Londres.- Amnistía Internacional ha expresado su profunda preocupación por las recientes declaraciones y medidas de las autoridades francesas que parecen ir dirigidas específicamente contra las comunidades romaníes y nómadas. La organización ve con inquietud que se esté devolviendo a algunos romaníes de Francia a sus países de origen en un contexto de declaraciones del gobierno francés que sugieren que existe una relación entre los romaníes y la delincuencia.
El 19 de agosto se había devuelto ya a Rumania y Bulgaria a 86 romaníes, y al día siguiente, a alrededor de 130. El ministro francés de inmigración, Eric Besson, ha anunciado que hoy serán devueltos unos 250, y que al final del mes se habrá devuelto a alrededor de 800.
Las medidas se han tomado tras haber anunciado el gobierno francés que en el plazo de tres meses se iban a cerrar alrededor de 300 campamentos irregulares de romaníes y nómadas, lo cual se había tratado en una reunión ministerial celebrada el 28 de julio para hablar de “los problemas planteados por la conducta de ciertos nómadas y romaníes”. Según informes, en esa reunión el presidente Sarkozy calificó los campamentos irregulares de romaníes de “fuentes” de delincuencia, lo que presuntamente incluía explotación infantil y prostitución. Amnistía Internacional considera alarmantes tales declaraciones del presidente de la República Francesa, pues pueden perpetuar estereotipos negativos que contribuyen a la estigmatización y la discriminación de las comunidades romaníes y nómadas.
La organización considera que las autoridades francesas deben esforzarse por combatir la discriminación, en vez de hacer declaraciones incendiarias, que parecen vincular a comunidades enteras con la delincuencia. Amnistía Internacional teme que tales declaraciones den lugar a mayor discriminación aún de las comunidades romaníes y nómadas. No se debe devolver ni expulsar a nadie por el simple hecho de ser romaní.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la declaración que hizo la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, el 25 de agosto acerca de la situación de los romaníes en Europa. La comisaria lamentó "cierta retórica utilizada en algunos Estados miembros las últimas semanas” que “ha sido claramente discriminatoria e incendiaria en parte".
También se han visto afectados por el anuncio del cierre de unos 300 campamentos irregulares los miembros de las comunidades nómadas de Francia, la mayoría de los cuales son ciudadanos franceses.
Según la legislación francesa, todos los municipios (communes) de más de 5.000 habitantes deben establecer áreas autorizadas de parada para los nómadas. Sin embargo, en abril de 2009, la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad (HALDE) de Francia criticó al gobierno, porque sólo el 25 por ciento de los municipios sujetos a esta obligación la cumplían. La HALDE hizo hincapié en que el hecho de que el Estado no cumpliera con su obligación hacía que hubiera un mayor número de nómadas viviendo en áreas de parada no autorizadas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades francesas que se centren en cumplir plenamente su propia legislación y que proporcionen áreas de parada suficientes y protejan el derecho de todas las personas a la vivienda.
La organización recuerda a las autoridades francesas que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen también la obligación de garantizar el derecho de todas las personas, incluidos los miembros de las comunidades romaníes y nómadas, a una vivienda adecuada. No pueden desalojar a nadie de su hogar, aunque esté éste en un asentamiento irregular, mientras no se hayan agotado todas las demás opciones ni se haya consultado con todas las personas afectadas. Sólo pueden llevarse a cabo desalojos si se siguen los debidos procedimientos de protección, se proporciona otro alojamiento adecuado y se ofrece a las personas realojadas indemnización por todas las pérdidas sufridas.
Amnistía Internacional insta también a Francia a que elimine de su legislación todas las disposiciones que discriminen a los ciudadanos nómadas con medidas como obligarlos a llevar permiso de viaje y restringir su derecho de voto.
