El 28 de mayo, Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, se habla del derecho al aborto.
Se hace porque la atención integral para abortar es un servicio de salud esencial, pero también porque acceder a servicios de aborto legales y seguros es justicia reproductiva y social. Las mujeres con dinero tienen asegurado este servicio médico, pero las mujeres con menos recursos, las que pertenecen a grupos vulnerables o discriminados socialmente, arriesgan su vida al someterse a abortos clandestinos e inseguros.
El aborto es un derecho humano, el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo, a la salud y a la igualdad económica, social y de género.
Sin embargo, este servicio básico de salud sigue generando controversia social, jurídica y política. Pero cuestionar el derecho a abortar es poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres y de las niñas. Actualmente hay actores antiabortistas muy activos que promueven iniciativas legislativas y judiciales contra el aborto, extienden discursos tóxicos contrarios a la igualdad de género, campañas de desinformación sobre los derechos sexuales y reproductivos a través de las redes sociales, y alientan ataques a las personas que defienden estos derechos.
Y hay Estados que atienden a este activismo y vemos cómo se modifican leyes o se dictan sentencias judiciales para restringir el derecho al aborto, al tiempo que no se protege a las defensoras y defensores de los derechos humanos que trabajan para que este derecho sea efectivo.
Cuando los Estados no protegen el derecho al aborto, ni a quienes lo defienden, ni a las mujeres que lo necesitan
“Estábamos viviendo en una burbuja; creíamos que no se podía retroceder. Sin embargo, creo que el mensaje más importante que surgió en 2022 es que tenemos que reforzar la determinación global, que Estados Unidos no es un ejemplo a seguir y que, de hecho, está yendo en contra de la tendencia mundial a la liberalización”.
Lo dice Jeanne Conry, ginecóloga y expresidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en Estados Unidos, porque su país retrocedió 50 años cuando en 2022 la Corte Suprema anuló la jurisprudencia que reconocía el derecho constitucional a abortar.
Es cierto que la mayoría de los países han dado pasos importantes para liberalizar sus leyes y políticas ampliando el acceso a los servicios de aborto, de hecho, en los últimos 30 años más de 60 países han establecido medidas en este sentido, pero todavía en demasiados países del mundo encontramos que los Estados vulneran doblemente su obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. De una parte, restringen o penalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y maternidad, y por otro lado dejan de proteger, cuando se les ataca activamente, al personal médico, al de enfermería, a las matronas, en definitiva, a quienes desde su actividad profesional prestan este servicio esencial de salud. E incumplen también su deber de proteger a las defensoras y defensores de los derechos humanos que exigen garantizar el derecho al aborto.
Así, el Estado que debería protegerles en tanto que ciudadanas y ciudadanos con derechos, les acusa, condena, encarcela, o hace la vista gorda ante las amenazas y ataques de terceros.
“Cuando los Estados no protegen el derecho al aborto, ni a quienes lo defienden, ni a las mujeres que lo necesitan, están vulnerando su obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos”
Partidarias del derecho al aborto realizaron manifestaciones en todo el país, instando a los legisladores a convertir en ley el derecho al aborto. © SOPA Images/SIPA
¿Qué pasa en el mundo con quienes apoyan el derecho al aborto?
Penalizar el aborto es criminalizar también al personal sanitario que presta este servicio y a las defensoras y defensores que apoyan a las mujeres que deciden abortar, y en particular, a quienes más necesitan ayuda porque no tienen recursos ni acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva.
En Polonia desde 2020 abortar solo está permitido en los casos de embarazo por violación o de riesgo de muerte para la embarazada, pero también se castiga a quienes ayudan o prestan asistencia a las mujeres que necesitan abortar. Es el caso de Justyna Wydrzyńska, integrante de Aborto Sin Fronteras y de Abortion Dream Team. En 2023 fue condenada a cumplir 8 meses de servicios comunitarios por facilitar a una mujer medicación abortiva. Ante el tribunal que la juzgó dijo:
“Envié mis propias píldoras a Ania porque sabía que estaba en una relación de malos tratos. Cuando vivimos en una situación así, a menudo no nos damos cuenta de que hemos perdido el control sobre nuestros cuerpos y sobre el resto de nuestras vidas. No me gustaría vivir en un mundo en el que se privara a cualquier mujer del acceso a una información fiable y a un simple apoyo humano. Nunca deberían oprimirme por mi trabajo de protección de la vida y la salud de las mujeres [...] Este último año ha sido muy difícil para mí, para mi familia, para las personas cercanas a mí. Creo que ayudar a otra persona que pide apoyo mientras lucha por su libertad es nuestro deber. Es lo que nos hace humanos. Y no lo voy a abandonar, no me avergonzaré de ello ni creeré que es un delito”.
Testimonios desde el mundo: profesionales bajo amenaza
En Irlanda del Norte el aborto es un derecho legal desde 2019, pero en la práctica hay barreras que dificultan gravemente ejercer el derecho, desde la falta de información hasta el estigma social. Nicola Bailey, una enfermera especializada en salud sexual y reproductiva, señala una de estas barreras, el acoso ante las clínicas:
“Un día estaba entrando en la clínica y uno de los manifestantes murmuró “asesina” en voz baja mientras pasaba. Esta situación es inaceptable para cualquier miembro del personal. Yo presto asistencia sanitaria regulada, trabajo dentro de la legalidad. Respeto el derecho de cada persona a tener su propia opinión, pero ésta no debe interferir en el acceso a la atención sanitaria. Todas las personas tienen derecho a unos servicios sanitarios confidenciales, seguros y de proximidad”.
Miles de mujeres se reunieron por el Día Internacional de la Mujer en el Congreso Nacional en Buenos Aires. © SOPA Images/SIPA
“Penalizar el aborto es criminalizar también al personal sanitario que presta este servicio y a las defensoras y defensores que apoyan a las mujeres que deciden abortar”
En España, se producen situaciones similares de acoso ante las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Pero precisamente para proteger la intimidad y el derecho a decidir de las mujeres que acuden a estas clínicas, la ley aprobada el 12 de abril de 2022, penaliza con penas de hasta un año de cárcel esta forma de acoso.
En Portugal el aborto también es legal, pero la doctora Teresa Bombas, presidenta del comité de abortos seguros de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia denuncia cómo se estigmatiza y se trunca la carrera profesional del personal sanitario que presta servicios de aborto y se incide en la discriminación de género porque la mayoría del personal son mujeres:
“Viene del aborto, no es una doctora de verdad”. Si trabajas en oncología salvas vidas, pero si trabajas en aborto y anticoncepción, no eres tan importante. Todos son cuidados esenciales, así que no debería haber una jerarquía de cuidados médicos”.
En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso en los supuestos más graves, cuando el embarazo es fruto de una violación y cuando la vida de la embarazada está en peligro. Las mujeres acusadas de abortar pueden ser condenadas hasta a 40 años de cárcel, pero también puede ser encarcelado el personal sanitario que practique un aborto. Por ello es tan valioso el testimonio del doctor Guillermo Ortiz:
“Creo que es importante que quienes ejercen la medicina hagan que el aborto sea accesible en países con leyes restrictivas. Somos quienes atendemos a las mujeres más pobres, a las que tienen más probabilidades de sufrir daños. [...] Estamos en primera línea de la atención sanitaria y debemos formar parte del movimiento por un acceso seguro al aborto. El aborto es atención de la salud”.
En Nepal el aborto es legal desde 2018. Bina Shrestha es obstetra y ginecóloga y directora de programa de la Asociación para la Planificación Familiar de su país. Su testimonio nos recuerda el vínculo entre aborto, salud y derechos humanos de las mujeres:
“Hablo alto y claro a nivel nacional y como defensora del derecho de las mujeres a un aborto sin riesgos. [...] El hecho de que yo misma soy mujer y madre de dos hijas de corta edad hace que me importen los derechos de las mujeres y de las niñas, y estoy orgullosa de lo que estoy haciendo para ayudar a las niñas y mujeres con un embarazo involuntario y para prevenir los abortos peligrosos”.
Las redes sociales son una de las herramientas utilizadas para intimidar y atacar a quienes defienden el derecho al aborto. La doctora Bilguissou Balde es directora regional en África de IPAS, una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para expandir el acceso al aborto seguro, y contó a Amnistía Internacional:
“Los datos personales de una activista en Senegal se publicaron en Facebook junto con información falsa sobre ella, lo que dio lugar a que sufriera ataques y amenazas constantes de grupos antiaborto en las redes sociales y en la vida real. Es una mujer casada y con hijos, de modo que eso era una presión adicional para ella. Sufría en particular los ataques de un hombre con una cuenta falsa que, por alguna razón, se hacía llamar “el sacerdote”. De modo que no sabes quién te está atacando”.
Mujer sostiene un cartel por el derecho al aborto durante una protesta en Union Square tras el fallo de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade. © SOPA Images/SIPA
¿Cómo pueden los Estados proteger el derecho al aborto y a quienes lo defienden?
Amnistía Internacional hace un llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto. Porque las personas que defienden este derecho son defensoras de los derechos humanos, y porque mientras persista la amenaza contra ellas, el derecho al aborto de mujeres y niñas y de cualquier persona susceptible de embarazo, no será una realidad plena. Por tanto, es imprescindible que los Estados adopten medidas integrales y decisivas basadas en cuatro principios básicos que, por cierto, responden a las obligaciones ya contraídas según el derecho internacional de los derechos humanos:
- Prevenir las violaciones de derechos humanos contra defensoras y defensores, promulgando leyes y mediante la aplicación de protocolos de protección específicos -que deben afectar también a las redes sociales-, y con la participación de las propias defensoras y defensores; además se deben establecer canales seguros para denunciar los casos de acoso;
- Asegurar que defensoras y defensores ejercen sus derechos sin miedo, garantizando el acceso universal a la salud sexual y reproductiva integral y despenalizando el aborto, tal como reafirman las directrices sobre el aborto de la Organización Mundial de la Salud; se debe dar formación permanente al personal sanitario y regular adecuadamente la objeción de conciencia para que este derecho no anule el derecho a abortar;
- Salvaguardar los derechos de quienes defienden los derechos, protegiendo el espacio cívico, lo que incluye eliminar cualquier restricción arbitraria a la libertad de expresión, asociación y reunión; abordar el estigma relacionado con el aborto y trabajar sobre las causas subyacentes a los ataques y amenazas como el sexismo, el racismo o la violencia de género.
- Proporcionar reparación, acabando con la criminalización de quienes defienden el aborto, liberando a las personas encarceladas por abortar o por prestarles apoyo y garantizando su acceso sin barreras a la justicia, además de investigar los delitos y enjuiciar a quienes los cometen.
Descárgate el informe completo: “UN MOVIMIENTO IMPARABLE. Llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto”. Y el documento adicional Medidas y principios básicos para proteger a los proveedores de servicios de aborto como defensores de los derechos humanos.
