Rusia, Afganistán e Irán son tres países donde se practica la tortura de forma sistemática e impune, una lacra agravada por la complicidad activa de los gobiernos que la perpetran y la ausencia de investigaciones eficaces e independientes. Las desapariciones forzadas como herramienta de represión, la reclusión en aislamiento, la privación de asistencia médica y los traslados punitivos no son casos aislados: son políticas de Estado.
En este post te contamos qué está pasando en cada uno de estos países, qué documentan Amnistía Internacional y otros organismos internacionales, y qué exigimos a sus gobiernos para que esto pare.
Rusia: tortura endémica y crímenes de guerra en Ucrania
Una pancarta exige la liberación de Azat Miftakhov, matemático y activista encarcelado en Rusia. Defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y disidentes denuncian torturas, malos tratos y traslados a colonias penitenciarias remotas. © Vincent Koebel/NurPhoto vía Getty Images
En Rusia, la tortura y otros malos tratos bajo custodia siguen siendo una práctica endémica, igual que la impunidad de sus perpetradores. Las personas detenidas soportan condiciones de reclusión inhumanas o degradantes, y a menudo son privadas de asistencia médica y contacto con el exterior. El 92% de los civiles ucranianos liberados entrevistados denunciaron haber sufrido torturas.
En septiembre de 2025, Rusia se retiró oficialmente del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, lo que dice mucho de su falta de voluntad de erradicar estas prácticas abominables.
La tortura suele tener lugar en las sombras, por lo que la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura además de constituir un trato cruel, inhumano o degradante. La desaparición forzada incrementa el riesgo de tortura, y es en sí misma una forma de tortura para la persona desaparecida y para su familia.
Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, opositores y disidentes políticos, como el activista Azat Miftakhov o los defensores de los derechos humanos Bakhrom Khamroev y Aleksei Gorinov, son trasladados para cumplir sus condenas a colonias penitenciarias situadas en zonas remotas del país. Lugares elegidos precisamente por su lejanía: sin testigos, sin visitas, sin acceso a abogados. Allí son sometidos a tortura y otros malos tratos por medios como palizas, descargas eléctricas y amenazas de violación, a manos de personal penitenciario y de reclusos que actuaban siguiendo sus instrucciones. Sus denuncias de tortura suscitan una honda preocupación por el trato que reciben las personas privadas de libertad.
Crímenes de guerra contra prisioneros ucranianos
Persistieron los abusos graves contra los derechos humanos de los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles. Estos abusos incluyeron desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, detención en régimen de incomunicación y aislamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos. Algunos de estos actos son constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se documenta tortura y otros malos tratos generalizados y sistemáticos de prisioneros de guerra ucranianos durante toda su cautividad, así como otras violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales en el campo de batalla y bajo custodia.
Afganistán: tortura sistemática bajo el régimen talibán
Personas detenidas con grilletes en los tobillos en Mazar-e Sharif, Afganistán. Organizaciones de derechos humanos han documentado torturas y otros malos tratos sistemáticos bajo el régimen talibán. ©
Amnistía Internacional
En Afganistán, la tortura es una práctica generalizada de los talibanes. No como exceso puntual de algún carcelero, sino como método deliberado y documentado de control. Las organizaciones de derechos humanos denuncian prácticas como arrancar dientes y uñas, aplicar descargas eléctricas, realizar simulacros de ahogamiento y amenazar con matar a familiares de la víctima.
Las personas detenidas son sometidas a tortura y otros malos tratos de forma sistemática. Según informes de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos como HRD+, Rawadari y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), los talibanes someten a agresiones y abusos sexuales tanto a hombres como a mujeres en detención. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documentó cinco casos de tortura y otros malos tratos infligidos a miembros del funcionariado del anterior gobierno solo entre enero y marzo. Los informes pusieron de manifiesto que las personas pertenecientes a minorías etnorreligiosas, especialmente la comunidad chií y la hazara, sufren un hostigamiento agravado, que incluye insultos y prohibición de realizar prácticas religiosas.
Los talibanes imponen castigos corporales constitutivos de tortura por acusaciones de adulterio, consumo de alcohol, homosexualidad y pederastia, que se suman a las penas de cárcel. Acusaciones que apenas se investigan ni se someten a garantías judiciales: se castigan. La UNAMA informó de que al menos 231 personas fueron sometidas a castigos corporales entre abril y junio.
Dado que los talibanes han desmantelado la legislación y las instituciones jurídicas que existían previamente, resulta casi imposible acceder a un juicio con garantías. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, el Parlamento y los consejos provinciales permanecen disueltos. No hay recurso posible. No hay a quién apelar.
Devoluciones forzadas: complicidad internacional
A pesar de los abusos y violaciones de derechos humanos generalizados perpetrados por los talibanes, varios países —entre ellos Alemania, Austria, Irán, Pakistán, Tayikistán y Turquía— devolvieron a personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas en expulsiones masivas. Personas que habían huido precisamente de lo que estos países les devolvían. Los medios de comunicación y la ONU informaron de casos de disidentes y miembros del funcionariado del anterior gobierno devueltos a Afganistán y sometidos a detención arbitraria y desapariciones forzadas. Los talibanes también sometieron a desaparición forzada a miembros del funcionariado anterior y a personas acusadas de colaborar con sus oponentes.
Irán: castigos corporales, desapariciones y represión de Estado
Protesta en Mahabad, provincia del Kurdistán iraní, en noviembre de 2022. En Irán, las desapariciones forzadas, la tortura y la detención en régimen de incomunicación siguen utilizándose como herramientas de represión.
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En Irán, las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, y la detención en régimen de incomunicación son prácticas generalizadas y sistemáticas. Es un país donde la brutalidad no se ejerce a pesar de la ley, sino a través de ella: es uno de los pocos países del mundo donde se aplican castigos corporales constitutivos de tortura, como flagelaciones y amputaciones, respaldados por la propia legislación del Estado.
Prisión de Evín y condiciones de reclusión inhumanas
Tras el bombardeo aéreo de Israel contra la prisión de Evín en junio de 2025, decenas de personas allí recluidas por motivos políticos fueron sometidas a desaparición forzada durante semanas o meses. Sus familias no sabían si estaban vivas. Centenares de personas más fueron trasladadas a otras cárceles en las que prevalecían condiciones crueles e inhumanas, como hacinamiento, insalubridad, mala ventilación, infestación de ratones e insectos, y acceso insuficiente a agua potable y alimentación. Se siguió negando a las personas presas atención médica adecuada y varias de ellas murieron bajo custodia tras haber sufrido tortura y otros malos tratos.
Represión masiva tras las protestas y los ataques contra Irán
Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente en relación con las protestas nacionales que comenzaron el 28 de diciembre de 2025. Corren el riesgo de ser torturadas y sometidas a otros malos tratos, incluida violencia sexual, y a juicios flagrantemente injustos tras los que se impongan penas de prisión largas y condenas a muerte. Muchas de estas personas continúan sometidas a desaparición forzada.
Desde el comienzo de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con el pretexto de lo que llaman "condiciones de guerra", las autoridades iraníes están intensificando la represión de la disidencia mediante detenciones arbitrarias masivas, procedimientos acelerados carentes de garantías, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos. Más de 6.000 personas han sido detenidas entre manifestantes, periodistas, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas.
Un poder judicial cómplice de la tortura
Las leyes contemplan castigos constitutivos de tortura, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación, los cuales se siguen aplicando de forma habitual. En julio de 2025, el mundo se estremeció ante la noticia de que las autoridades iraníes utilizaron una guillotina para amputar los dedos a tres hombres en la Prisión Central de Urmia, en cumplimiento de penas de castigo corporal impuestas tras juicios manifiestamente injustos y empañados por tortura. Las amputaciones practicadas a estos hombres fueron un crudo recordatorio del prolífico uso del castigo corporal que hace Irán y de la inhumanidad de un sistema de justicia que legaliza la brutalidad.
Los juicios son sistemáticamente injustos, lo que hace que los encarcelamientos y las ejecuciones sean arbitrarios. Las autoridades niegan de manera habitual a las personas detenidas el acceso a asistencia letrada durante las investigaciones, y basan las condenas en confesiones obtenidas mediante tortura, que a menudo son retransmitidas por la televisión estatal. El poder judicial carece de independencia y es cómplice de tortura y otros crímenes de derecho internacional. En Irán, el sistema judicial no falla a pesar de la tortura: funciona gracias a ella.
