En 2022, la agresión de Rusia a Ucrania provocó una reacción inmediata en todo el mundo: denuncia internacional de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo, aprobación de sanciones económicas contra Rusia, solidaridad con las personas refugiadas de Ucrania... Pero, ¿qué pasaba en Rusia? ¿La población apoyaba sin fisuras esta agresión? ¿No había nadie que se opusiera?
Como en cualquier otro país, en Rusia hay que distinguir entre el poder político y la ciudadanía. Y sí, hay personas que, a pesar de los riesgos a los que se enfrentan, no permanecen en silencio y alzan su voz de distintas maneras para hablar con claridad de lo que está pasando en Ucrania (y en Rusia) y de lo que el poder político trata de ocultar a la población rusa. Por eso, por expresarse libremente, por ejercer su derecho a la protesta, son perseguidos, encarcelados, torturados y condenados a largas penas de prisión.
Protestar en Rusia de manera pacífica se ha convertido en una actividad de riesgo para cualquier persona y profesión. El poder político no sólo acaba con opositores y disidentes como hemos visto en casos tan notorios como el de Aleksei Navalny. Personas corrientes de cualquier parte del país son castigadas de manera cruel simplemente por estar en contra de la agresión a Ucrania y la brutalidad de sus consecuencias.
El líder de la oposición rusa Alexei Navalny años antes de su muerte en la colonia penitenciaria en la que estaba prisionero. © Finistre Arnaud/ABACA/Shutterstock
Desde la invasión de Ucrania en 2022 se ha modificado el Código Penal en dos ocasiones para, de manera arbitraria y sin ninguna garantía jurídica, calificar como delito opiniones críticas a las políticas llevadas a cabo por las de autoridades rusas. Ya hay más de 100 causas penales abiertas sólo por uno de los nuevos delitos, en concreto el “delito” de “difusión de información falsa a sabiendas” sobre la agresión rusa en Ucrania. Entre las personas procesadas hay estudiantes, profesionales de la abogacía, artistas y figuras políticas. Suprimiendo las voces críticas, las autoridades rusas pretenden estimular y perpetuar el apoyo de la opinión pública a su guerra de agresión en Ucrania.
No solo el Código Penal se está usando en Rusia para silenciar al activismo. En los dos últimos años también se ha acelerado un preocupante aumento del uso indebido de una legislación antiterrorista y antiextremista imprecisa contra disidentes y manifestantes pacíficos con el pretexto de la “seguridad nacional”. En diciembre de 2023, la “lista de terroristas y extremistas” del Servicio Federal de Supervisión Financiera incluía a 13.647 personas, de las cuales 11.286 estaban etiquetadas como “terroristas”. De ellas, el 13% eran mujeres y 106 tenían menos de 18 años. El hecho de estar incluido en este registro, sin ninguna revisión judicial, conlleva la congelación de las cuentas bancarias y restringe el gasto mensual a 10.000 rublos (unos 100 euros), lo cual plantea a las personas incluidas en la lista graves dificultades para mantener incluso el nivel de vida más básico.
En Rusia la libertad de expresión contraria al poder político se persigue por todos los rincones y no se castiga “solo” con largas penas de cárcel en lugares alejados de la residencia de la persona condenada y de su familia, a la que se le limita al máximo las visitas. También son objeto de torturas, privación de de agua, comida, medicinas y atención médica; algo que destruye su salud física y mental. Por si fuera poco, se imponen altas multas, se les priva del ejercicio de su profesión y se confisca su dinero y cuentas bancarias. Todo con un objetivo: silenciar y eliminar el espacio y presencia de las personas condenadas.
Ya que las autoridades rusas se empeñan en borrar los nombres y las vidas de todas estas personas, en Amnistía Internacional nos empeñamos en contar sus historia, en darles la voz que Rusia les niega. Hablamos de periodistas, estudiantes, profesionales de la abogacía, artistas y figuras políticas.
Maria Ponomarenko, encarcelada por denunciar la verdad en tiempos de guerra
La periodista rusa Maria Ponomarenko, ante el tribunal. © SOTA
Es el caso de María Ponomarenko, activista y periodista del periódico online RusNews de la ciudad de Barnaul, de 700.000 habitantes y situada al sur de la Siberia occidental. En abril de 2022 la detuvieron por escribir un post en Telegram sobre el bombardeo en un teatro de Mariúpol que el ejército ruso había llevado a cabo el día anterior. En el post denunciaba que el ataque había provocado la muerte de cientos de personas. Durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva, fue recluida ilegalmente en un hospital psiquiátrico y en una celda de castigo, y también sobrevivió a un colapso mental y a un intento de suicidio. En abril de 2024, fue enviada, por cuarta vez, a una celda de castigo. Dos de sus anteriores internamientos en régimen de aislamiento fueron motivados por su mala salud: uno por un desmayo, y otro, por no poder levantarse de la cama a petición de un oficial de prisiones debido a un fuerte dolor lumbar. Hasta la fecha, ha pasado más de un mes y medio en celdas de castigo, a veces durante más de 15 días seguidos. Está condenada a 6 años de cárcel y 5 años sin poder ejercer el periodismo. ¿Su delito? “Difundir información falsa a sabiendas”. Es presa de conciencia.
Vladimir Rumyantsev, condenado por criticar al gobierno ruso
Vladimir Rumyantsev en los tribunales. © RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty)
Vladimir Rumyantsev trabajaba como mecánico de calderas y su gran pasión era la radio-afición. Construyó un pequeño estudio de radio en su piso de Vologda, ciudad de 300.000 habitantes en el noroeste de Rusia. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia, lo utilizó para reproducir y amplificar emisiones de medios de comunicación y blogueros prohibidos. El 19 de abril de 2022, la policía rastreó la señal de radio, registró el apartamento de Vladimir y confiscó el equipo. Fue detenido en julio del mismo año. Las autoridades bloquearon sus tarjetas y cuentas bancarias y confiscaron sus ahorros. Está condenado a tres años de reclusión en una colonia penal. ¿El delito? “Difundir públicamente información falsa, a sabiendas, sobre las Fuerzas Armadas rusas". Cuando salga de prisión no podrá mantenerse a sí mismo. Es preso de conciencia.
Alexei Gorinov, condenado por cuestionar la guerra en Ucrania
Alexei Gorinov, político de la oposición rusa, condenado a 7 años por distribuir información falsa sobre el ejército ruso en Ucrania. Protesta individual de Gorinov. © Private
Alexei Gorinov es un diputado de la oposición en el distrito de Krasnoselsky, en Moscú. En abril del 2022 fue detenido por haber declarado durante una reunión del ayuntamiento que la invasión de Ucrania por parte de Rusia era una agresión y una guerra en la que mueren miles de niños y niñas todos los días. Desde entonces, ha sido recluido en repetidas ocasiones en celdas SHIZO (celdas de aislamiento de castigo), donde no se puede recibir visitas o cartas, ni hacer ejercicio o pasear por el exterior. Durante esta reclusión, ha caído enfermo debido a problemas respiratorios, agravados por el hecho de que una parte de su pulmón le había sido extirpada varios años antes. Las autoridades penitenciarias le han negado atención médica adecuada y además, ha sido obligado a quitar la nieve del patio de la prisión. El 9 de diciembre de 2023, más de 240 profesionales de la salud enviaron una carta abierta al presidente Vladimir Putin en la que expresaban su preocupación por la salud de Aleksei Gorinov pidiendo que se le proporcionara la atención sanitaria necesaria. Más tarde, en diciembre, fue trasladado a un hospital penitenciario. El 13 de septiembre de 2023 las autoridades rusas abrieron una nueva investigación contra Aleksei Gorinov acusándolo de "justificación del terrorismo" por hablar de un presunto ataque ucraniano contra un puente en Crimea, y el Regimiento Azov de las Fuerzas Armadas de Ucrania (que ha sido designado como "organización terrorista" en Rusia). Está condenado a siete años de prisión. ¿El delito? Igual que Maria Ponomarenko o Vladimir Rumyantsev: “Difundir públicamente información falsa, a sabiendas, sobre las Fuerzas Armadas rusas".
Natalya Filonova, represaliada por alzar su voz contra la injusticia
La activista rusa Natalya Filonova, foto de archivo personal
Natalya Filonova es una activista y periodista de Ulán-Udé, una ciudad de 300.000 habitantes al sur de Siberia oriental. En 2022, fue detenida durante una protesta pacífica contra el reclutamiento de hombres para luchar en el ejército ruso en la guerra de Ucrania. Desde entonces, ha sido sometida arbitrariamente a estrictas condiciones de detención. Actualmente cumple su condena en la colonia penal IK-11 en la región de Irkutsk donde comenzó a ser sometida a penas adicionales. La etiquetaron de "extremismo", la metieron en una celda de castigo en solitario en tres ocasiones, y en julio de 2024 la trasladaron a un centro de detención, bajo estrictas condiciones. Estas “condiciones”, destinadas a "infractores reincidentes" de las normas penitenciarias, significan que el prisionero está recluido en un cuartel separado cerrado con llave. Tienen prohibido circular libremente por la colonia penal, solo pueden estar al aire libre una hora y media al día, sus gastos de compra de alimentos y el número de visitas familiares y paquetes que recibe son más limitados. Las condiciones estrictas de detención son un castigo indefinido (dentro de la pena de prisión), asignado y eliminado a discreción de la administración de la colonia penal. Natalya tiene un hijo adoptivo, Vladimir, que padece una cardiopatía congénita. Tras su detención, las autoridades tutelares lo internaron en un orfanato, a pesar de que Natalya tiene familiares dispuestos a hacerse cargo del niño y que se pusieron en contacto repetidamente con el orfanato para solicitar su cuidado. Sin embargo, Vladimir permaneció en el centro hasta cumplir los 18 años.
En mayo de 2024, Natalya Filonova dijo que había rechazado una oferta de indulto presidencial, porque dijo que eso significaría que admitiría su culpabilidad. Esto no hizo sino empeorar su situación, teniendo que afrontar castigos adicionales en prisión. Natalya está condenada a 2 años y 10 meses de prisión. ¿El delito? "uso de la violencia contra un representante de las autoridades". Según los investigadores, había agredido a dos policías mientras era trasladada. Amnistía Internacional cree que la declaración de culpabilidad y la condena de Natalya Filonova son ilegales y se basan en cargos de motivación política debido a su activismo pacífico.
“Todas estas personas están en prisión en virtud de una legislación que el gobierno ruso ha creado con el solo objetivo de castigar y silenciar a quienes levantan la voz para expresar sus opiniones.”
Los casos de Maria, Vladimir, Aleksei o Natalya son solo la punta del iceberg en Rusia. Todas estas personas están en prisión en virtud de una legislación que el gobierno ruso ha creado con el solo objetivo de castigar y silenciar a quienes levantan la voz para expresar sus opiniones. Además, por si esto no fuera suficiente, las autoridades rusas han estado privando sistemáticamente a las personas detenidas de contacto con el mundo exterior, incluso con sus seres queridos. Esto incluye el bloqueo frecuente de la correspondencia, la negación de visitas, llamadas telefónicas e incluso encerrar a prisioneros en celdas de castigo justo antes de que sus familias acudan a las visitas aprobadas. Según el derecho internacional de los derechos humanos, esto puede constituir una forma de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Seguramente Rusia seguirá modificando leyes, como el Código Penal, o usando leyes antiterroristas para tratar de silenciar las protestas y el activismo. Y en Amnistía Internacional seguiremos dando voz a quienes tratan de silenciar.
