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Ministros de Justicia y Asuntos de Interior: Detener la caza de brujas emprendida contra los romaníes en Italia

(Bruselas, 24 de julio) El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior debe condenar en su reunión de hoy en Bruselas los actos de discriminación perpetrados contra comunidades romaníes en Italia, que han culminado en medidas como la orden de tomar las huellas dactilares a los romaníes, incluidos los niños. (Véase la carta disponible en www.amnesty-eu.org)

 

“Tras las críticas de la Comisión y el Parlamento europeos, son ahora los Estados miembros de la UE los que deben condenar abiertamente esta auténtica campaña emprendida contra los romaníes”, ha manifestado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

 

De hecho, tomar las huellas dactilares a los romaníes por razones de seguridad pública no es más que la última de una serie de políticas discriminatorias adoptadas por las autoridades italianas.

 

Desde 2007, por ejemplo, se ha producido un aumento del número de desalojos forzosos, como el del asentamiento de Tor di Quinto, en Roma, en el que gran cantidad de personas, muchas de ellas ancianas y menores de edad, quedaron abandonadas en medio de la noche tras ser destruidos sus hogares.

 

Estos actos llevados a cabo por el Estado se producen en un clima de retórica agresiva contra los romaníes por parte de políticos locales y nacionales. Por ejemplo, Gianfranco Fini, actual presidente de la Cámara de Diputados italiana, manifestó en un entrevista que los romaníes no podrían integrarse jamás en la sociedad italiana porque las mujeres “ganan dinero prostituyéndose” y porque los romaníes no tienen “ningún reparo en secuestrar niños”. ( “Impossible intregrarsi con chi ruba”, en Il Corriere della Sera, 4-12-2007)

 

Apenas ha habido rendición de cuentas por estos y otros comentarios xenófobos, que han contribuido a su vez a fomentar y legitimar actos violentos de algunos ciudadanos.

 

En mayo de 2008, por ejemplo, el asentamiento de Ponticelli, en Nápoles, fue atacado por una turba de alrededor de un centenar de personas, que quemaron un campamento habitado por 800 personas. La violencia de este grupo “parapolicial” llegó al extremo de arrojar un cóctel molotov en una caravana donde había niños, los cuales escaparon a duras penas del incendio consiguiente.

 

En respuesta a tales ataques, el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, comentó: “Esto es lo que pasa cuando los gitanos roban bebés o cuando los rumanos cometen violencia sexual”. (Citado en The Times, 29 de mayo de 2008: www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article4021089.ece)

 

“Estas asombrosas declaraciones dejan muy pocas dudas sobre la naturaleza discriminatoria de tales políticas”, ha señalado Nicolas Beger.

 

”Seamos sinceros: lo que estamos viendo es una caza de brujas disimulada con cuestiones de seguridad- ha añadido-. Ahora sí que hay un grave problema de seguridad en Italia: la seguridad de los romaníes”.

 

La última “medida de seguridad” adoptada –un censo exclusivamente de romaníes, para el que se les toman las huellas dactilares y se toma nota de su religión y su etnia— es, a juicio de Amnistía Internacional, discriminatoria y desproporcionada, no está justificada y constituye una contravención directa del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

“La reciente propuesta de hacer extensivo este censo a toda la población italiana de aquí a 2010 no cambia nada las cosas si, como han declarado las autoridades italianas, mientras tanto se sigue con el romaní”, ha explicado Beger.

 

Teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y europeas que la UE y sus Estados miembros han contraído en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional pide al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que inste a Italia a:

 

  • Garantizar que se toman de inmediato medidas para poner fin a prácticas discriminatorias como tomar la huellas dactilares en razón de la etnia y llevar a cabo desalojos forzosos ilegales.
  • Garantizar que se adoptan medidas penales o disciplinarias adecuadas para abordar la cuestión del uso de lenguaje despectivo o racista por funcionarios y políticos.
  • Volver a evaluar el estado de excepción y la legislación y las medidas derivadas de él a fin de garantizar su compatibilidad con el derecho internacional y europeo.