La pena de muerte es en sí misma una medida cruel e injusta que vulnera el derecho humano quizás más elemental de todos: el derecho a la vida. Pero hay ocasiones en que esta injusticia irreparable es aún mayor si cabe: cuando se demuestra que la persona ya ejecutada era inocente.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la culpabilidad o la inocencia de la persona acusada, de las circunstancias del delito o del método de ejecución. Pero además, uno de los argumentos para exigir su abolición total es la posibilidad de ejecutar a personas inocentes.
El riesgo de ejecutar a una persona inocente es mucho mayor de lo que solemos imaginar. Según la organización Death Penalty Information Center, desde 1973, al menos 200 personas han sido condenadas injustamente a muerte en Estados Unidos y posteriormente exoneradas.
Pero no todas tuvieron la misma suerte. En algunos casos, las pruebas que demostraban su inocencia llegaron cuando la ejecución ya se había llevado a cabo. Cada uno de esos casos es la prueba más clara de que la pena de muerte, lejos de impartir justicia, perpetúa la injusticia.
Esta es la historia de quienes sufrieron una de las peores injusticias: perder la vida por un delito que no cometieron.
Joe Arridy y el error judicial que selló su destino en la cámara de gas
Joe Arridy (derecha), ejecutado en 1939 en Colorado pese a su discapacidad intelectual. Su caso es símbolo de los errores judiciales en la pena de muerte. Foto de dominio público
Joe Arridy fue un hombre con una discapacidad intelectual severa que terminó siendo víctima de una de las injusticias más estremecedoras del sistema judicial estadounidense. Nacido en 1915, fue condenado por el asesinato de una joven en Colorado en 1936, a pesar de que no existían pruebas sólidas que lo vincularan con el crimen.
La policía lo arrestó tras obtener una "confesión" altamente cuestionable. Durante el interrogatorio, fue presionado para declarar, aunque apenas comprendía lo que ocurría. A pesar de que su testimonio resultaba inconsistente y presentaba múltiples contradicciones, las autoridades lo aceptaron como prueba válida.
“Con una discapacidad intelectual severa, Joe Arridy fue ejecutado sin entender siquiera de qué se le acusaba.”
Su juicio fue rápido, sin una defensa adecuada, y el jurado lo condenó a muerte. A lo largo de su estancia en prisión, Arridy mostró signos claros de no entender la gravedad de su situación. En sus últimos días, jugaba con un tren de juguete, y su comportamiento fue el de un niño, ajeno a la magnitud de la pena que se le imponía.
El 6 de enero de 1939, Joe Arridy fue ejecutado en la cámara de gas, a pesar de las crecientes dudas sobre su culpabilidad. Su última comida fue un helado, y cuando se le informó de su ejecución, su respuesta fue: "No, no, Joe no morirá".
El caso de Joe Arridy se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema penal, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad intelectual. Más de 70 años después de su ejecución, en 2011, el estado de Colorado le concedió un perdón póstumo: el primero en su historia. La decisión se basó en dos hechos irrefutables: la abrumadora evidencia de su inocencia y su severa discapacidad intelectual.
George Stinney, el niño ejecutado injustamente
Lápida de George Stinney, ejecutado a los 14 años en 1944 y exonerado 70 años después. Su caso evidenció el racismo en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Foto Wikimedia
George Stinney tenía solo 14 años cuando fue ejecutado en la silla eléctrica en 1944 en Carolina del Sur, convirtiéndose en la persona más joven en ser ejecutada en el siglo XX en Estados Unidos. Fue declarado culpable del asesinato de dos niñas blancas de 7 y 11 años tras un juicio que apenas duró unas horas y con un jurado compuesto únicamente por hombres blancos.
“Tenía solo 14 años cuando fue ejecutado tras un juicio racista que duró apenas unas horas.”
Stinney, un niño afroamericano, fue arrestado sin pruebas físicas en su contra y sometido a un interrogatorio sin abogado ni sus padres presentes. La policía aseguró que había confesado, pero no quedó registro de esta supuesta confesión. Su abogado apenas presentó defensa y el jurado tardó solo 10 minutos en condenarlo a muerte.
Durante décadas, su ejecución fue un símbolo de la injusticia racial en Estados Unidos. No fue hasta 2014, 70 años después, cuando un juez anuló la condena al considerar que su juicio había sido una "grave injusticia". Te contamos su caso con más detalle en este post.
Lena Baker, víctima de un sistema que nunca la escuchó
Lápida de Lena Baker, ejecutada en 1945 en Georgia tras un juicio injusto. Fue indultada en 2005, seis décadas después de su ejecución. Foto Wikimedia
Lena Baker, una mujer afroamericana de 44 años, fue ejecutada en la silla eléctrica en 1945 en el estado de Georgia tras ser declarada culpable del asesinato de Ernest Knight, un hombre blanco para el que trabajaba como cuidadora. Baker afirmó que había actuado en defensa propia al temer por su vida, ya que Knight la retenía contra su voluntad y la amenazaba con matarla con una barra metálica.
“Lena Baker fue ejecutada por defender su vida: la justicia no escuchó su historia”
Su juicio fue rápido y sin garantías. Apenas duró unas horas y el jurado, compuesto únicamente por hombres blancos, tardó menos de 30 minutos en condenarla a muerte. Su abogado designado de oficio no presentó apenas una defensa y, aunque se interpuso una apelación, fue rechazada. El gobernador de Georgia, Ellis Arnall, le concedió un breve aplazamiento de la ejecución, pero su sucesor, Herman Talmadge, abiertamente segregacionista, permitió que siguiera adelante sin contemplaciones. El 5 de marzo de 1945, Lena Baker fue ejecutada en la prisión estatal de Georgia.
Durante décadas, su caso fue recordado como un símbolo de la discriminación racial en el sistema judicial. No fue hasta el año 2005, 60 años después de su ejecución, cuando el estado de Georgia le concedió un indulto póstumo, reconociendo que nunca tuvo un juicio justo y que su condena fue un error judicial impulsado por el racismo de la época.
Timothy Evans, la condena errónea que cambió la historia de la pena de muerte en el Reino Unido
Timothy Evans, ejecutado en 1950 en el Reino Unido por un crimen que no cometió. Su caso fue clave para abolir la pena de muerte. Foto de dominio público
Timothy Evans tenía solo 25 años cuando fue ahorcado el 9 de marzo de 1950, tras ser condenado por el asesinato de su esposa, Beryl, y su hija de un año, Geraldine, en Londres. Con serias dificultades para leer y escribir, Evans fue víctima de un sistema judicial que fracasó rotundamente en detectar las numerosas irregularidades de su caso.
Tras su detención, fue sometido a una intensa presión policial que lo llevó a firmar una confesión falsa. A pesar de sus incoherencias evidentes, esa declaración fue aceptada como prueba válida por las autoridades.
Durante el juicio, Evans recibió una defensa legal deficiente. Pruebas clave que apuntaban a su inocencia fueron ignoradas y, a pesar de las dudas razonables, el jurado lo declaró culpable. Fue condenado a muerte y ejecutado en la prisión de Pentonville, en medio de una creciente controversia que ya empezaba a rodear su caso.
“Timothy Evans murió por un crimen que no cometió; el verdadero asesino fue descubierto poco después de su ejecución.”
Poco después de su ejecución, el verdadero culpable salió a la luz. John Christie, vecino de Evans, fue arrestado y confesó no solo los asesinatos de Beryl y Geraldine, sino también otros de varias mujeres más. Christie, un asesino en serie, fue ejecutado en 1953. Su confesión sacudió a la opinión pública y abrió un debate nacional sobre los errores judiciales y los peligros de la pena de muerte.
El caso de Timothy Evans generó una profunda indignación social y marcó un punto de inflexión en la percepción del sistema de justicia británico. En 1966, el gobierno le concedió un indulto póstumo y en 2003, su condena fue oficialmente anulada. Su historia, junto con la de Derek Bentley, fue determinante en el camino hacia la abolición de la pena de muerte en el Reino Unido.
Derek Bentley, cuando la justicia llega 45 años tarde
Derek Bentley, ahorcado en 1953 en Londres por un crimen que no cometió. Su indulto póstumo llegó 45 años después. Foto de dominio público
Derek Bentley tenía solo 19 años cuando fue ahorcado en 1953 por su participación en un robo en Londres en el que fue asesinado un policía. En realidad, fue declarado culpable por "responsabilidad conjunta" puesto que él no disparó el arma. De hecho, antes del disparo parece que pronunció la frase Let him have it (Déjaselo tener) que la fiscalía interpretó como una orden de disparar, mientras que la defensa argumentó que era justo lo contrario, una instrucción para rendirse.
“No disparó el arma, pero fue ahorcado igualmente: su condena tardó 45 años en anularse.”
Además de por esta controversia, la condena generó mucha polémica en el Reino Unido porque diferentes estudios señalaron que Derek presentaba una discapacidad intelectual. Primero se dio un indulto póstumo, pero no fue hasta 1998, tras una larga campaña impulsada primero por sus padres y continuada por su hermana, cuando un tribunal de apelación anuló la condena de Derek Bentley señalando diversos errores del juicio.
Su caso, junto al de Timothy Evans, fue clave para la abolición de la pena de muerte en el Reino Unido, aprobada en 1965 para el delito de asesinato, y finalmente en 1998 para todos los delitos.
Hassan y Arash, cuando la pena de muerte se usa para reprimir
En la imagen, de arriba a la izquierda a abajo a la derecha: Ali Mojadam, Mansoureh Dahmardeh, Ebrahim Narouie, Shoeib Mirbaluchzehi Rigi, Kambiz Khorout, Arash (Sarkawt) Ahmadi, Mansour Hout, Nezamoddin Hout, Habib Deris, Moein Khanfari, Mohammad Reza Mojadam, Seyed Adnan Mousavi, Hassan Abyat, Seyed Salem Mousavi. © Private
Tras las protestas bajo el lema “Mujer, vida, libertad” en Irán, el régimen iraní comenzó una escalada de represión contra cualquier voz discrepante. Por tanto, en estos casos no podemos hablar tanto de errores judiciales como de una intención clara de usar la pena de muerte con fines intimidatorios y para eliminar cualquier oposición a las autoridades que gobiernan el país. Desde entonces, las autoridades han incrementado de manera alarmante las ejecuciones, utilizándolas como instrumento de represión estatal y control social.
En 2025, Irán ha alcanzado la cifra más alta de ejecuciones anuales en al menos los últimos 15 años: más de 1.000 personas ejecutadas en apenas nueve meses. Amnistía Internacional denuncia que las autoridades continúan usando la pena de muerte para sofocar la disidencia y “sembrar el miedo”, en lo que constituye un ataque directo al derecho a la vida.
“En 2025, Irán alcanzó su cifra más alta de ejecuciones en 15 años –más de 1.000 personas en apenas nueve meses–, en una ofensiva letal contra los derechos humanos.”
Entre las víctimas recientes figuran disidentes políticos, miembros de minorías étnicas oprimidas y personas acusadas de delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante los tribunales revolucionarios. Fue el caso del árabe ahwazí Hassan Abyat y del kurdo Arash Sarkawt. Ambos confesaron asesinatos tras haber sufrido torturas y fueron condenados por el difuso delito de “enemistad con Dios”, aunque parece claro que el verdadero motivo fue su pertenencia a grupos de oposición política. Sus confesiones se retransmitieron en los medios estatales y las ejecuciones se produjeron en secreto, sin avisar a las familias ni permitirles una última visita. Es difícil imaginar mayor crueldad.
La represión también afecta de forma desproporcionada a minorías como la afgana, baluchi y kurda. Al menos dos mujeres kurdas, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi, están condenadas a muerte y corren riesgo inminente de ejecución.
Muchas más personas de las minorías ahwazí, kurda y baluchi siguen condenadas a muerte en juicios injustos en los últimos años. En septiembre de 2025, Amnistía Internacional documentó la ejecución arbitraria de Babak Shahbazi, tras un juicio en el que las autoridades nunca investigaron sus denuncias de tortura y malos tratos.
Por desgracia, se teme que en muchos otros países donde se aplica la pena de muerte –y con sistemas judiciales opacos como China o Arabia Saudí– puedan producirse numerosos casos similares de los que nunca tendremos noticia.
Estos casos nos enfrentan a una verdad incómoda pero ineludible: mientras exista la pena de muerte, existirá el riesgo de cometer errores irreparables, de ejecutar a personas inocentes y de utilizar la justicia como herramienta de represión. Ningún sistema judicial es infalible. Y ningún Estado debería tener el poder de quitar la vida. Por eso Amnistía Internacional continúa denunciando su uso, documentando casos y exigiendo su abolición total. Porque creemos en una justicia que no mate y que respete los derechos humanos.
La abolición de la pena de muerte no es solo una cuestión de justicia, sino de humanidad. Ningún error judicial debería costar una vida.
