muerte en tres países: Estados Unidos (3), Japón (1) y Malasia (5).
Al finalizar 2024:
- 113 países son totalmente abolicionistas: han eliminado la pena de muerte para todos los delitos.
- 9 países la han abolido solo para delitos comunes (manteniéndola para delitos excepcionales como los cometidos en tiempos de guerra).
- 23 países son abolicionistas en la práctica: aunque la ley aún contempla la pena de muerte, no han ejecutado a nadie en al menos diez años y se considera que existe una política estable de no ejecución.
- En total, 145 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
- Además, en diciembre de 2024, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de una moratoria global sobre el uso de la pena de muerte, reafirmando el consenso internacional hacia su abolición.
“ Cuando tantos países siguen relegando la pena de muerte al vertedero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo.
Mapa mundial: países que aún aplican la pena de muerte
A pesar de los avances hacia su abolición, la pena de muerte sigue vigente en decenas de países de todo el mundo. En muchos de ellos, su aplicación está marcada por la opacidad, los juicios injustos y la discriminación sistemática.
A finales de 2024, según el último informe de Amnistía Internacional:
- Entre 36 y 38 países mantenían la pena de muerte vigente, es decir, seguían dictando condenas o realizando ejecuciones.
- De ellos, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones durante 2024, la cifra más baja registrada hasta la fecha por Amnistía Internacional.
- La mayoría de las ejecuciones conocidas se concentraron en Irán, Arabia Saudí, China, Irak, Somalia y Estados Unidos.
En Oriente Medio, los gobiernos de Irán y Arabia Saudí encabezan las cifras de ejecuciones y emplean la pena de muerte como instrumento de control social y represión política. En Irán, en lo que va de 2025, las autoridades han ejecutado más de 1.000 personas –el total anual más alto en al menos 15 años–, mientras que en Arabia Saudí se han llevado a cabo 180 ejecuciones entre enero y junio de 2025. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo en febrero de 2025 sus primeras ejecuciones conocidas desde 2021.
En Asia, el gobierno de Japón llevó a cabo su primera ejecución en casi tres años. Taiwan llevó a cabo su primer ahorcamiento desde 2020 en enero de 2025. En China, las cifras permanecen clasificadas como secreto de Estado, pero Amnistía Internacional cree que se ejecutan miles de personas cada año, más que en todo el resto del mundo junto.
En Estados Unidos, la pena de muerte sigue vigente en 24 estados, aunque solo una minoría de ellos realiza ejecuciones de forma regular.
América Latina y Europa son regiones consideradas zonas prácticamente libres de pena de muerte. En América Latina, la mayoría de los países han abolido la pena capital para todos los delitos o no la aplican en la práctica; sin embargo, varios pequeños estados del Caribe aún la mantienen en su legislación (como San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, y Barbados), aunque las ejecuciones en la región son extremadamente raras o inexistentes desde hace más de una década. Europa está libre de ejecuciones salvo la excepción de Bielorrusia, que sigue realizando ejecuciones esporádicas.
“De enero a septiembre de 2025, Irán ha ejecutado a más de 1.000 personas, la cifra más alta registrada en 15 años.”
DATOS Y CIFRAS DE LA PENA DE MUERTE
China
Ejecuta cada año a miles de personas.
145
países, más de dos tercios del mundo, han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
54
países aún recurren a la pena de muerte.
15
países ejecutaron judicialmente
28085
personas permanecen condenadas a muerte en todo el mundo.
+1518
personas fueron ejecutadas en todo el mundo, además de las ejecuciones llevadas a cabo en China, Corea del Norte y Vietnam.
La pena de muerte en España
Las últimas ejecuciones en España
Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Estos fusilamientos se produjeron durante el final de la dictadura franquista, tras juicios sumarísimos sin garantías, y marcaron el último uso de la pena de muerte en territorio español.
La abolición constitucional de la pena de muerte
Con la Constitución de 1978, la pena de muerte quedó abolida en España, excepto en los casos previstos por la legislación militar en tiempos de guerra. El Código Penal Militar la contemplaba como pena máxima para delitos como traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.
El artículo 15 de la Constitución Española sigue incluyendo esa referencia: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”
La abolición total en 1995
La abolición completa llegó en 1995, después de una larga campaña de Amnistía Internacional, de acciones de organizaciones sociales y de iniciativas individuales que reclamaban la eliminación definitiva de la pena capital.
Ese año, la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, abolió la pena de muerte también en tiempo de guerra, con el acuerdo unánime de todos los partidos políticos, convirtiendo a España en un país plenamente abolicionista.
Compromisos internacionales de España
España ha reafirmado su compromiso con la abolición universal de la pena de muerte en todos los foros internacionales.
El 16 de diciembre de 2009, el Estado español ratificó el Protocolo nº13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece la abolición absoluta de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluso en tiempos de guerra.
Además, España ha respaldado de manera constante las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de una moratoria mundial sobre las ejecuciones, y ha promovido activamente la abolición en la Unión Europea y América Latina.
Qué pide Amnistía Internacional al gobierno de España
Aunque España es hoy un país plenamente abolicionista, Amnistía Internacional considera que aún queda un paso pendiente: eliminar toda referencia a la pena de muerte en la Constitución española.
Modificar el artículo 15 para que prohíba expresamente la aplicación de la pena capital reforzaría el compromiso de España con el derecho a la vida y con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de 1975 cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena.”
“La abolicion de la pena de muerte no es una utopía: es una exigencia de justicia y dignidad humana.”
Por qué Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte
Desde sus primeros años, Amnistía Internacional ha luchado por poner fin a la pena de muerte en todo el mundo. Poco después de su creación, en 1961, su fundador Peter Benenson publicó un llamamiento en el diario The Observer denunciando la persecución de personas por sus ideas o creencias: “Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país.”
Ese mensaje marcó el origen de un movimiento global que, desde entonces, defiende el derecho de todas las personas a expresar sus ideas sin temor a ser encarceladas, torturadas o ejecutadas.
En 1977, Amnistía Internacional lanzó su campaña mundial por la abolición de la pena de muerte, cuando solo 16 países la habían eliminado de sus leyes. Casi medio siglo después, el progreso es indiscutible: al finalizar 2024, 113 países habían abolido totalmente la pena de muerte para todos los delitos, y 145 la habían eliminado en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, sea cual sea el delito cometido, las circunstancias o el método de ejecución empleado. La organización considera que este castigo:
- viola el derecho a la vida, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
- constituye la forma más extrema de trato cruel, inhumano y degradante;
- y no tiene efecto disuasorio demostrado, además de ser irreversible ante errores judiciales.
“El aumento de Estados abolicionistas demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución.”
Argumentos contra la pena de muerte
La pena de muerte viola derechos humanos fundamentales, no disuade del crimen y se aplica de forma discriminatoria e injusta. Amnistía Internacional se opone a su uso en todos los casos y circunstancias. A continuación se explican los principales motivos.
1. Niega derechos humanos básicos
Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y vulnerar el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No existe una forma “humana” de ejecutar: toda ejecución es un acto de violencia deliberada del Estado contra una persona indefensa.
2. Es irreversible y se cometen errores
La pena de muerte es definitiva. Si se ejecuta a una persona inocente, el error no tiene reparación posible. En Estados Unidos, se han producido al menos 190 exoneraciones de personas condenadas a muerte desde 1973, según la base de datos del Death Penalty Information Center (DPIC); muchas de ellas ocurrieron después de décadas en el corredor de la muerte, antes de que se demostrara su inocencia, a menudo por nuevas pruebas de ADN, investigaciones posteriores o revisión judicial tras denunciarse mala conducta policial. En otros casos, la inocencia se probó tras la ejecución.
“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron a Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”
3. No disuade del crimen
No hay ninguna prueba de que la pena de muerte reduzca la delincuencia o prevenga los delitos. Los estudios comparativos muestran que los países sin pena de muerte no presentan índices de criminalidad más altos. El encarcelamiento y la prevención social del delito son estrategias más eficaces y humanas.
4. Se aplica en sistemas judiciales injustos
En muchos países, las condenas a muerte se dictan tras juicios gravemente deficientes. En China, Irán y Arabia Saudí, los tres países que más ejecutan, se emplea con frecuencia como instrumento de represión política. Numerosas sentencias se basan en “confesiones” obtenidas mediante tortura o coacción, en violación del derecho a un juicio justo.
5. Se aplica de forma discriminatoria
Las personas pobres o pertenecientes a minorías étnicas, raciales o religiosas tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte, por la discriminación estructural y la desigualdad en el acceso a la justicia. Las personas sin recursos económicos no pueden costear una defensa adecuada, lo que incrementa el riesgo de errores judiciales y condenas injustas.
6. Se usa como herramienta política
En varios países, las autoridades emplean la pena de muerte para castigar la disidencia política y silenciar a quienes critican al gobierno. En contextos autoritarios, la ejecución pública o selectiva de opositores busca infundir miedo y consolidar el poder.
“La pena de muerte no disuade el crimen: lo perpetúa, porque convierte al Estado en ejecutor y socava toda idea de justicia.”
Otros aspectos que agravan la injusticia de la pena de muerte
Ejecución de menores de edad
El derecho internacional prohíbe terminantemente la aplicación de la pena de muerte a personas que fueran menores de 18 años al cometer el delito. Sin embargo, en 2024 al menos ocho personas fueron ejecutadas en Irán y Somalia por delitos cometidos cuando eran menores. La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe esta práctica de forma absoluta.
Falta de transparencia
En muchos países, la pena de muerte se aplica tras un manto de secretismo. China, Corea del Norte y Vietnam siguen ocultando datos oficiales sobre las ejecuciones, impidiendo conocer su verdadera magnitud. En otros casos, las autoridades no informan previamente de las ejecuciones ni a las familias ni a los abogados, lo que constituye una crueldad añadida.
Ejecución de mujeres
Aunque la mayoría de las personas condenadas a muerte son hombres, la pena capital afecta profundamente a las mujeres, tanto de forma directa como indirecta.
En 2024, se tuvo constancia de al menos 44 mujeres ejecutadas en Arabia Saudí (9), Egipto (2), Irak (1), Irán (30) y Yemen (2), según cifras verificadas por Amnistía Internacional. En China también se registraron ejecuciones de mujeres, pero la cifra total permanece desconocida debido a la falta de transparencia oficial, por lo que el número real podría ser superior.
Muchas de ellas habían sufrido previamente violencia o abusos sexuales prolongados, factores que los tribunales no tuvieron en cuenta al dictar sentencia.
“Le debo la vida a Amnistía Internacional. Ahora dedico mi vida a luchar contra la pena de muerte.”
¿Qué pide Amnistía Internacional a los gobiernos?
Amnistía Internacional trabaja para que todas las personas, en cualquier país del mundo, estén libres del riesgo de ser ejecutadas por el Estado.
Por eso, la organización dirige sus esfuerzos a gobiernos, parlamentos y organismos internacionales para lograr la abolición total de la pena de muerte.
Amnistía Internacional pide:
- Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato todas las ejecuciones, establezcan una moratoria oficial y revisen los casos de todas las personas condenadas a muerte.
- Que los Estados que ya no ejecutan a nadie eliminen definitivamente la pena capital de su legislación, para impedir cualquier retroceso.
- Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión, garantizando siempre juicios justos y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Estas medidas son pasos imprescindibles hacia un mundo libre de ejecuciones y de castigos crueles, inhumanos o degradantes.
“¡Acabemos con la pena de muerte en el mundo! La unión hace la fuerza.
¡No te vayas!
Queremos contarte algo
¡No abandones la lucha contra la pena de muerte! Tu apoyo es vital para acabar con esta práctica cruel e inhumana que muchos países utilizan como herramienta de represión contra quienes se oponen al sistema. Uno de ellos es Irán, donde solo en 2024 ejecutaron a 972 personas. Únete a nuestra campaña global para abolir la pena de muerte y se la voz del cambio.
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