Manifestantes protestan contra la reintroducción del «Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros» en la Plaza de la Primera República (Plaza de la Revolución Rosa) de Tiflis, Georgia, el 15 de abril de 2024. © Davit Kachkachishvili/Anadolu vía Getty Images
Los derechos humanos son el conjunto de derechos, libertades y garantías que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Protegen nuestras libertades básicas y establecen las condiciones necesarias para vivir en igualdad, libertad y seguridad, independientemente del origen, la identidad, la situación social o las creencias de cada persona.
Hoy, su necesidad es más evidente que nunca. Los conflictos, la tortura, la aplicación de la pena de muerte, las desapariciones forzadas, la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, la violencia contra mujeres y niñas, la discriminación del colectivo LGBTIQ+, la represión de la libertad de expresión, el impacto del cambio climático o las violaciones de derechos en el ámbito digital demuestran que los derechos humanos no son una idea abstracta: afectan a nuestra vida cotidiana y al futuro de nuestras sociedades.
Comprender qué son los derechos humanos y por qué siguen siendo esenciales es el primer paso para defenderlos.
Los derechos humanos se basan en tres principios fundamentales que explican por qué son válidos para todas las personas y en cualquier circunstancia. Estos principios están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada en 1948, y en los principales tratados internacionales que conforman el marco central del sistema universal de protección: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Pertenecen a todas las personas por igual.
No dependen de la nacionalidad, la identidad, el género, las opiniones, la religión, la orientación sexual, la situación administrativa o cualquier otra condición. Como establece la DUDH: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La universalidad implica que nadie, ningún Estado ni ningún otro actor puede excluir a un grupo o colectivo del disfrute de estos derechos.
No pueden ser suprimidos ni enajenados.
Los derechos humanos no se “conceden”: son nuestros por el mero hecho de ser personas. Ninguna autoridad puede anular esos derechos ni ignorarlos de forma legítima, ni siquiera en circunstancias extraordinarias.
Aunque algunos derechos pueden estar sujetos a restricciones que sean estrictamente necesarias y proporcionadas –por ejemplo, para proteger la seguridad nacional, el orden público o los derechos de otras personas–, los Estados no pueden eliminar por completo la protección de un derecho humano ni vaciarlo de contenido.
Existe, además, un núcleo de derechos que nunca pueden ser restringidos, como la prohibición de la tortura o la prohibición de la esclavitud, protegidos por normas inderogables del Derecho Internacional.
Todos los derechos humanos tienen el mismo valor y están estrechamente conectados.
No existen derechos “más importantes” que otros: respetar unos y descuidar otros rompe el equilibrio necesario para garantizar la dignidad humana. La vulneración de un derecho afecta al ejercicio de los demás.
Por ejemplo:
Además, todos los derechos humanos deben ejercerse en condiciones de igualdad y sin discriminación para que su protección sea efectiva para todas las personas, sin distinción de género, origen, orientación sexual, religión, situación socioeconómica, discapacidad, edad u otra condición.
Los derechos humanos, tal y como los entendemos hoy, son el resultado de un proceso histórico. Sus raíces se remontan a distintas tradiciones filosóficas, religiosas y políticas, pero fue tras las atrocidades del siglo XX cuando la comunidad internacional dio pasos decisivos para reconocerlos y protegerlos en un marco jurídico común.
A lo largo de la historia han existido ideas y documentos que anticipaban la noción de derechos humanos –como algunas normas del derecho romano, algunos principios emanados de la Escuela de Salamanca (s. XVI), cartas de derechos o movimientos abolicionistas–, pero su formulación moderna está marcada por los horrores de la Primera y, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto y otros crímenes masivos contra la población civil, junto con la destrucción generalizada, evidenciaron la necesidad de fijar límites claros al poder de los Estados y un lenguaje común para proteger la dignidad humana. En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con, entre otros objetivos, el de promover y alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas.
En este contexto, la Asamblea General de la ONU adoptó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Por primera vez, la comunidad internacional recogía en un solo texto un conjunto amplio de derechos y libertades que corresponden a todas las personas, sin distinción.
La DUDH está compuesta por 30 artículos que abarcan, entre otros, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la esclavitud, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia, religión y expresión, la libertad de reunión y asociación, el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado. Aunque no es un tratado jurídicamente vinculante, se considera el punto de partida del derecho internacional de los derechos humanos y una referencia ética y política para todos los Estados. Sus principios han inspirado constituciones, leyes y tratados en todo el mundo.
“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar y, por ello, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario.”
Para dar fuerza jurídica a los principios recogidos en la Declaración, la ONU aprobó en 1966 dos tratados fundamentales:
El PIDCP protege, entre otros, el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad, así como las libertades de expresión, reunión, asociación, pensamiento, conciencia y religión, el derecho a un juicio justo y la participación en la vida pública.
El PIDESC reconoce derechos como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo en condiciones justas y favorables, la seguridad social, la alimentación adecuada y la participación en la vida cultural.
Junto con la DUDH, estos dos Pactos se conocen a menudo como la Carta Internacional de Derechos Humanos. A diferencia de la Declaración, los Pactos sí son jurídicamente vinculantes para los Estados que los ratifican y están supervisados por comités de personas expertas independientes.
Con el tiempo, el sistema internacional de derechos humanos se ha ido ampliando con tratados que protegen a colectivos específicos o abordan determinados tipos de violaciones. Entre los más relevantes se encuentran, por ejemplo:
Cada uno de estos tratados crea obligaciones específicas para los Estados que los ratifican y cuenta con mecanismos de seguimiento propios. En conjunto, forman una red normativa destinada a hacer efectivos los derechos humanos en la práctica y a ofrecer vías de protección cuando estos derechos son vulnerados.
“Ninguna persona ni colectivo debe quedar sin protección.”
Los derechos humanos se suelen agrupar en distintas categorías para facilitar su estudio y comprensión. Una de las clasificaciones más utilizadas distingue entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos o de solidaridad.
Esta división es útil desde el punto de vista pedagógico, pero no implica jerarquía: todos los derechos son igualmente importantes y, como hemos visto, son indivisibles e interdependientes.
“Los derechos humanos se suelen clasificar en civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y derechos colectivos, pero todos tienen la misma importancia y se sostienen entre sí.”
Los derechos civiles y políticos protegen la integridad de las personas, sus libertades básicas y su participación en la vida pública. Están orientados, sobre todo, a limitar los abusos de poder y a garantizar que cada persona pueda vivir libre de interferencias arbitrarias por parte del Estado.
Entre los principales derechos civiles y políticos se encuentran, entre otros:
Muchas de las violaciones que solemos asociar de forma inmediata con los derechos humanos –como la tortura, las detenciones arbitrarias, la censura o la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos– afectan principalmente a este grupo de derechos.
Estos derechos están protegidos principalmente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966.
“Los derechos civiles y políticos son el freno al abuso de poder: protegen nuestra vida, nuestras libertades y nuestra participación en las decisiones que nos afectan.”
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se refieren a las condiciones materiales, sociales y culturales necesarias para que las personas puedan vivir con dignidad y desarrollar sus proyectos de vida. Obligan a los Estados a adoptar medidas –incluidas leyes, políticas públicas y presupuestos– para garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios básicos.
Entre los principales DESC se encuentran, entre otros:
A diferencia de lo que a veces se piensa, estos derechos también son exigibles y generan obligaciones jurídicas concretas. El derecho internacional reconoce que los Estados deben avanzar de forma deliberada y constante hacia la plena realización de estos derechos, utilizando los máximos recursos disponibles. Sin embargo, existe un nivel mínimo de obligación inmediata: garantizar que todas las personas tengan acceso a lo esencial (alimentación básica, vivienda, salud fundamental…) sin retrocesos injustificados, lo que se conoce como obligaciones mínimas esenciales y principio de no regresividad.
Estos derechos están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966.
Los llamados derechos colectivos o de solidaridad hacen referencia a derechos cuyo titular no es solo la persona individual, sino pueblos, comunidades o la humanidad en su conjunto. Están vinculados a desafíos globales que requieren cooperación entre Estados y una respuesta colectiva. Entre ellos se suelen incluir, por ejemplo:
Aunque estos derechos no están reconocidos de la misma forma ni con el mismo grado de detalle en los tratados internacionales, la idea de que ciertos bienes, como la paz, el clima o los recursos naturales compartidos, deben protegerse en beneficio de las generaciones presentes y futuras forma parte cada vez más del lenguaje y la práctica de los derechos humanos.
Los derechos humanos no son una idea abstracta ni un concepto reservado a los tratados internacionales. Están presentes en muchas facetas de nuestra vida que nos afectan cotidianamente: en cómo funciona la justicia, en el acceso a la educación o la sanidad, en las condiciones de trabajo, en la forma en que se trata a las personas migrantes o en la posibilidad de expresar opiniones sin miedo.
A continuación se recogen algunos ejemplos de cómo se vulneran o se protegen distintos derechos humanos en la práctica.
El derecho a la vida es la base de todos los demás derechos. Sin embargo, en algunos países se sigue aplicando la pena de muerte, a menudo tras juicios injustos, con confesiones obtenidas bajo tortura o en procedimientos que discriminan por razón de origen, clase social o nacionalidad.
Cuando un Estado ejecuta a una persona, no solo priva de forma irreparable de la vida a un ser humano, sino que reproduce la misma violencia que el Estado condena como delito.
“La pena de muerte es una violación irreversible del derecho a la vida.”
La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos de forma absoluta en todas las circunstancias. Aun así, siguen utilizándose para castigar, intimidar o arrancar confesiones durante detenciones e interrogatorios.
Estos abusos pueden producirse en comisarías, prisiones, centros de detención, en el marco de conflictos armados... La detención en régimen de incomunicación facilita particularmente la tortura y puede constituir en sí misma una forma de trato cruel, inhumano o degradante. Para prevenirla, son esenciales salvaguardas como el acceso inmediato a un abogado y a un reconocimiento médico independiente, la posibilidad de contactar con la familia y la supervisión de los lugares de detención. Documentar estos casos, llevarlos ante los tribunales y garantizar reparación a las víctimas es fundamental para que la prohibición de la tortura se convierta en una realidad.
El derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación se vulnera cuando a una persona se le niegan derechos por motivos como su género, su origen étnico, su orientación sexual, su identidad de género, su discapacidad, su edad, su religión o su situación socioeconómica.
Algunos ejemplos cotidianos son: la violencia contra mujeres y niñas, las leyes que criminalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, la denegación de servicios a personas migrantes o refugiadas, o la falta de accesibilidad que impide a personas con discapacidad participar en igualdad de condiciones. Las políticas de igualdad y las leyes contra la discriminación son herramientas clave para corregir estas desigualdades.
La libertad de expresar opiniones, informarse, reunirse pacíficamente y participar en la vida pública es esencial para cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en muchos países se detiene, se amenaza o se agrede a personas que participan en protestas pacíficas, periodistas o defensores y defensoras de derechos humanos que denuncian abusos.
Cuando se criminalizan las protestas, se cierran medios de comunicación o se persigue a quienes critican al poder, no solo se vulneran derechos individuales: se debilita el espacio cívico y se envía un mensaje de miedo que amedrenta y neutraliza al conjunto de la sociedad.
“Sin igualdad real ni libertad para expresarnos y protestar, los derechos humanos se quedan sin voz.”
El derecho a buscar asilo y obtener protección internacional, a no ser devuelto a un lugar donde se corra riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos y a ser tratado con dignidad se ve comprometido cada vez que una persona es empujada a rutas migratorias peligrosas, detenida arbitrariamente o devuelta sin garantías.
Las devoluciones en caliente, la falta de vías seguras y legales, la ausencia de protección para quienes huyen de conflictos, persecución o crisis climáticas, o las condiciones indignas en centros de acogida y detención son ejemplos claros de cómo se vulneran derechos civiles, políticos, económicos y sociales a la vez.
Los derechos a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno se ven afectados cuando los sistemas de salud no cumplen su función o colapsan por falta de inversión, cuando millones de niñas y niños no pueden ir a la escuela, cuando las familias viven amenazadas por desalojos forzosos o cuando las condiciones laborales ponen en riesgo la vida y la salud de las personas trabajadoras.
Recortes presupuestarios injustificados, políticas que aumentan la desigualdad o la falta de protección social afectan con más fuerza a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Garantizar un mínimo esencial de estos derechos para todas las personas es una obligación inmediata de los Estados.
“Buscar asilo, tener un techo, acceder a la salud o a la escuela no son privilegios: son derechos humanos que los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar.”
Los derechos humanos reconocen a todas las personas como titulares de derechos, pero no todos los actores tienen las mismas obligaciones jurídicas. En el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados son los principales responsables de respetar, proteger y garantizar estos derechos. Sin embargo, no son los únicos actores que pueden vulnerarlos o contribuir a su cumplimiento: también las empresas, los grupos armados y la sociedad en su conjunto tienen responsabilidades claras.
“Los derechos humanos nos pertenecen a todas las personas, pero su cumplimiento es responsabilidad de los Estados, las empresas, los grupos armados y la sociedad en su conjunto.”
Los Estados son los principales garantes de los derechos humanos. Al ratificar tratados internacionales, asumen obligaciones jurídicas frente a la comunidad internacional y frente a las personas bajo su jurisdicción. Estas obligaciones suelen resumirse en tres verbos: respetar, proteger y garantizar (o cumplir).
“Un Estado que no respeta, no protege y no garantiza los derechos humanos no está cumpliendo su función: está abusando del poder que se le ha confiado.”
Las empresas no tienen las mismas obligaciones jurídicas que los Estados en el marco de los tratados de derechos humanos, pero sí tienen la responsabilidad de respetarlos en todas sus actividades. Esto significa que deben:
Las violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial pueden incluir, por ejemplo, condiciones laborales abusivas, trabajo infantil, contaminación que afecta a comunidades enteras, desalojos forzosos para proyectos extractivos o represalias contra personas que defienden el territorio y el medio ambiente. Los Estados, por su parte, deben regular y supervisar a las empresas para que estas respeten los derechos humanos.
Los grupos armados no estatales, milicias y otros actores presentes en conflictos armados también pueden cometer graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Aunque no sean Estados, están obligados a respetar unas normas mínimas: no atacar a la población civil, no practicar ejecuciones sumarias, no recurrir a la tortura, no reclutar a niñas y niños ni llevar a cabo desapariciones forzadas, entre otras conductas.
En la práctica, estos grupos controlan a veces territorios y poblaciones, y ejercen funciones que se asemejan a las de un Gobierno. En esos casos, su responsabilidad de respetar los derechos de las personas bajo su poder es aún mayor.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos documentan sus abusos y trabajan para que quienes los ordenan o los perpetran rindan cuentas. En los casos más graves, sus crímenes pueden ser investigados y juzgados por tribunales nacionales o internacionales, incluidos los que actúan bajo el principio de justicia universal.
Aunque el derecho internacional de los derechos humanos se dirige principalmente a los Estados, todas las personas tienen la responsabilidad de respetar los derechos de las demás. Esto implica, por ejemplo, no participar en actos de violencia, discriminación o incitación al odio, así como rechazar comportamientos que atentan contra la dignidad de otras personas.
Las personas particulares, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los centros educativos y otros actores de la sociedad también desempeñan un papel fundamental a la hora de promover una cultura de derechos humanos: educar en igualdad, combatir estereotipos discriminatorios, apoyar a quienes defienden los derechos humanos y exigir a los poderes públicos que cumplan sus obligaciones. Los derechos humanos se hacen realidad no solo con leyes, sino también con las decisiones y actitudes que adoptamos en nuestra vida diaria.
Los derechos humanos no se garantizan solo porque estén reconocidos en una declaración o en un tratado internacional. Para que tengan efecto real, es necesario contar con normas, instituciones, mecanismos de control y vías de recurso que permitan prevenir abusos, investigar violaciones, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
La protección de los derechos humanos funciona en varios niveles: internacional, regional y nacional, y se refuerza con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que defienden los derechos humanos.
“Los derechos humanos no se cumplen por estar escritos: necesitan leyes e instituciones independientes y el trabajo de víctimas, organizaciones y ciudadanía activa que vigilen, denuncien y utilicen los mecanismos para exigir justicia y reparación.”
En el ámbito de Naciones Unidas existen distintos mecanismos que supervisan el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.
Por un lado, están los órganos de tratados: comités de personas expertas independientes que supervisan la aplicación de cada uno de los principales tratados de derechos humanos. Además, elaboran observaciones generales en las que interpretan el alcance de los derechos reconocidos en esos tratados y orientan a los Estados sobre cómo cumplir sus obligaciones. Estos comités:
Además, existe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano intergubernamental encargado de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Entre sus mecanismos destacan:
Estos mecanismos no sustituyen a los sistemas de justicia nacionales, pero desempeñan un papel crucial de vigilancia, presión internacional y orientación sobre cómo cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos.
“Los mecanismos internacionales de la ONU no sustituyen a la justicia nacional, pero vigilan, presionan y orientan a los Estados para que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos.”
Además del sistema universal, existen sistemas regionales que ofrecen protección adicional y, en algunos casos, permiten a las personas recurrir a tribunales internacionales cuando los mecanismos internos del Estado no han dado respuesta.
Entre los principales sistemas regionales se encuentran:
Estos órganos pueden recibir denuncias sobre violaciones de derechos humanos, emitir recomendaciones, dictar sentencias y, en algunos casos, ordenar medidas de reparación. Su existencia refuerza la protección frente a abusos graves y ofrece una vía adicional cuando la justicia nacional no responde.
El primer nivel de protección de los derechos humanos es el sistema jurídico de cada país. Ahí es donde se toman la mayoría de decisiones que afectan a la vida cotidiana de las personas.
A nivel interno, los derechos humanos se protegen a través de:
Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales, los colegios profesionales, los sindicatos, los colectivos vecinales y otros actores de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos humanos. Entre otras cosas, contribuyen a:
La ciudadanía también tiene un papel fundamental: informarse, participar en iniciativas colectivas, apoyar campañas, firmar peticiones, exigir rendición de cuentas a las autoridades, votar y defender un espacio cívico en el que se pueda opinar y organizarse sin miedo.
Los derechos humanos se vuelven reales cuando existen instituciones que los garantizan, mecanismos que permiten exigirlos y personas y organizaciones dispuestas a defenderlos frente a la indiferencia, el abuso o la impunidad.
“Los derechos humanos avanzan cuando organizaciones y ciudadanía incomodan al poder, denuncian abusos y protegen a quienes no pueden hacerlo.”
No exactamente. Los derechos humanos son los reconocidos en el plano internacional, en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de la ONU. Los derechos fundamentales suelen ser los derechos recogidos en la Constitución o en las leyes de cada país. En muchos casos coinciden, pero puede haber diferencias en el alcance, las garantías y los mecanismos para hacerlos valer.
Los estándares internacionales de derechos humanos son universales en su alcance y sirven de referencia común para todos los Estados. Además, los tratados específicos crean obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados que los ratifican.
Sin embargo, el grado de protección real puede variar mucho: algunas constituciones reconocen más garantías, otras menos; algunos países cuentan con tribunales independientes y recursos efectivos, mientras que en otros la impunidad es la norma. El objetivo del sistema internacional es reducir esas diferencias y acercar la práctica al estándar común.
Algunos derechos pueden estar sujetos a limitaciones en circunstancias concretas (por ejemplo, la libertad de expresión cuando se trata de apología del odio que constituya incitación a la violencia, la discriminación o la hostilidad, o la libertad de circulación por motivos de seguridad). Estas limitaciones deben ser siempre legales, necesarias, proporcionadas y no discriminatorias. Otros derechos, como la prohibición de la tortura o de la esclavitud, no pueden restringirse nunca, ni siquiera en situaciones de emergencia.
Sí. Las personas condenadas por un delito no pierden sus derechos humanos. Pueden ver limitada su libertad (por ejemplo, mediante una pena de prisión), pero siguen protegidas frente a la tortura, los tratos crueles o inhumanos, la discriminación o las condiciones de detención indignas. El respeto de los derechos humanos en prisiones y centros de detención es un indicador clave del estado de derecho en un país.
Los principios básicos —dignidad, igualdad, no discriminación— se mantienen, pero la forma de aplicarlos evoluciona. Con el tiempo se han reconocido nuevos ámbitos, como los derechos de las personas con discapacidad, la protección frente a las desapariciones forzadas o el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. También aparecen desafíos nuevos, como la vigilancia masiva o el impacto de la inteligencia artificial, que exigen interpretar los derechos humanos a la luz de las realidades actuales.
“La calidad de una democracia se mide también por cómo trata a las personas privadas de libertad.”
Cuando un Estado viola derechos humanos, las víctimas pueden recurrir a tribunales nacionales, a instituciones independientes (como defensorías del pueblo) y, en muchos casos, a organizaciones de derechos humanos que ofrecen acompañamiento y apoyo. En determinadas circunstancias, y normalmente tras agotar los recursos internos, es posible acudir a mecanismos regionales o internacionales, como los comités de la ONU o tribunales regionales de derechos humanos. Además, la comunidad internacional puede ejercer presión diplomática y, en casos graves y sostenidos, adoptar medidas como sanciones. La movilización de la sociedad es clave para exigir verdad, justicia y reparación.
La diligencia debida en derechos humanos es el proceso continuo mediante el cual, sobre todo, las empresas —y también los Estados en determinadas actividades— identifican, previenen, mitigan y rinden cuentas por los impactos negativos de sus actuaciones sobre las personas y el medio ambiente. Incluye evaluar riesgos, consultar a las comunidades afectadas, integrar los resultados en las decisiones empresariales y establecer mecanismos de reparación cuando se han causado daños.
Los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad: son el marco indispensable para que la seguridad sea legítima y efectiva. Las limitaciones a derechos como la libertad de expresión, reunión o privacidad deben cumplir el test de proporcionalidad: ser legales, necesarias, proporcionadas y no discriminatorias.
Frente al terrorismo o amenazas reales, el Estado puede y debe actuar, pero usando medidas que respeten el derecho internacional. La tortura, los juicios injustos, las detenciones arbitrarias o la vigilancia masiva no hacen más segura a una sociedad: la hacen más vulnerable, generan resentimiento y alimentan el ciclo de violencia.
El orden público no puede fundarse en el miedo. La protesta pacífica es un derecho, no una amenaza. Cuando los Estados criminalizan la protesta, cierran espacios cívicos o usan la seguridad como excusa para limitar derechos, no están protegiendo a la sociedad: están debilitando las instituciones democráticas y erosionando la confianza ciudadana.
La experiencia demuestra que las sociedades que mantienen límites firmes al poder del Estado son más estables, más prósperas y más seguras a largo plazo. Cuando la seguridad se persigue al margen de los derechos humanos, deja de ser verdadera seguridad y se acerca a la violencia institucional y al autoritarismo.
“La protesta pacífica es un derecho humano.”
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