Ser periodista hoy es jugarse la vida en muchos rincones del mundo. Contar la verdad, revelar abusos, dar voz a quien no la tiene... se ha convertido en una amenaza. Literalmente.
Amnistía Internacional viene denunciando que los gobiernos de muchos países siguen controlando y restringiendo la información al violar los derechos humanos de quienes trabajan para difundirla.
En muchas regiones del mundo, “matar al mensajero” no es una metáfora, sino una trágica realidad. Al sacar a la luz violaciones de derechos humanos, quienes ejercen el periodismo se convierten con frecuencia en blanco de las mismas amenazas, intimidaciones y violencias que denuncian. Sin embargo, los Estados, responsables de proteger los derechos fundamentales, tienen el deber de garantizar la libertad de expresión y poner fin al hostigamiento, la tortura y los asesinatos de periodistas.
Vigilancia ilegal y tecnología espía
En la última década, una amenaza global a la libertad de prensa, constatada por la sociedad civil y por el propio periodismo, es el modo en que gobiernos de todo el mundo han vigilado ilegítimamente a periodistas mediante herramientas tecnológicas desarrolladas por empresas privadas. Tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones han advertido que el comercio y despliegue opacos de estas tecnologías por parte de los Estados, en especial software espía, ha repercutido negativa y gravemente en las libertades de los medios de comunicación de todo el mundo.
El Proyecto Pegasus ya reveló en 2021 la escala global de la vigilancia ilegítima facilitada por el software desarrollado por la compañía israelí NSO Group. Posteriores indagaciones han obligado a los gobiernos a tomar nota del abuso del software espía y tomar medidas contra algunos de los distribuidores más conocidos. Sin embargo, el proyecto Archivos Predator, coordinada por la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC) y en la que ha colaborado Amnistía Internacional, ha evidenciado que la acción gubernamental no ha sido ni adecuada ni eficaz para acabar con el abuso del software espía.
Atendiendo a contextos concretos donde en los últimos tiempos existen situaciones críticas para el periodismo y la libertad de prensa, hay que señalar los casos de Israel, Rusia, Irán, China, México y EEUU.
Una manifestante a favor de Palestina sostiene una publicación propalestina durante una concentración frente al edificio del New York Times, tras la muerte del periodista palestino Hossam Shabat. © SOPA Images/SIPA/2503280804
Israel y Palestina: informar bajo fuego
En Israel y el Territorio Palestino Ocupado, la persecución y ataques a periodistas se ha convertido en una herramienta más para violar los derechos humanos. En octubre de 2023, Issam Abdallah, periodista de Reuters, murió como consecuencia de un ataque israelí en el sur de Líbano. Otros seis periodistas resultaron heridos mientras viajaban recabando información sobre el terreno debidamente identificados como prensa. En las mismas fechas, Nidal al Waheidi y Haitham Abdelwahed, periodistas de la Franja de Gaza ocupada, fueron detenidos por las fuerzas israelíes cuando informaban de los ataques de Hamás en el sur de Israel. Desde esa fecha, las autoridades israelíes se niegan a revelar su paradero y los fundamentos de derecho que sustentan su detención.
En septiembre de 2024, las autoridades israelíes impusieron el cierre de la sede de Al Jazeera en Ramala durante 45 días, un duro ataque a la libertad de prensa y un intento del gobierno israelí de limitar la información sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario, tanto en la Cisjordania ocupada como en la Franja de Gaza ocupada. Esta medida ilustra claramente los extremos a los que las autoridades israelíes están dispuestas a llegar para protegerse de una cobertura informativa crítica y del escrutinio público.
Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), al menos 116 periodistas y otro personal de medios de comunicaciónhan sido víctimas de homicidio en Israel y el Territorio Ocupado de Palestina desde octubre de 2023. Por su parte, los informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF) indican que actualmente permanecen detenidos por el Ejército israelí al menos 25 periodistas palestinos, 20 de ellos arrestados tras el inicio de la guerra en Gaza. Esta misma organización también ha condenado, por ejemplo, el ataque israelí que acabó con la vida del corresponsal de Al JazeeraHossam Shabat el 24 de marzo, cuando un dron atacó su vehículo en Beit Lahya, en el norte de la Franja; se le acusó de presuntamente pertenecer a las ramas armadas de Hamás y dirigir la Yihad Islámica en Palestina, acusación recurrente utilizada también contra otros periodistas de Al Jazeera asesinados por las fuerzas israelíes, como Ismail al Ghoul, Hamza al Dahdouh y Mustafa Thuraya.
Rusia: cárcel para las voces críticas
La situación de los derechos humanos en Rusia se ha deteriorado continuamente en los últimos 10 años. Las autoridades han restringido gravemente los derechos de las personas a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, desplegando todo un arsenal de leyes y prácticas que contrastan con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Desde que comenzó la agresión contra Ucrania, en febrero de 2022, las autoridades rusas han utilizado de forma habitual la aplicación del artículo 207.3 del Código Penal (“difundir a sabiendas información falsa sobre las fuerzas armadas rusas”) y el artículo 318 (“utilizar la violencia contra representantes de las autoridades”) como táctica para controlar la opinión pública.
La periodista rusa Maria Ponomarenko en el tribunal. © SOTA
Pueden señalarse como significativos notorios casos de periodistas en prisión. La activista y periodista Natalya Filonova, de la ciudad de Ulán-Udé, en el este de Siberia, en prisión desde que en 2022 fuera detenida en una protesta contra el reclutamiento y después por una causa penal en aplicación del artículo 318 del Código Penal. También está encarcelada la periodista Maria Ponomarenko, de Barnaúl (krai de Altái), que trabajaba para el medio digital RusNews y que fue condenada a seis años de prisión por hacer publicaciones en las redes sociales sobre el bombardeo del teatro de Mariupol (16 marzo 2022), donde murieron cientos de civiles9. Esta condena fue ampliada en marzo de 2025, basándose en cargos falsos de atacar a dos guardias —claramente una cortina de humo para castigarla por no cambiar de opinión y por defender la justicia—. Asimismo, Alsu Kurmasheva, periodista del servicio Tatar-Bashkir de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), fue sentenciada en un juicio celebrado en secreto en julio de 2024 a seis años y medio en una colonia penal por supuestamente difundir “noticias falsas” sobre el ejército ruso, y también acusada de no registrarse como “agente extranjero” (Artículo 330.1), un delito tipificado en la ley rusa utilizado a menudo para penalizar las voces disidentes.
Irán, China y Hong Kong: censura, represión y control
Por lo que se refiere a Irán, la libertad de prensa es prácticamente inexistente. Las autoridades iraníes siguen censurando medios de comunicación e interfiriendo canales de televisión por satélite, y bloqueando o restringiendo el acceso a aplicaciones móviles y plataformas de redes sociales para evitar la difusión de imágenes que muestren el descontento de la población o la brutalidad con que las fuerzas de seguridad reprimen las protestas pacíficas en el país. En este sentido es notable en particular la draconiana aplicación de medidas sobre el uso obligatorio del velo y las sanciones y penas impuestas a las mujeres que desafían dichas leyes. En el periodo previo al Día Internacional de la Mujer de 2025, las autoridades iraníes advirtieron contra la reunión de mujeres y su reivindicación de derechos, y el 7 de marzo, al día siguiente de que varias periodistas participaran en un acto de prensa en Teherán sin llevar el pañuelo, la agencia de noticias Mizan, órgano de prensa del poder judicial, emitió una declaración calificando sus actos de “contrarios a la decencia pública”, emprendiéndose acciones judiciales contra ellas.
En China "provocar peleas y crear problemas" es el cargo habitual que se aplica, con hasta cinco años de prisión, a quien trata de difundir información no autorizada por el gobierno. El enorme control gubernamental sobre los medios de comunicación ha generado desde hace años el llamado "periodismo ciudadano", un movimiento creciente de "periodistas" no profesionales que ayudan, a riesgo de su seguridad personal, a que se conozca una gran parte de la realidad en el país. A través de estas diferentes vías se intenta hacer frente a la barrera gubernamental para la libre información que hace que, en internet, la simple mención de palabras como Tiananmen bloquee inmediatamente el intento de comunicación.
El magnate de los medios Jimmy Lai es visto en el tribunal de West Kowloon antes de su juicio, en Hong Kong. © SOPA Images/SIPA/2010151723
Por aquel motivo está detenida la “periodista ciudadana” Zhang Zhan, quien, tras cumplir condena por haber informado sobre el COVID-19 en los primeros días de la pandemia, es sometida a vigilancia por las autoridades, intimidando también a su familia y a su abogado. Por idéntico motivo de “provocar peleas y crear problemas” fue también detenido a comienzos de 2024, y condenado a prisión, el cineasta Chen Pinlin, autor del documental La Avenida de Urumqi donde recoge las llamadas “protestas de los papeles en blanco”, movimiento que se extendió tras las muertes en el incendio de un edificio de apartamentos de Urumqi (24 noviembre 2022), que muchas personas atribuyeron a las excesivas restricciones por el COVID-19. Por su parte, en Hong Kong, al periodista Jimmy Lai se le acusó de “connivencia con fuerzas extranjeras” por publicaciones en su periódico Apple Daily, siendo detenido en 2020 y con varias condenas actualmente.
México: el país más letal para periodistas en América
Respecto a México, según la amplia documentación recopilada por el CPJ (Comité para la Protección de los Periodistas) desde 1992, se puede concluir que es el país más peligroso del hemisferio occidental para el periodismo: desde el comienzo del siglo, al menos 158 periodistas y otro personal de medios de comunicación han sido asesinados. Asimismo, puede decirse que la impunidad es la norma en los delitos contra la prensa, pues en el Índice Global de Impunidad publicado también por el CPJ anualmente, el país figura sistemáticamente entre los diez con el número más elevado de asesinatos de periodistas que continúan sin resolverse.
En mayo de 2024, Amnistía Internacional y el CPJ presentaron el informe “Nadie garantiza mi seguridad”, una investigación conjunta en la que, con entrevistas a periodistas bajo amenaza, se evaluó esta situación. El informe muestra su indefensión frente a amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos, así como la impunidad de los crímenes ejecutados para silenciar sus voces y las debilidades de la protección que les ofrece el Estado, puesto que, pese a las primeras medidas tomadas hace más de una década por el Gobierno mexicano, el riesgo que afrontan miles de profesionales del periodismo sigue siendo altísimo. Los mayores índices de peligro se encuentran fuera de la Ciudad de México, en particular entre quienes cubren la información para medios locales y regionales sobre delincuencia en general, bandas organizadas y corrupción política.
En cuanto a Estados Unidos, las recientes decisiones del presidente Donald Trump están afectando de forma preocupante a la libertad de prensa, dentro del propio país y más allá. Un caso significativo es el desmantelamiento de Radio Free Asia (RFA), uno de los principales medios que informan de violaciones de derechos humanos en Asia, lo que, por otra parte, denota cierta incoherencia ideológica de la Casa Blanca, puesto que se renuncia a un instrumento de probada eficacia y de referencia para audiencias internacionales respecto a la batalla por las ideas.
También es de señalar la situación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), una agencia federal supervisada por el Congreso para aplicar y hacer cumplir las leyes estadounidenses relativas a la comunicación donde, desde que el presidente Trump nombró a Brendan Carr para su dirección, se vienen utilizando ciertos procedimientos —por ejemplo, amenazas de revocaciones de licencia y aperturas de investigaciones— contra medios de comunicación independientes a los que Trump ha atacado reiteradamente, con el fin de desacreditarlos y silenciarlos.
