El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Franciase convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
“700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros.”
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario –recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile–, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El acceso a información sobre el aborto también se vio mermado al eliminarla de Internet empresas de redes sociales como Meta y TikTok.
En Estados Unidos, tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 que determinó que el derecho al aborto no está protegido por la Constitución federal, cada estado pasó a tener la facultad de legislar en la materia. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Al finalizar 2024, el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho. Ese mismo año, se publicó un estudio sobre mortalidad materna correspondiente a 2022 que confirmó la muerte de al menos dos mujeres en Georgia, debido a demoras en la atención médica tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
“Al finalizar 2024, en Estados Unidos el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho.”
Manifestación por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en el centro de Madrid, en el marco del Día de Acción Global del 28 de septiembre.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
“La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.”
En España, de la ley al hecho todavía hay un trecho
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Irlanda del Norte, muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
Marcha contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia tras negársele un aborto en el hospital de Pszczyna. © Grzegorz Żukowski
Polonia, fuertes restricciones y persecución de defensoras de derechos humanos
Polonia es uno de los países de la Unión Europea con una política de aborto más restrictiva. En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar –por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto–. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto.
A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda. En 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Se trata del primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por facilitar píldoras abortivas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.
En febrero de 2025, un tribunal polaco resolvió que Justyna no había tenido un juicio justo, ya que la jueza del tribunal de primera instancia no fue nombrada de forma independiente. Sin embargo, la causa no ha sido anulada y el juicio deberá repetirse.
Pero Justyna y su movimiento, Abortion Dream Team, no se rinden. En marzo de 2025 han abierto el primer centro en el país que proporcionará información sobre el aborto en otros países, autocuidados y acompañamiento a las personas que decidan practicarse un aborto autogestionado con píldoras. Firma a continuación y enviaremos esta petición en tu nombre al Fiscal General de Polonia para exigir el retiro inmediato de todos los cargos contra Justyna y poner fin a la persecución de quienes brindan ayuda a las personas que buscan un aborto seguro.
Marruecos, la penalización del aborto tiene efectos ruinosos para los derechos de las mujeres y niñas
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. “Incitar al aborto” por cualquier medio, incluso a través del discurso público o la distribución de materiales relacionados, conlleva pena de hasta dos años de prisión o multas. Mientras tanto, el personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia y, cuando son citados como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente.
Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.
El informe “My life is ruined: The need to decriminalize abortion in Morocco”, documenta las consecuencias ruinosas de la penalización del aborto en Marruecos, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación. Ante la amenaza de cárcel, muchas recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo. Las que no lo consiguen son coaccionadas para llevar el embarazo a término y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, todo ello mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto.
Texas penaliza el aborto pasadas las 6 semanas de gestación
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.
“En Texas, la ley solo permite el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud grave de la mujer, sin excepciones por violación o incesto. Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a quienes denuncien a personas que ayuden a abortar.”
Otros estados continuaron con los retrocesos: a finales de 2024, 19 estados prohibían parcial o totalmente el aborto.
Las prohibiciones del aborto y otras políticas restrictivas de los estados tienen un impacto desproporcionado en las comunidades más marginadas, que ya se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. El informe “Abortion in the USA. The human rights crisis in the aftermath of Dobbs” incluye numerosas historias de personas embarazadas negras, indígenas, indocumentadas, LGBTQI+, discapacitadas, del medio rural y de ingresos bajos.
Algunos estados de EEUU consiguen blindar el derecho al aborto en sus Constituciones
Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.
Mujeres actúan durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer. © Alessia Maccioni/SIPA
Meta y TikTok retiran de sus plataformas información sobre el aborto
Las redes sociales desempeñan un papel esencial a la hora de facilitar el acceso al derecho a la salud en todo el mundo, en particular en los lugares en los que el acceso a la información y a los servicios está restringido.
Todas las empresas, también Meta y TikTok, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la salud y otros derechos conexos, como el de acceso a la información. Al ser dos de las empresas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo, sus acciones tienen consecuencias de alcance mundial.
Internet es una parte central de la vida moderna y uno de los principales canales a través de los cuales obtenemos información. Estas empresas privadas tecnológicas controlan qué información es accesible… y cuál se elimina.
En este momento, el acceso al aborto no solo está siendo restringido y atacado en todo el mundo, sino que empresas de redes sociales como Meta y TikTok están eliminado de sus plataformas la información sobre el mismo, y ofrecen muy poca o ninguna transparencia a las organizaciones de derechos reproductivos cuyo contenido retiran. Esta práctica impide que la gente acceda a información que salva vidas y tome decisiones informadas sobre su cuerpo.
El Senado de República Dominicana, en contra de la despenalización del aborto
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Sin embargo, en 2014 la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que despenalizaba el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero materno y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Lamentablemente, este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional posteriormente.
Más recientemente, en 2021, la Cámara de Diputados volvió a abrir el debate, pero la mayoría de los diputados se mostraron en contra de la despenalización en esas tres circunstancias específicas, demostrando que la vida y la salud de las mujeres y niñas no forman parte de sus prioridades legislativas. En 2024, el Senado aprobó en primera lectura este Código Penal restrictivo, manteniendo la penalización del aborto voluntario.
La Marea Verde: un movimiento feminista imparable a favor del aborto en América Latina
Mientras en muchos países se endurece el acceso al aborto, la Marea Verde ha impulsado avances impensables hasta hace poco en la región.
Este movimiento feminista y de derechos humanos lleva años organizándose para que el derecho a decidir sea reconocido y garantizado por la ley.
En 2018, cientos de miles de mujeres y niñas sumaron fuerzas para instar a los legisladores y las legisladoras a despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro a servicios médicos de interrupción del embarazo. Estas mujeres formaron parte de una gran campaña. Procedían de distintos movimientos y organizaciones, como Amnistía Internacional Argentina, unidas en su lucha por el cambio.
“En Argentina, la legalización del aborto en 2020 ha contribuido a una significativa reducción de la mortalidad materna, confirmando que el acceso seguro protege la vida y salud de las mujeres.”
En Argentina, un país clave para el avance de la Marea Verde, más de tres años después de la aprobación de la histórica legislación sobre el aborto en diciembre de 2020 se ha observado una notable disminución de la ratio de mortalidad materna, lo que demuestra una vez más que las leyes que liberalizan el aborto protegen la salud y la vida de las mujeres embarazadas.
Tras el cambio de gobierno la ley continúa vigente, pero la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva denunciaba en septiembre de 2024 la escasez de suministros básicos necesarios para los servicios de aborto.
México, el aborto ya no está penado con la cárcel
Afortunadamente también hay países en los que se están consiguiendo avances, como es el caso de México, donde la Suprema Corte despenalizó el aborto en 2023, tras una decisión histórica aprobada por unanimidad. Ahora las mujeres saben que ya no irán a la cárcel por tomar la decisión de abortar o simplemente porque alguien las acuse de hacerlo.
Hasta ahora, solo los estados de DF, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz tenían leyes de interrupción del embarazo por plazos y en algunos supuestos como que constituyera un peligro para la salud de la embarazada. Para fines de 2024, se logró la legalización del aborto en 19 de los 32 estados y su despenalización estaba en curso en dos más.
Chile, nueva oportunidad para seguir avanzando
Hasta 2017 el aborto estaba prohibido en todos los supuestos. Ese año se modificó en el Código Penal para despenalizar tres supuestos, por violación, por riesgo del embarazo para la vida de la madre y por inviabilidad del feto, lo que ya supuso un paso muy importante para las mujeres de Chile, pero también para toda la región.
Durante el proceso constituyente emprendido en el país tras el estallido social de 2019, la despenalización del aborto fue uno de los derechos que estuvieron a debate para que la nueva Constitución lo protegiera. Sin embargo, la propuesta de nueva Constitución fue rechazada en 2022 y, lamentablemente, a pesar de las promesas del nuevo gobierno, no se ha presentado ninguna propuesta legislativa de legalización del aborto. Además, durante 2024 continuaron las barreras (instituciones y profesionales que se negaban por razones morales o religiosas) para acceder a los servicios de aborto, aún en los casos donde la legislación lo permitía.
Manifestación por el derecho al aborto en el mundo, celebrada el 7 de mayo de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos. © Pierre Crom/Getty Images
Colombia también despenalizó el aborto
Las mujeres en Colombia, siguiendo la estela de las mujeres de Argentina y México, litigaron ante su Tribunal Constitucional por el derecho a no tener que ir a la cárcel, acusadas de abortar. Finalmente, en febrero de 2022, el Tribunal les dio la razón permitiendo que el aborto sea legal en las primeras 24 semanas de embarazo. En 2024, las autoridades publicaron una normativa otorgando el acceso a los servicios de aborto en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien persisten las denuncias de obstaculización en el acceso, especialmente en zonas rurales y para comunidades con menos recursos.
¡Ganan las niñas! Condenas históricas exigen a Ecuador y Nicaragua que ninguna niña sea obligada a ser madre
En enero de 2025, respondiendo a las demandas del Movimiento “Son Niñas, No Madres”, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Ecuador y Nicaragua por la violación a los derechos humanos (derechos a la vida y vida digna, a interponer recursos efectivos ante la justicia, a no sufrir tortura ni tratos crueles e inhumanos, a la vida privada, a la información, y a la igualdad y no discriminación) de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó el acceso a la interrupción del embarazo y se les obligó a una maternidad forzada. La decisión marca un hito en la garantía de los derechos reproductivos a nivel global pues las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento e instan a los Estados demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo. Además, abren un camino para hacer extensiva la justicia que obtenida por Norma, Susana y Lucía a miles de niñas en todo el mundo, pues la jurisprudencia internacional de estas decisiones aplica a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
28 mujeres, representando el número de mujeres que viajan cada semana desde Irlanda del Norte a Inglaterra o Gales para acceder a un aborto, participaron en una manifestación llamada "marcha de las maletas" en Westminster, Londres. © Steve Parkins/Shutterstock
Es el momento de actuar por el derecho al aborto
Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su Programa de Acción en 1994, son muchos los países que han modificado sus leyes y su compromiso de prevenir los abortos inseguros, liberalizando el aborto y ampliando los motivos por los que el aborto es legal.
En la última década conviven los avances pero también el interés de gobiernos y grupos antiaborto por hacer retroceder los derechos reproductivos.
“En los últimos 30 años, más de 60 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres.”
Las leyes de derechos humanos y las normas de la Organización Mundial de la Salud exigen que los Estados despenalicen el aborto y eliminen las barreras de acceso. El Plan de Acción de Género de la Unión Europea también reitera su compromiso para garantizar un entorno legal, político y social propicio para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y muchos países europeos han sido líderes en la tendencia global de liberalización del acceso al aborto y para eliminar barreras. Sin embargo, todavía países de todo el mundo incumplen esta premisa e incluso eliminan los derechos ya conseguidos, como muestran los casos de Polonia y Estados Unidos.
Por eso es tan importante que actuemos para que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, sigan avanzando y se extienda por los gobiernos de los países que todavía no han permitido que se produzca este necesario e imprescindible cambio.
En Amnistía Internacional tenemos en marcha una campaña global para defender el derecho efectivo al aborto, mostrar el impacto que tiene su prohibición entre las personas que lo necesitan y denunciar las barreras que deben hacer frente las defensoras y defensores de este derecho y quienes prestan la atención médica.
