El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertaba ya en 2022 de la falta de preparación de los gobiernos ante el aumento de los incendios forestales en el mundo y proyectaba un incremento del 30% para 2050 y del 50% para finales del siglo XXI.
En el verano de 2026, España vive uno de los episodios más graves de su historia reciente: incendios que han devastado cientos de miles de hectáreas, forzado evacuaciones masivas y costado vidas humanas. Una crisis que no es solo medioambiental: es también una crisis de derechos humanos.
Incendios forestales en España en 2026: cifras récord
La temporada de incendios forestales se ha adelantado y agravado en España tras varios episodios de calor extremo y una sequía persistente. Según los avances provisionales del MITECO, a 28 de julio los incendios forestales habían afectado a 173.651,46 hectáreas en lo que va de año, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025.
A esa fecha, España había contabilizado 35 grandes incendios forestales, frente a los siete registrados a 28 de julio de 2025. Además, España encabeza la superficie quemada en la UE en lo que va de 2026 y, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), desde 1980 es el país que ha comunicado más hectáreas quemadas al sistema europeo de información sobre incendios forestales.
Las comunidades más golpeadas son Castilla y León, Galicia, Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, con grandes incendios en distintas zonas del país y una respuesta de emergencia que llegó a activar la declaración de situación operativa nacional. El 24 de julio de 2026, el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila(la primera vez que este mecanismo se activa en España por causa de un incendio forestal), con más de 88.000 personas evacuadas o confinadas en el centro peninsular.
Tras el paso de las llamas, la vegetación arrasada por los incendios forestales deja un paisaje desolador. © Freepik
El fuego y los derechos humanos: lo que deja tras de sí
Se han perdido vidas humanas en incendios como el de Almería y miles de personas contienen la respiración ante el avance de los fuego. Muchas de ellas sólo han encontrado cenizas al volver a sus hogares y pueblos. Además, vivimos con el temor constante por la seguridad de bomberos y voluntariado que participan en las labores de extinción y prevención.
En 2026, los incendios forestales ya han dejado víctimas mortales en España: 14 personas en el incendio de Los Gallardos en Almería.
Los efectos en la salud también pasan por la contaminación atmosférica, porque el humo de los incendios empeora la calidad del aire al liberar partículas finas y otros contaminantes asociados a problemas respiratorios, cardiovasculares e irritación ocular y de las vías respiratorias.
En España, el humo ha deteriorado notablemente la calidad del aire durante los episodios de este verano y puede desplazarse a grandes distancias, cruzando fronteras y afectando también a otros países europeos.
Según datos publicados por la revista científica The Lancet, la contaminación atmosférica asociada a los incendios forestales se relaciona con una media de más de 1,5 millones de fallecimientos anuales entre 2000 y 2019, es decir, más de 30 millones de muertes acumuladas en las dos primeras décadas de este siglo.
Incendios y salud mental
Los efectos en salud mental también deben considerarse: el impacto del confinamiento y/o desplazamiento, la pérdida de recursos ambientales y medios de vida generan miedo, impotencia y desesperación ante el avance de las llamas, emociones que son una constante en los relatos de las personas afectadas. Y en el “día después”, según señala el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pueden derivar en estrés postraumático, ansiedad y depresión asociadas al duelo por las pérdidas materiales o de personas queridas.
La contaminación atmosférica derivada de los incendios también puede tener un efecto en la salud mental. Un estudio del Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Harvard sugiere que, además del posible trauma producido por el fuego, la exposición a partículas finas del humo puede agravar afecciones mentales preexistentes como la depresión, ansiedad y alteraciones del estado de ánimo.
Los incendios forestales arrasan ecosistemas y tienen efectos en los derechos humanos: medioambiente, salud, vivienda, medios de vida y patrimonio cultural. © Freepik
Incendios forestales: impacto en medioambiente, vivienda y patrimonio
A los impactos en el derecho a la vida y la salud se unen e interrelacionan el impacto en el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, el derecho a la vivienda, al agua y la alimentación, los medios de vida y los derechos culturales. A las pérdidas económicas y ecológicas se suma la pérdida de patrimonio material e inmaterial, trágicamente ejemplificada por la devastación en las Médulas, el paraje leonés reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad que fue la mina abierta de oro más grande de Europa en la época romana, arrasado por los incendios del verano de 2025 y aún en proceso de recuperación.
En 2026, el incendio de La Mierla (el mayor de la historia de Castilla-La Mancha) arrasó más de 32.000 hectáreas del entorno del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y fue calificado por la ministra de Transición Ecológica como uno de los grandes incendios de la historia reciente de España. Los de Madrid y Ávila, por su parte, afectaron a zonas de la Red Natura 2000 que albergan especies como el águila imperial ibérica, el buitre leonado o la cigüeña negra, cuya recuperación tardará décadas.
Un escenario desolador cuyos efectos en el medioambiente y las poblaciones tardarán años en neutralizarse.
“Los incendios forestales no son solo destrucción de bosques: vulneran derechos humanos básicos –salud, vivienda, agua, cultura– y agravan desigualdades preexistentes”
El papel humano en los incendios forestales: de las causas a los agravantes
Menos del 10% de los incendios está motivado por causas naturales (habitualmente rayos). Es el factor humano el que explica 9 de cada 10 incendios. Además de los incendios intencionados, por motivaciones económicas o relacionadas con la piromanía, las imprudencias y negligencias juegan un papel importante en prender la llama: una colilla mal apagada, barbacoas no controladas, chispas provocadas por el uso de maquinaria agrícola y forestal, tendidos eléctricos con carencias en su mantenimiento, quemas descontroladas, entre otras.
Tras las causas directas están los factores que propician “la tormenta perfecta”, que hacen más probables y graves los incendios. Entre ellos, deficiencias en la prevención, gestión forestal inadecuada y el abandono del campo son factores que señalan en su análisis organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF. Paradójicamente, una primavera generosa en lluvias ha aumentado la vegetación, que al secarse por el calor extremo del verano se convierte en combustible para los fuegos.
El cambio climático no es la causa directa de los incendios pero sí intensifica el clima propicio para ellos. En un mundo cada vez más caliente se incrementa el riesgo y poder destructor de los fuegos. Así en España, las olas de calor sumadas a las condiciones de sequía a largo plazo, han agravado el riesgo de incendios y su gravedad.
El calor extremo, la sequedad y el viento han sigo los grandes agravantes de este año. Según la AEMET, julio de 2026 empató con julio de 2022 como el mes más cálido de toda la serie histórica en España, no solo entre los meses de julio, sino entre todos los meses del año. Con una temperatura media de 25,7 °C (2,6 °C por encima de lo normal), fue además el julio más seco desde el inicio de la serie en 1961: se registraron solo 4,6 l/m² de precipitación, el 26% de lo habitual.
World Weather Attribution ha analizado las condiciones meteorológicas que favorecieron los incendios en el centro de España y concluye que el cambio climático causado por la actividad humana ha hecho que las condiciones de peligro de incendio de esta intensidad sean, al menos, 20 veces más probables que en un clima preindustrial. En el clima actual, se espera que un episodio semejante ocurra aproximadamente una vez cada seis años en esta zona.
Las lluvias abundantes del invierno favorecieron el crecimiento de la vegetación. Después, el calor excepcional y las precipitaciones muy escasas secaron ese combustible vegetal. Esta sucesión de una etapa húmeda seguida de calor y sequedad extremos aumenta el riesgo de ignición, la rápida propagación del fuego y la dificultad para extinguirlo.
Y además, las grandes cantidades de dióxido de carbono y otras partículas nocivas para la salud liberadas por los incendios contribuyen a su vez al calentamiento global y empeoran la calidad del aire. Se suma la destrucción de masa verde que contribuiría a absorber dióxido de carbono y reducir el calentamiento global. Un círculo vicioso que multiplica los efectos negativos para personas y ecosistemas de todo el mundo.
Los incendios forestales destruyen miles de hectáreas cada año y ponen en riesgo derechos humanos y medioambiente. © Freepik
Qué hacer: prevención efectiva y derechos humanos
La hoja de ruta para reducir la gravedad e impacto de los incendios está clara. Una mejor gestión forestal, promoción de prácticas agrícolas sostenibles, refuerzo de los sistemas de alerta temprana, sensibilización y formación de la población y dotación de medios de extinción adecuados, son algunas de las medidas en las que coinciden las recomendaciones y demandas de organizaciones científicas, ecologistas, sociales…
“Las autoridades deben reforzar la prevención y los sistemas de alerta temprana, sensibilizar y formar a la población y permitir que participe en la toma de decisiones. Siempre con los derechos humanos en el centro.”
Ante la ola de incendios sin precedentes en España, Naciones Unidas establece cinco acciones clave para la prevención de incendios forestales: gestión forestal, urbanismo resiliente, sistemas de alerta temprana, conciencia comunitaria y planificación multirriesgo.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional, resultado de investigaciones en el contexto de desastres como los derivados de la DANA y su gestión, incluyen:
- Revisar sistemas de comunicación, avisos y alerta en emergencias dentro del Sistema de Protección Civil, con estándares internacionales actualizados y planes con personal técnico especializado.
- Protocolizar el uso de ES-Alert en los planes de emergencias autonómicos, garantizando que los organismos competentes pueden, deben y saben utilizar la herramienta.
- Adoptar un enfoque participativo que incorpore plenamente a las poblaciones afectadas en decisión, planificación y seguimiento de la recuperación, con información continua.
- Desarrollar planes de sensibilización y formación ciudadana sobre actuación en emergencias y autoprotección, con simulacros y formación escolar temprana incluida en el currículo.
- Mantener los derechos humanos en el centro de la prevención, respuesta y reparación.
La obligación de los Estados: opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
Es prioritario también abordar el cambio climático como causa estructural de unos incendios cada vez más frecuentes e intensos. La reciente e histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que aclara las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, lo califica de “un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro a todas las formas de vida y a la salud misma de nuestro planeta”. La opinión consultiva aclara que la inacción de los Estados frente a la protección del sistema climático –por ejemplo, mediante la continuidad en la producción de combustibles fósiles o la concesión de licencias y subsidios– puede llegar a constituir un acto internacionalmente ilícito.
“Si no abandonamos con urgencia los combustibles fósiles, los incendios serán más frecuentes e intensos y sus impactos –también en derechos humanos– serán cada vez más devastadores”
Mientras tanto, España sigue subvencionando los combustibles fósiles, en contradicción con sus compromisos climáticos. Según el Informe sobre la Brecha de Emisiones del PNUMA, los compromisos climáticos actuales de los países sitúan al mundo en camino hacia un calentamiento de entre 2,6 y 3,1°C, muy por encima del umbral de 1,5°C del Acuerdo de París.
En el marco de la COP30 en Belém, la Unión Europea presentó su NDC con un objetivo de reducción de entre el 66,25% y el 72,5% para 2035 respecto a 1990. WWF consideró que la propuesta llegaba tarde y no suponía un avance suficiente en ambición climática. España debería defender en los próximos ciclos de revisión un objetivo europeo más alineado con la senda de 1,5 °C.
