Hoy por hoy, las guerras siguen muy presentes en casi todas las regiones del mundo, causando muertes, desplazamientos y destrucción. Con decenas de conflictos armados activos en la actualidad es necesario conocer qué normas deben regirlos conforme al derecho internacional.
En este post respondemos a todas tus dudas sobre los crímenes de guerra, sus consecuencias y sanciones.
Niños en las calles de Raqqa, Siria, una ciudad devastada por los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado. © AI
Leyes de la guerra o Derecho Internacional Humanitario (DIH)
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), también conocido como leyes de la guerra, limita la conducta de las partes en un conflicto armado. Su objetivo es disminuir el sufrimiento humano y proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades, como la población civil, las personas heridas o los prisioneros de guerra.
El origen del DIH se remonta al siglo XIX, con la Convención de Ginebra de 1864, considerada el primer gran hito en la codificación de normas internacionales para proteger a los militares heridos en campaña. Este tratado marcó también el nacimiento de la Cruz Roja Internacional.
Desde entonces, se han aprobado nuevos Convenios de Ginebra y protocolos adicionales que ampliaron la protección en los conflictos armados. El establecimiento de sanciones frente a las violaciones de estas normas llegó tras los Juicios de Núremberg (1945), que sentaron las bases del Derecho Penal Internacional.
Vista aérea de Thantlang, Myanmar, donde más de 160 edificios fueron destruidos por bombardeos de la Junta militar, un crimen de guerra. © STR/AFP vía Getty Images
Qué son los crímenes de guerra según el Derecho Internacional
Los crímenes de guerra son violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas durante conflictos armados internacionales o no internacionales. Su definición principal se encuentra en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, así como en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Bajo este marco se consideran crímenes de guerra, entre otros:
- El homicidio intencional, incluidas las ejecuciones sumarias.
- La tortura, los tratos inhumanos o degradantes, y los experimentos médicos ilegales.
- La deportación, el traslado forzoso, la toma de rehenes y el confinamiento ilegal de personas protegidas.
- Los ataques deliberados contra la población civil o contra bienes civiles que no sean objetivos militares (hospitales, escuelas, patrimonio cultural).
- El asesinato o maltrato de prisioneros de guerra o de personas que han depuesto las armas.
- El reclutamiento, alistamiento o utilización de niños y niñas menores de 15 años en hostilidades.
- La violencia sexual, incluida la violación, la esclavitud sexual o el embarazo forzado.
- El uso de armas químicas o biológicas o el impedimento de acceso a ayuda humanitaria.
- Otras violaciones graves del DIH son los ataques desproporcionados que causan daños excesivos a la población civil.
En definitiva, estos actos atentan contra la dignidad humana en tiempos de guerra. Los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar tales delitos. La Corte Penal Internacional solo interviene cuando los Estados no pueden o no quieren actuar por sí mismos. La persecución de los crímenes de guerra es imprescriptible bajo el Estatuto de Roma y constituye una responsabilidad compartida de la comunidad internacional.
“Los crímenes de guerra no prescriben: no hay límite de tiempo para investigarlos, juzgarlos y sancionarlos.”
Protección de la población civil en tiempos de guerra
Uno de los objetivos fundamentales del Derecho Internacional Humanitario es la protección de la población civil, consagrada principalmente en el IV Convenio de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales. Este deber se asienta en principios esenciales:
- Principio de distinción: las partes en conflicto deben diferenciar en todo momento entre combatientes y civiles, así como entre objetivos militares y bienes civiles, protegiendo especialmente a quienes no participan directamente en las hostilidades.
- Principio de proporcionalidad: incluso cuando se ataca un objetivo militar legítimo, está prohibido causar daños incidentales excesivos a la población civil o a los bienes civiles, en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
- Precauciones en el ataque: existe la obligación de tomar todas las medidas posibles para evitar o minimizar el daño a civiles y bienes protegidos.
En consecuencia, los civiles nunca pueden ser blanco de ataques deliberados. Si resultan víctimas civiles durante operaciones militares, el ataque solo será legal si se dirige a un objetivo militar concreto, se han tomado todas las precauciones viables y el daño no resulta desproporcionado.
Los bienes civiles –como hospitales, escuelas, viviendas, infraestructuras de agua y energía o patrimonio cultural– gozan de protección reforzada. Atacarlos de manera intencionada, utilizarlos con fines militares prohibidos, forzar el desplazamiento de la población o impedir la asistencia humanitaria constituye una violación grave del DIH y puede clasificarse como crimen de guerra.
El DIH exige, además, un trato humanitario sin discriminación para todas las personas civiles, con protección especial a grupos vulnerables como niños, mujeres, personas mayores, enfermos o personas con discapacidad. También obliga a garantizar el acceso de la ayuda humanitaria y medidas para proteger a las familias frente al desplazamiento y la separación.
Personas palestinas inspeccionan los daños tras ataques aéreos israelíes en Beit Hanun, Gaza, en medio de crímenes de guerra contra la población civil. © Mahmedu Hams/AFP vía Getty Images
Quién puede ser juzgado por crímenes de guerra y cómo
El Derecho Internacional Humanitario establece las normas que regulan la guerra, pero no fija las penas para quienes las infringen. La responsabilidad penal individual recae siempre en las personas –no en los Estados–, y cada país tiene la obligación de investigar y juzgar los crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.
Cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar, interviene el Derecho Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma (1998), puede asumir los casos en tres situaciones:
- Cuando los tribunales nacionales no ejercen su jurisdicción.
- Cuando el crimen se comete en territorio de un Estado parte o lo comete un nacional de un Estado parte.
- Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite el caso, incluso si el Estado no es parte del Estatuto de Roma.
Un ejemplo histórico fue la primera condena de la CPI en 2012 contra Thomas Lubanga, líder de un grupo armado en la República Democrática del Congo, declarado culpable de reclutar y utilizar a niños y niñas soldados. Este fallo marcó un hito en la lucha contra la impunidad.
Además de la CPI, algunos Estados aplican el principio de jurisdicción universal, que permite investigar y enjuiciar crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar del mundo, sin importar la nacionalidad de víctimas o perpetradores. La cooperación internacional refuerza este principio mediante mecanismos como la extradición, la asistencia judicial mutua y el traslado de personas condenadas. Los Estados tienen la obligación de extraditar o juzgar a los presuntos responsables de crímenes de guerra (aut dedere aut judicare), según los Convenios de Ginebra y otros tratados relevantes.
Antes de la creación de la CPI, la comunidad internacional también recurrió a tribunales penales internacionales ad hoc, como los de la ex Yugoslavia y Ruanda, que sentaron precedentes clave en la consolidación de la justicia penal internacional.
En definitiva, ninguna posición de poder ofrece inmunidad: jefes de Estado, líderes militares o responsables políticos pueden ser llevados ante la justicia si ordenan, cometen o permiten la comisión de crímenes de guerra.
“El poder no otorga inmunidad: jefes de Estado, altos mandos militares o responsables políticos pueden ser llevados ante la justicia por crímenes de guerra.”
Thomas Lubanga Dyilo durante su juicio en la Corte Penal Internacional (CPI), la primera condena por crímenes de guerra en 2012. © APGraphicsBank
¿Prescriben los crímenes de guerra?
Los crímenes de guerra no prescriben. Esto significa que no existe un límite de tiempo para su investigación, enjuiciamiento o sanción.
Incluso si esos actos no constituyen un delito en la legislación interna del Estado donde fueron cometidos, siguen siendo imprescriptibles bajo el Derecho Internacional Humanitario.
Este principio está reconocido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diversos tratados internacionales, y busca garantizar que los responsables de crímenes de guerra no puedan eludir la justicia simplemente por el paso del tiempo.
Fosas comunes en Irpin, Ucrania, tras ataques indiscriminados contra la población civil durante la invasión rusa. © John Moore/Getty Images
Principales crímenes de guerra actuales
Gaza
Desde octubre de 2023, la población civil de Gaza ha sido víctima de ataques indiscriminados, bombardeos masivos y bloqueos que han provocado una crisis humanitaria sin precedentes. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, incluidos ataques desproporcionados contra áreas residenciales, hospitales, escuelas e infraestructuras esenciales.
Estos ataques han causado la muerte de decenas de miles de civiles, la destrucción generalizada de bienes civiles y el desplazamiento forzoso de la población. Además, el bloqueo impuesto a Gaza ha impedido la entrada suficiente de ayuda humanitaria, lo que agrava la falta de alimentos, agua, medicinas y combustible.
Por su parte, grupos armados palestinos también han cometido crímenes de guerra, como el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra centros de población en Israel y la toma de rehenes civiles el 7 de octubre de 2023, lo que constituye una violación grave del Derecho Internacional Humanitario.
La magnitud y persistencia de estas violaciones han llevado a expertos de la ONU y a organismos internacionales a subrayar la necesidad urgente de investigaciones independientes y rendición de cuentas.
Ucrania
Este conflicto armado internacional no está exento de vulneraciones al Derecho internacional Humanitario.
Amnistía Internacional ha documentado que, durante 2024 y 2025, las fuerzas rusas intensificaron ataques indiscriminados e ilegítimos contra la población civil en Ucrania, incluyendo el bombardeo de hospitales y escuelas, así como el uso reiterado de municiones de racimo y otras armas prohibidas, que han causado un elevado número de víctimas infantiles. Investigaciones recientes señalan que decenas de civiles –entre ellos muchos niños y niñas– han muerto o resultado heridos en ciudades como Sumy y Kyiv debido a estos ataques, que constituyen crímenes de guerra.
Etiopía
Desde 2020, Etiopía sigue atrapada en una escalada de conflictos armados y en graves violaciones de derechos humanos que han implicado a las Fuerzas de Defensa Nacional y a milicias afines, especialmente en las regiones de Amhara y Tigray. Amnistía Internacional ha documentado homicidios ilícitos, ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados y desplazamientos forzados; muchas de estas violaciones constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos con un alto grado de impunidad por parte de las autoridades etíopes.
La violencia sexual sigue siendo uno de los crímenes más extendidos. Amnistía Internacional ha constatado cómo cientos de mujeres y niñas han sido víctimas de violación, esclavitud sexual, secuestros, mutilaciones y torturas a manos de las fuerzas armadas y milicias aliadas al gobierno. Este patrón de violencia de género, utilizado como estrategia de guerra, ha dejado graves consecuencias físicas y psicológicas en las supervivientes y constituye una de las violaciones más atroces del conflicto.
Siria
Desde el inicio del conflicto armado en 2011, Siria se ha convertido en uno de los escenarios más graves y documentados de crímenes de guerra y otras graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Según informes de la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones, fuerzas gubernamentales y grupos armados han cometido ataques indiscriminados y dirigidos contra la población civil, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, así como violencia sexual y desplazamientos masivos.
Amnistía Internacional ha documentado bombardeos contra hospitales, escuelas y mercados, así como ataques a comunidades específicas basados en criterios sectarios, y matanzas deliberadas de civiles en represalia o para castigar la disidencia. Las milicias y fuerzas estatales han mantenido un patrón de abusos generalizados, mientras que también se han registrado crímenes de guerra perpetrados por grupos armados de oposición y actores internacionales.
Estas prácticas han dejado a Siria sumida en una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes, con millones de personas desplazadas y decenas de miles de víctimas civiles. La rendición de cuentas y la justicia siguen siendo indispensables para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y para prevenir la repetición de estos crímenes.
Yemen
En el complejo contexto que se vive en Yemen, según una investigación ordenada por la ONU existen “motivos razonables” para creer que los grupos involucrados en el sangriento conflicto han cometido violaciones contra los derechos humanos, dentro de las que se encuentran crímenes de guerra.
