Daniel Pearl, Anna Politkóvskaya, Marie Colvin y Jamal Khashoggi, cuatro símbolos del compromiso periodístico con el derecho ciudadano a la información. Nos queda el deber de no olvidar su historia.
Como decía el exdirector de la oficina de Amnistía Internacional en Moscú, Sergei Nikitin, "la lista de periodistas que han muerto haciendo su trabajo es trágicamente larga y constituye un mazazo para sus familias y un duro golpe para sus colegas". Dicho en palabras de Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, es “inaceptable que los periodistas paguen con sus vidas”. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) contabilizó al menos 124 periodistas fallecidos en 2024, procedentes de 18 países. De ese total, 85 perdieron la vida a causa de acciones del Gobierno israelí: 82 en la Franja de Gaza y otros tres en el Líbano. Vista esa trágica realidad desde la perspectiva ciudadana, nos queda el 'deber' de no olvidar a esas víctimas ni su incesante lucha por la verdad.
1.- Daniel Pearl, la "voluntad inflexible de buscar la verdad" (2002)
El periodista Daniel Pearl. © Pearl SIPA
El caso de Daniel Pearl, reportero del 'Wall Street Journal' secuestrado y asesinado en 2002 cuando investigaba redes extremistas en Pakistán tras los atentados del 11-S, marcó un antes y un después en el ejercicio del periodismo en el contexto del terrorismo global, ya que los reporteros se convirtieron en objetivo de los grupos islamistas radicales. Y en su caso, además, con especial crueldad, porque sus captores grabaron en vídeo su decapitación para reforzar el impacto propagandístico. A ello se suma una interminable maraña policial, política y judicial que está perpetuando la impunidad de quienes ordenaron, organizaron y ejecutaron el crimen, que, más de 23 años después, todavía no ha sido resuelto.
Sus padres Judea y Ruth no dudaron en destacar los “ideales que defendió: verdad, humanidad y diálogo”. Y su viuda Mariane, que escribió un libro sobre su vida y su muerte, remachó esa idea cuando en 2011 le concedieron a título póstumo el premio Héroe de la Libertad de Prensa Global del Instituto Internacional de Prensa (IPI): "El periodismo de calidad se define por una voluntad inflexible de buscar la verdad, capacitar a ciudadanos y hacer justicia para todos". La familia estableció la Fundación Daniel Pearl para promover "el respeto mutuo y el entendimiento entre las diversas culturas a través del periodismo, la música y el diálogo", las tres grandes pasiones del periodista.
Daniel Pearl era un periodista experimentado del Wall Street Journal. Había trabajado en las oficinas de Atlanta, Washington y Londres antes de instalarse en Mumbai como corresponsal para el sur de Asia. El 23 de enero de 2002, viajó a Karachi siguiendo una pista relacionada con Richard Reid, el “terrorista del zapato”, quien había intentado hacer estallar un avión meses antes. Allí fue engañado por un hombre que se presentó como fuente, pero que en realidad era Ahmed Omar Saeed Sheikh, un militante islamista con historial de secuestros. Pearl fue secuestrado por un grupo afiliado a Al Qaeda, en una operación organizada por tres células distintas: una lo atrajo, otra lo capturó y una tercera lo asesinó.
Su desaparición provocó una fuerte preocupación internacional. Una semana después, los medios recibieron fotos de Pearl encañonado por sus captores, que exigían mejores condiciones para los presos de Guantánamo.
El 21 de febrero de 2002, un video confirmó lo peor: Daniel Pearl había sido asesinado por decapitación. Tenía 38 años y esperaba a su primer hijo, a quien nunca llegó a conocer. Tres meses después, su cuerpo fue hallado en una tumba poco profunda en las afueras de Karachi.
Vaivenes judiciales en el caso Daniel Pearl
El caso judicial por el secuestro y asesinato de Daniel Pearl ha estado plagado de irregularidades, demoras y decisiones controvertidas. Aunque en 2002 se dictaron condenas –incluida la pena de muerte para Ahmed Omar Saeed Sheikh, señalado como principal responsable–, el proceso nunca estuvo libre de dudas.
La situación dio un vuelco en abril de 2020, cuando un tribunal provincial anuló la pena de muerte de Sheikh, redujo su condena a siete años por “secuestro simple” (ya cumplidos) y absolvió a otros tres acusados. Tras las apelaciones de la familia de Pearl y de la fiscalía, los acusados fueron nuevamente detenidos.
Sin embargo, el 28 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de Pakistán confirmó la absolución de todos ellos, lo que provocó indignación y repudio por parte de la familia del periodista y de la comunidad internacional.
Desde el principio, el caso se ha visto afectado por estrategias dilatorias y falta de voluntad política. Omar Sheikh presentó repetidos recursos alegando un papel menor en los hechos, algo que expertos como el académico y exoficial Hassan Abbas siempre pusieron en duda. Incluso Khalid Sheikh Mohammed, cerebro del 11-S encarcelado en Guantánamo, llegó a autoinculparse en 2007 del asesinato, lo que añadió más confusión.
Los retrasos judiciales, denunciados por la familia Pearl, obstaculizaron otras partes del caso. El padre del periodista denunció públicamente que las apelaciones se habían aplazado más de 30 veces sin justificación clara. Para la viuda de Pearl, Mariane, detrás del bloqueo estaban los servicios de inteligencia paquistaníes.
Las autoridades se han limitado a pedir “paciencia” ante un proceso que, incluso para los estándares locales, ha sido inusualmente lento y opaco. Dos décadas después, la justicia sigue sin ser plena.
La historia de Daniel Pearl es un recordatorio doloroso del precio que muchos periodistas pagan por ejercer su profesión con integridad. Su secuestro y asesinato truncaron una vida comprometida con la verdad. Hoy, más de dos décadas después, su historia sigue viva como símbolo de una prensa libre, valiente y necesaria. Desde Amnistía Internacional, seguimos exigiendo verdad, justicia y garantías de protección para quienes informan desde los lugares más peligrosos del mundo, porque sin libertad de prensa no hay derechos humanos posibles.
2.- Anna Politkóvskaya, el terrible "mensaje de la impunidad" (2006)
Memorial en honor de Anna Politóvskaya. © Amnesty International
La periodista rusa llevaba más de una década informando sobre violaciones de derechos humanos en la Federación Rusa, Chechenia y el norte del Cáucaso cuando, el 7 de octubre de 2006, fue asesinada al entrar en el ascensor del edificio de apartamentos donde vivía en el centro de Moscú.
Sergei Nikitin, que dirigía la oficina rusa de Amnistía Internacional al cumplirse el décimo aniversario del asesinato, señaló que ese "trágico asesinato puso de manifiesto los increíbles riesgos que afrontan quienes intentan denunciar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en Rusia". Y tras recalcar que "hasta que no se haga justicia en su caso, todos los periodistas y activistas estarán en peligro”, advirtió: "La impunidad transmite el mensaje de que es permisible atacar y apalear periodistas". De hecho, remachó, "ahora vemos que en Moscú, Pskov, San Petersburgo y muchas otras ciudades y regiones se producen ataques frecuentes y sin freno contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos".
En diciembre de 2012, Dmitry Pavlyutchenkov —ex teniente coronel y alto cargo de la policía de Moscú— fue condenado a 11 años de prisión por su papel como uno de los organizadores del asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya. Su nombre ya había aparecido anteriormente como testigo clave en el caso.
Posteriormente, en mayo de 2014, cinco personas más fueron condenadas por colaborar en el seguimiento y ejecución del crimen. Entre ellos estaba Rustam Makhmudov, arrestado en 2011 en Chechenia, y señalado como el autor material de los disparos. Ese mismo año, él y su tío Lom-Ali Gaitukayev, identificado como organizador principal del asesinato, fueron condenados a cadena perpetua por un tribunal en Moscú.
Sin embargo, para organizaciones como Amnistía Internacional, estos avances judiciales no son suficientes. La ONG considera que el proceso "dejó demasiadas preguntas sin respuesta" y representa "solo un pequeño paso hacia la justicia". La crítica principal se centra en el hecho de que, hasta el día de hoy, no se ha identificado ni procesado a quienes ordenaron el crimen, lo que deja el caso formalmente abierto.
Politkóvskaya fue una periodista incansable y una defensora inquebrantable de los derechos humanos, especialmente en contextos de conflicto armado. Su cobertura de la guerra en Chechenia la convirtió en una de las pocas voces que denunciaban de forma sistemática los crímenes cometidos por las fuerzas rusas y chechenas contra la población civil. Gracias a su compromiso ético, dio visibilidad a víctimas que, de otro modo, habrían sido silenciadas por la censura y el miedo.
En un entorno cada vez más hostil hacia la prensa libre, nunca dejó de escribir ni de denunciar. A pesar de las amenazas, el acoso y el aislamiento, siguió adelante con la convicción de que contar la verdad era su deber. Esa determinación le costó la vida. Anna Politkóvskaya fue asesinada por hacer lo que todo periodista debería poder hacer sin miedo: contar la verdad.
3.- Marie Colvin, "la valentía es ser testigo” (2012)
Marie Colvin nació en Nueva York, hija de dos profesores de secundaria en la escuela pública. Estudió Antropología en la Universidad de Yale, pero su verdadera vocación surgió cuando tomó un curso con el escritor y periodista John Hersey —ganador del Premio Pulitzer—. Su pasión por contar historias se consolidó escribiendo para el Yale Daily News y editando un boletín sindical.
Comenzó su carrera como reportera local en United Press International (UPI) en Nueva Jersey, pero su primer gran salto llegó en 1984, cuando fue nombrada jefa de la oficina de UPI en París, encargada de la sección internacional. Desde allí cubrió por primera vez Oriente Próximo, una región que capturó su interés y marcaría profundamente su trayectoria.
En 1986 se incorporó al Sunday Times de Londres, medio para el que trabajó durante 26 años cubriendo algunos de los conflictos más cruentos del mundo: Timor Oriental, los Balcanes, Chechenia, Kosovo, Zimbabue, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka y, especialmente, Oriente Medio. Sus crónicas desde la región —incluidas las guerras Irán-Irak, las dos invasiones estadounidenses a Irak y las revueltas de la Primavera Árabe en Túnez, Egipto, Libia y Siria— la convirtieron en una de las corresponsales de guerra más reconocidas y respetadas de su generación.
Ella siempre dejó claro que su mayor interés periodístico no eran las entrevistas con jefes de Estado y líderes militares, sino la población civil y el devastador impacto de la guerra en ella. "Son personas que no tienen voz", remarcaba, y "siento que tengo una responsabilidad moral hacia ellas, que sería cobarde ignorarlas. Si los periodistas tienen la oportunidad de salvar sus vidas, deberían hacerlo".
En 1999 hizo honor a su palabra en Timor Oriental, donde su actitud resultó decisiva para salvar la vida de 1.500 mujeres y niños, atrapados en un recinto de Naciones Unidas por fuerzas respaldadas por Indonesia. Cuando el personal de la ONU y periodistas fueron evacuados, Marie Colvin se negó a abandonar a las personas refugiadas y continuó difundiendo noticias desde allí para denunciar su crítica situación. Naciones Unidas, avergonzada por las informaciones, revirtió su decisión de dejar a estas personas atrás y las evacuó a un lugar seguro.
Su determinación periodística y humana la obligó a enfrentar enormes dificultades para cubrir sus reportajes. En 2001 en Sri Lanka, llevaba días caminando por la selva con guías locales para esquivar a las tropas gubernamentales, cuando el grupo fue atacado. Colvin perdió el ojo izquierdo al ser alcanzada por la metralla de una granada lanzada por un cohete, pero sus heridas no le impidieron enviar su reportaje a tiempo desde la cama del hospital. En cuanto se recuperó, regresó al frente, y desde entonces usó un parche negro en el ojo que la hizo inconfundible en los escenarios de conflictos.
En febrero de 2012, mientras el gobierno de Damasco intentaba impedir que periodistas extranjeros cubrieran la guerra civil sin su permiso, Marie Colvin entró en Siria en la parte trasera de una motocicleta de motocross y se dirigió a la ciudad de Homs, que estaba siendo bombardeada por el ejército. Su última transmisión fue en la noche del 21 de febrero (se conectó con la BBC, Channel 4, CNN e ITN News gracias a un teléfono satelital), cuando describió los "despiadados" bombardeos y ataques de francotiradores contra civiles como el peor conflicto que jamás había vivido. "Es una mentira absoluta que solo persigan a terroristas. El ejército sirio está bombardeando una ciudad de civiles muertos de frío y hambre", remarcó.
El 22 de febrero de 2012, cohetes sirios segaron de raíz su esfuerzo informativo al caer sobre el centro de prensa improvisado donde se alojaba junto a otros periodistas. El bombardeo mató a Colvin y al fotógrafo francés Rémi Ochlik, y causó heridas al fotógrafo británico Paul Conroy, al traductor sirio Wael al-Omar y a la periodista francesa Edith Bouvier.
El gobierno sirio pretendió esquivar su responsabilidad con una autopsia realizada en Damasco que achacaba el asesinato de Colvin a un "artefacto explosivo improvisado lleno de clavos" supuestamente colocado por terroristas mientras huían del edificio. Pero esa versión fue rechazada por el fotógrafo Conroy, quien señaló al fuego de la artillería siria como causa. Otras fuentes periodísticas que estaban preparando su salida de Homs coincidieron en señalar al ejército sirio, identificado mediante señales telefónicas por satélite.
Nadie explicó mejor que ella sus motivos para cubrir guerras: "Mi trabajo es dar testimonio. Nunca me ha interesado saber qué modelo de avión acaba de bombardear un pueblo". La misión de la prensa, recalcó, "es decir la verdad al poder. Enviamos a casa ese primer borrador de la historia. Podemos marcar la diferencia, y de hecho lo hacemos, al exponer los horrores de la guerra y, en especial, las atrocidades que sufren las personas civiles". De ahí una de sus frases favoritas: "La valentía es ser testigo". Y de ahí el título de un perfil periodístico sobre su figura: "Mujer obsesionada con destapar la verdad".
Galardonada en numerosas ocasiones, su vida como reportera fue recogida en un libro ("In Extremis: The Life of War Correspondent Marie Colvin", biografía escrita por Lindsey Hilsum, corresponsal internacional de Channel 4 News) y en dos películas, 'Under the wire' ('Misión mortal'), documental de Christopher Martin que recoge su último viaje, y “A Private War” ('La Corresponsal'), dirigida por Matthew Heineman, escrita por Arash Amel y protagonizada por Rosamund Pike en el papel de Colvin.
4.- La sentencia Khashoggi, una operación de encubrimiento (2018)
Protesta frente al consulado saudí en Estambul por el asesinato de Jamal Khashoggi. © Arnaud Andrieu/SIPA
En el caso de Jamal Khashoggi, periodista saudí exiliado en Estados Unidos, columnista del 'Washington Post' y crítico con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, se mezclan las prácticas represivas de un régimen autoritario y su capacidad para bloquear una investigación fiable independiente, el poder económico y estratégico de Arabia Saudí para esquivar el escrutinio internacional y la tolerancia de otros países con intereses en la región.
El 2 de octubre de 2018, Khashoggi fue asesinado y desmembrado con una sierra de huesos en el consulado saudí en Estambul cuando acudió a recoger unos documentos para casarse. Su muerte desató una gran ola internacional de indignación. Según un informe de inteligencia estadounidense, siete miembros del equipo que llevó a cabo la operación pertenecían a una unidad de élite (la Fuerza de Intervención Rápida, FIR) encargada de proteger al príncipe Mohammed, un dato que reforzaba las sospechas sobre este, que por su parte negó públicamente cualquier conocimiento sobre lo sucedido.
Las autoridades saudíes cerraron el caso en 2019 tras dictarse sentencias condenatorias de hasta 20 años de prisión contra ocho personas en un juicio a puerta cerrada que careció de credibilidad y transparencia. Un informe de Naciones Unidas publicado en junio de ese año por Agnès Callamard –entonces relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias– concluyó que Jamal Khashoggi había sido víctima de “una ejecución extrajudicial premeditada de la que es responsable el Estado de Arabia Saudí.
En el quinto aniversario del asesinato, la propia Agnès Callamard, que en 2021 había asumido la secretaría general de Amnistía Internacional, declaró que "el camino a la justicia por su muerte sigue totalmente bloqueado", ya que "aún no ha habido una investigación penal independiente e imparcial sobre el papel desempeñado por altos cargos".
La secretaria general de Amnistía Internacional recordó que la desaparición, tortura y asesinato de Khashoggi "constituyen crímenes de derecho internacional que deben ser investigados con urgencia y que podría enjuiciar cualquier Estado en virtud de la jurisdicción universal". Y reprochó a la comunidad internacional que "en lugar de presionar a favor de la justicia" por ello, "siga desplegando la alfombra roja para los dirigentes de Arabia Saudí en cualquier oportunidad, anteponiendo los intereses diplomáticos y económicos a los derechos humanos”.
El reproche a la comunidad internacional cobra aún más sentido a la luz de las revelaciones del New York Times en 2021, que desvelaron que cuatro de los agentes saudíes implicados en el asesinato de Jamal Khashoggi recibieron entrenamiento paramilitar en Estados Unidos solo un año antes del crimen. La instrucción, proporcionada por la compañía de seguridad Tier 1 Group —propiedad de la firma de capital privado Cerberus Capital Management— fue aprobada inicialmente en 2014 por el Departamento de Estado bajo la administración Obama y continuó al menos durante el primer año de Trump. Según el contrato, la formación era de “naturaleza defensiva”, destinada a proteger a altos cargos saudíes, pero tuvo lugar en un contexto de creciente represión interna ordenada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, incluyendo detenciones y persecución de la disidencia.
Tanto la empresa como el Departamento de Estado negaron cualquier responsabilidad en el asesinato de Khashoggi. Cuando la CIA concluyó que el príncipe heredero saudí había dirigido la operación, Donald Trump sostuvo que las pruebas no eran concluyentes y priorizó la relación económica y diplomática de Estados Unidos con Arabia Saudí. Posteriormente, ya bajo el mandato del presidente Biden, Washington anunció sanciones contra varios saudíes relacionados con el asesinato, pero evitó sancionar directamente al príncipe heredero.
A Amnistía Internacional le preocupa especialmente que, desde el asesinato de Khashoggi, las autoridades saudíes encabezadas por Mohammed bin Salman han intensificado su implacable campaña de represión de la libertad de expresión con total impunidad.
Desde Amnistía Internacional seguimos denunciando la impunidad de este crimen, exigiendo una investigación penal independiente y reclamando responsabilidades, incluidas las de más alto nivel. Pero también seguimos haciendo lo que más temen quienes quisieron callar a Khashoggi, a Marie Colvin, a Politóvskaya y a Pearl: defender la libertad de expresión, proteger a quienes la ejercen, y trabajar para que ningún gobierno pueda asesinar la verdad con total impunidad.
