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Rusia: Las autoridades despliegan nuevas leyes penales para silenciar las críticas a la guerra en Ucrania

Aleksei Gorinov © Aleksandra Astakhova / Mediazona
  • Amnistía Internacional ha recogido las historias de diez personas que se encuentran detenidas en la actualidad por sus críticas públicas a la guerra.

Mientras Rusia continúa su guerra de agresión contra Ucrania, también libra una batalla en el "frente interno" contra quienes critican la guerra y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. Así lo ha denunciado hoy Amnistía Internacional en un nuevo documento, en el que denuncia cómo en Rusia decenas de personas se enfrentan a penas de hasta 10 o más años de prisión por compartir lo que, según las autoridades, es "información falsa sobre las Fuerzas Armadas", un nuevo delito introducido en la ley para reprimir a las personas críticas con la guerra. Entre las personas procesadas se encuentran periodistas, estudiantes, artistas, profesionales de la abogacía y políticos.

“Las voces que se alzan contra la guerra, y contra los abusos cometidos por las fuerzas rusas, no deben ser silenciadas. La libertad de acceder a la información y compartirla, y de expresar opiniones e ideas, incluida la disidencia, es un elemento crucial para construir un movimiento antiguerra eficaz en Rusia. Al eliminar las voces críticas, las autoridades rusas intentan reforzar y perpetuar el apoyo público a su guerra de agresión en Ucrania”, señala la organización.

Amnistía Internacional ha recogido las historias de diez personas que se encuentran detenidas en la actualidad por sus críticas públicas a la guerra. Según los informes, el número real de personas que se enfrentan a un proceso judicial por oponerse a la guerra en virtud de diversos artículos del Código Penal supera las 200.

“Pedimos a las autoridades rusas que las pongan en libertad de forma inmediata e incondicional, y que deroguen la nueva legislación y cualquier otra incompatible con el derecho a la libertad de expresión”.

“Reiteramos nuestros llamamientos a la comunidad internacional para que utilice todos los medios que ofrecen los mecanismos internacionales y regionales para garantizar la investigación efectiva de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, y para que los responsables rindan cuentas”.

Un elemento crucial en el esfuerzo internacional para poner fin a este catálogo de abusos es apoyar las voces de quienes en Rusia se oponen activamente a su agresión en Ucrania.

Ley de información falsa sobre las Fuerzas Armadas

La invasión rusa de Ucrania fue recibida con críticas generalizadas en el país. Decenas de miles de personas protestaron en Rusia pacíficamente y criticaron la agresión en sus redes sociales. Las autoridades rusas respondieron con una represión contra los y las manifestantes y personas críticas, deteniendo a más de 16.000 personas por infringir la normativa del país, excesivamente restrictiva, sobre las reuniones públicas.

Las autoridades también reprimieron a los pocos medios de comunicación independientes que quedaban, obligando a muchos de ellos a cerrar, a abandonar el país o a limitar su información sobre la guerra y citar en su lugar los informes oficiales rusos. Desde entonces, más ONG de derechos humanos han sido calificadas de "agentes extranjeros" o "indeseables", se han enfrentado al cierre arbitrario o al bloqueo de sus sitios web y han sido objeto de otras formas de acoso.

Además, a los pocos días de la invasión, los miembros de la Duma Estatal retomaron un proyecto de ley que había sido archivado tras su primera lectura casi cuatro años antes, y cambiaron completamente su contenido mediante múltiples nuevas enmiendas. El proyecto de ley revisado introdujo el artículo 207.3, así como dos artículos más en el Código Penal. Todos ellos criminalizaban diversas expresiones de opiniones críticas con las autoridades rusas, sus acciones y sus políticas, penalizando el acto de difundir “información falsa” sobre las actividades de las fuerzas armadas rusas o de “desacreditar” a las tropas rusas. Toda persona acusada de cometer estos “delitos” se enfrenta a pagar multas exorbitantes (entre tres y cinco millones de rublos, de 55.000 a 92.000 dólares) o a cumplir una pena de hasta 15 años de prisión.

En el momento de redactar este documento, había más de 80 causas penales en curso relacionadas con , el "delito" específico de "difusión de información falsa a sabiendas" en relación con la agresión rusa en Ucrania.

Normas internacionales

El uso de esta legislación para silenciar las críticas a la agresión rusa, especialmente al definir toda la información contraria a la posición oficial del gobierno ruso como "información falsa sobre las Fuerzas Armadas", viola el derecho a la libertad de expresión. Como reconoce el Comité de Derechos Humanos de la ONU, "la libertad de expresión es una condición necesaria para la realización de los principios de transparencia y responsabilidad que son, a su vez, esenciales para la promoción y protección de los derechos humanos". La persecución de personas por informar sobre violaciones de las leyes y costumbres de la guerra por parte de las Fuerzas Armadas rusas parece contribuir a la impunidad de los crímenes de guerra y al aparente encubrimiento por parte de Rusia de graves violaciones de los Convenios de Ginebra. Como tal, esta práctica es contraria a las obligaciones de Rusia en virtud del derecho internacional humanitario, y especialmente del artículo 1 común de los Convenios de Ginebra, de garantizar el respeto de los Convenios de Ginebra, incluso reprimiendo los crímenes de guerra y castigando a los responsables.

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