La Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional permanente encargado de juzgar a individuos responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, más recientemente, el crimen de agresión. Su creación fue impulsada tras décadas de esfuerzos por establecer un mecanismo judicial capaz de garantizar que los perpetradores de atrocidades no quedaran impunes.
El tribunal fue establecido por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002, tras ser ratificado por el número mínimo de Estados requerido. Actualmente, 125 países han ratificado el Estatuto, comprometiéndose a cooperar con la CPI en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes dentro de su competencia. Sin embargo, algunas potencias como Estados Unidos, Rusia y China no han ratificado el tratado, limitando su alcance y capacidad de actuación.
A diferencia de los tribunales creados para casos específicos, como los que juzgaron los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y Ruanda, la CPI tiene carácter permanente y opera de manera independiente, aunque complementa la labor de los sistemas judiciales nacionales cuando estos no pueden o no quieren investigar y juzgar estos crímenes. Su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, y su labor es fundamental en la lucha contra la impunidad.
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Ala Oeste de la Casa Blanca, el martes 4 de febrero de 2025. © The Washington Post/Getty
Qué casos y qué circunstancias se tienen que dar para que un caso llegue a la CPI
A la CPI solo pueden llegar cuatro tipos de casos: de genocidio (actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso), crímenes de lesa humanidad (ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil en tiempo de paz o guerra, incluye exterminio, persecución, esclavitud, violencia sexual masiva y desapariciones forzadas), crímenes de guerra (idem en tiempo de guerra) y crimen de agresión (el uso ilegal de la fuerza armada por un Estado contra otro). La CPI solo tiene competencia para juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional. Un país se somete a la jurisdicción de la Corte a través de la firma y ratificación del Estatuto de Roma, que es el documento fundacional de la CPI.
Para que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda intervenir, deben cumplirse ciertos criterios temporales y territoriales. El crimen debe haber ocurrido después de 2002, año en que entró en vigor el Estatuto de Roma. Además, la CPI tiene competencia si el delito se cometió en un país que ha ratificado dicho Estatuto o si el acusado es ciudadano de un Estado miembro de la Corte. También puede intervenir si el sistema judicial nacional no está en condiciones de investigar o juzgar el caso adecuadamente. Si las autoridades nacionales están activamente llevando a cabo el proceso judicial, la CPI no toma acción.
Un caso puede llegar a la corte de tres maneras: un país firmante del Estatuto de Roma remite el caso, el fiscal de la CPI abre una investigación por iniciativa propia o el Consejo de Seguridad de la ONU remite el caso al tribunal (como ocurrió con Darfur y Libia).
Lamentablemente, los casos que se llegan a estudiar son pocos, y de ellos, solo una fracción mínima de los responsables acaba siendo condenada. Esta situación puede entenderse considerando la estricta cantidad de requisitos necesarios para que la Corte Penal Internacional pueda intervenir. Aun así, la CPI ha abordado casos de gran trascendencia, demostrando la importancia de su labor en la lucha contra la impunidad. Algunos de los más destacados son: orden de arresto contra el expresidente Omar al-Bashir por genocidio y crímenes de guerra en Sudán; condena a Thomas Lubanga por reclutar niños soldados en la República Democrática del Congo; orden de arresto contra Muamar Gadafi por crímenes de lesa humanidad en Libia; y la famosa y reciente investigación en curso sobre crímenes de guerra cometidos en la invasión rusa en Ucrania, o la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y grupos palestinos. Además, en marzo de 2025 se ha detenido a Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas.
Opositores al ex presidente filipino Rodrigo Duterte en la Corte Penal Internacional días después de su detención. El tribunal penal emitió una orden contra Duterte por «asesinato como crimen contra la humanidad». © Hollandse Hoogte/Shutterstock
CPI, una institución con sus problemas
La Corte Penal Internacional ha sido criticada desde distintos sectores por diversas razones. Una de las más mencionadas es su focalización en Africa y su presunto neocolonialismo. La corte ha sido acusada de enfocarse desproporcionadamente en este continente, ya que la mayoría de sus investigaciones y condenas han sido contra líderes africanos.
Sin embargo, este argumento puede matizarse. Muchos países africanos han ratificado el Estatuto de Roma y, al formar parte de la CPI, han permitido que se investiguen y juzguen a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, lo que representa un paso crucial hacia la justicia para sus víctimas. En contraste, potencias como Estados Unidos, Rusia, China o Israel no han ratificado su estatuto de fundación, lo que limita la capacidad de la CPI para actuar en casos que involucren a personas de estas naciones.. Esta asimetría en la aplicación de la justicia internacional sigue siendo un desafío pendiente.
Otro inconveniente es que la CPI no tiene su propia policía. Cuando emite órdenes de arrestos depende de la cooperación de los Estados para ejecutarlos. En muchos casos, ha habido países que han ignorado las órdenes de arresto sin que pasara nada. Líderes como Omar al-Bashir de Sudán o Vladimir Putin de Rusia, que visitó Mongolia en septiembre de 2024, han evadido la justicia a pesar de tener órdenes de captura en su contra de la CPI. Esto para algunos demuestra una debilidad aunque, en realidad, lo que muestra es una falta de voluntad política de los Estados parte para llevar a cabo, como deberían, esos arrestos.
Otra crítica frecuente contra la CPI es la lentitud y el alto coste de sus procesos judiciales, que a menudo se prolongan durante años y requieren cientos de millones de dólares en financiación, pese a que el número de condenas sigue siendo limitado. Sin embargo, es importante considerar que los casos que llegan a la Corte suelen ser extremadamente complejos. Implican crímenes de gran magnitud, con múltiples responsables difíciles de identificar, pruebas que no siempre son fáciles de documentar y un elevado número de víctimas, lo que dificulta tanto la investigación como el enjuiciamiento.
A pesar de estas críticas, la CPI sigue siendo un organismo fundamental y único en la lucha contra la impunidad.
La orden ejecutiva de Trump
El Ministro de Defensa israelí YOAV GALLANT (de negro) visita a las tropas de la División 162 de las IDF, desplegadas en la zona de Rafah y la ruta Philadelphi. © Ariel Hermoni/Israel Mod/ZUMA Press Wire/Shutterstock
El 6 de febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva imponiendo sanciones contra la Corte Penal Internacional y su fiscal jefe, Karim Khan. La medida responde directamente a las órdenes de arresto emitidas por la CPI en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina, así como contra el comandante de las brigadas Al Qassam, ala militar de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al Masri.
Esta orden ejecutiva es similar a la promulgada por Trump en 2020, que posteriormente fue revocada por el presidente Joe Biden. La nueva orden establece que cualquier persona u organización extranjera que ayude a la CPI en la investigación, detención, encarcelamiento o procesamiento de una “persona protegida” sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona podrá ser sancionada. Las sanciones incluyen la congelación de activos en EE.UU. y la prohibición de entrada al país tanto para los sancionados como para sus familias. Además, la orden castiga a quienes presten asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico a la CPI.
Por “personas protegidas” se entiende a ciudadanos y personal militar estadounidenses, así como a cualquier ciudadano o residente legal de países aliados de EE.UU., incluyendo miembros de la OTAN y aliados importantes fuera de la organización, como Israel, Filipinas, Argentina, Brasil, Japón y Egipto. A fecha de 25 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, es la única persona sancionada bajo esta orden, aunque podrían añadirse más nombres en el futuro.
Impacto y crítica a las sanciones
La orden ejecutiva de Trump ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional. Expertos de la ONU la calificaron como un "ataque al Estado de derecho mundial" que socava la justicia internacional, mientras que, desde Amnistía Internacional, advertimos que estas sanciones debilitan los esfuerzos para combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas. La medida no solo obstaculiza la labor de la CPI, sino que también pone en riesgo a testigos, supervivientes, funcionarios judiciales y organizaciones aliadas con la justicia internacional. Además, afecta investigaciones en curso sobre graves violaciones de derechos humanos en países como Afganistán, Burundi, Costa de Marfil, Sudán, República Democrática del Congo, Libia, Mali, Myanmar, Nigeria, Filipinas, Ucrania y Venezuela, limitando el acceso a la justicia para miles de víctimas.
¿Por qué impone estas sanciones la administración Trump?
La administración de Donald Trump anunció estas sanciones pocos días antes de la primera visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca tras la reelección de Trump.
En contraste, bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos respaldó la investigación de la CPI sobre Ucrania y apoyó las órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos, incluido Vladimir Putin. Sin embargo, a pesar de este respaldo parcial, EE.UU. nunca se ha adherido formalmente a la CPI. Además, la administración Biden criticó duramente la investigación de la Corte sobre Netanyahu y Gallant e incluso recibió a Gallant en Washington tras la emisión de su orden de arresto.
Estados Unidos ha mantenido una postura constante de rechazo a que la CPI procese a ciudadanos de países que no son miembros del tribunal, incluso si los crímenes investigados ocurrieron en territorios de Estados parte como Afganistán o Palestina. En particular, Washington ha expresado su oposición a cualquier intento de la Corte por investigar a militares estadounidenses o a agentes de la CIA.
¿Cómo obstaculizarán estas sanciones la justicia para todas las víctimas de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados?
Las sanciones impuestas por la administración Trump dificultarán el acceso a la justicia para todas las víctimas que dependen de la CPI. En particular, afectan directamente al fiscal encargado de los casos contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Sin embargo, el impacto es especialmente severo para los palestinos y palestinas que buscan justicia, ya que estas sanciones están diseñadas precisamente para presionar a la Corte y obstaculizar su labor imparcial e independiente.
Actualmente, la CPI es el único organismo internacional con capacidad para exigir responsabilidades individuales por crímenes de derecho internacional cometidos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros, que deben facilitar las investigaciones y detener a los sospechosos cuando se emiten órdenes de arresto. Las sanciones impuestas por Trump podrían disuadir a gobiernos, organizaciones y particulares de colaborar con la Corte.
Además, la CPI necesita el apoyo de investigadores/as, abogados/as, defensores/as de derechos humanos, víctimas y testigos para construir sus casos. Estas sanciones pondrán trabas a su labor, dificultando aún más la búsqueda de justicia. Si estas personas no pueden actuar con libertad y sin presiones externas, el trabajo del tribunal se verá gravemente comprometido.
¿Cómo afectarán las sanciones a otras investigaciones de la CPI?
El exterior de la Corte Penal Internacional. © Hollandse Hoogte/Shutterstock
Las sanciones impuestas por la administración Trump afectan las investigaciones relacionadas con Israel y Palestina y ponen en riesgo el trabajo de la CPI en numerosos países donde investiga crímenes de guerra y de lesa humanidad. Al debilitar la capacidad del tribunal para operar con independencia, estas sanciones dificultarán el acceso a la justicia para víctimas de conflictos en todo el mundo, incluso en casos que Estados Unidos ha respaldado públicamente, como los de Ucrania, Uganda y Darfur.
La CPI sigue investigando crímenes cometidos por los talibanes en Afganistán desde su regreso al poder en 2021, así como crímenes de lesa humanidad en Venezuela contra presuntos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. En febrero de 2025, el fiscal de la CPI reafirmó su compromiso de intensificar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Si la Corte tiene que hacer frente a nuevos obstáculos por culpa de las sanciones, estas investigaciones podrían verse ralentizadas o debilitadas, lo que beneficiaría a los perpetradores de crímenes y perjudicaría a las víctimas que buscan justicia.
Amenazas contra la CPI
Los ataques a la CPI no son nuevos. En 2023, el tribunal fue víctima de un sofisticado ciberataque con fines de espionaje y sabotaje. Además, en mayo de 2024, la Fiscalía de la CPI denunció presiones y amenazas por parte de algunos gobiernos para impedir investigaciones sobre crímenes en los Territorios Palestinos Ocupados. Medios internacionales han revelado que el gobierno de Israel ha llevado a cabo operaciones de vigilancia contra funcionarios de la CPI y defensores y defensoras de derechos humanos. En 2024, también se emitieron órdenes de arresto en Rusia contra jueces de la CPI que habían autorizado el procesamiento de líderes políticos y militares rusos. Estas acciones evidencian una creciente hostilidad hacia la Corte y su misión de impartir justicia internacional.
Reacciones internacionales y futuro de la CPI. ¿Cómo podemos protegerla?
A pesar de los intentos de deslegitimar a la CPI, varios países han reafirmado su apoyo a la Corte. El 31 de enero de 2025, un grupo de naciones, entre ellas Bolivia, Colombia, Cuba y Sudáfrica, manifestaron su compromiso con la justicia internacional y la implementación de las órdenes de arresto emitidas por la CPI.
Por otro lado, algunos países han mostrado resistencia a cooperar con la Corte. Varios Estados miembros de la Unión Europea han evitado ejecutar órdenes de arresto o han mantenido reuniones con líderes acusados por la CPI.
Amnistía Internacional ha instado a los Estados a traducir sus compromisos en acciones concretas, incluyendo la adopción de leyes que bloqueen los efectos de las sanciones y protejan la independencia de la CPI. Además, ha pedido a los gobiernos que condenen las medidas de Trump y garanticen el funcionamiento del tribunal sin presiones externas.
Las sanciones estadounidenses suponen una grave amenaza para la CPI, así como para el Estado de derecho internacional en general y su sistema multilateral. Pero aún hay esperanza.
En junio de 2024, 74 Estados miembros de la CPI afirmaron su compromiso de luchar contra la impunidad. Tras la reciente orden ejecutiva del presidente Trump, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea declararon su «apoyo inquebrantable» a la Corte.
Pero las palabras no bastan. Los Estados deben convertir sus declaraciones de compromiso y apoyo en acciones concretas para defender a la CPI, lo que incluye aprobar leyes nacionales que protejan a las personas y empresas de la amenaza de las leyes sancionadoras de Estados Unidos, así como la plena cooperación con la Corte, incluida la detención y el traslado de las personas sobre las que pesan órdenes de detención.
A pesar de sus limitaciones, la Corte Penal Internacional sigue siendo una institución esencial en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad de quienes cometen violaciones graves. Su labor es fundamental para asegurar que los responsables de crímenes atroces rinden cuentas, al tiempo que fortalece la confianza en los sistemas judiciales internacionales y promueve un futuro mejor.
