En los últimos meses, la tumba de las 13 Rosas en el Cementerio de la Almudena ha sido objeto de amenazas, intentos de profanación y ataques dirigidos contra la periodista Sarah Santaolalla. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia más amplia de erosión de la memoria democrática en España.
Las 13 Rosas fueron trece jóvenes antifascistas fusiladas en Madrid en 1939 tras un consejo de guerra franquista, como parte de la represión política de la posguerra. Hoy, su memoria vuelve a ser atacada al ser convertidas de nuevo en símbolo de resistencia y, al mismo tiempo, en blanco de quienes buscan normalizar el odio y borrar la historia. Recuperar su memoria no es un acto nostálgico, sino una forma de defender la democracia.
Qué ocurrió en el Cementerio de la Almudena: amenazas a Sarah Santaolalla y el ataque a la memoria democrática
En la madrugada del 17 de enero de 2026, varios desconocidos pintaron letras rojas sobre la placa conmemorativa de las 13 Rosas en el Cementerio de la Almudena. El mensaje era explícito: "Sarah Santaolalla RIP", utilizando las siglas de requiescat in pace como amenaza de muerte directa contra la periodista de 26 años. La inscripción fue realizada en un lugar de memoria democrática dedicado a trece jóvenes fusiladas por el franquismo en 1939.
No se trató de un acto vandálico ni de una provocación aislada. Colocar el nombre de una periodista junto al de mujeres ejecutadas por sus convicciones constituye un mensaje político claro: advertir a quien ejerce la crítica pública de que puede sufrir represalias. Santaolalla lo explicó en sus propias palabras:
"Ha sido vandalizada la tumba de las 13 Rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror".
La Policía Nacional abrió diligencias de investigación, derivadas posteriormente al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid.
El gobierno español condenó públicamente los hechos. El presidente Pedro Sánchez afirmó que se había "cruzado una línea intolerable" y subrayó que "los espacios de memoria se respetan" y que "la democracia se defiende sin odio".
El significado simbólico de atacar un lugar de memoria democrática en España y por qué no son hechos aislados
Atacar la tumba de las 13 Rosas no es vandalismo ordinario. Es un acto de negación política. Los lugares de memoria democrática preservan la verdad histórica y funcionan como garantías frente a la repetición de la violencia y la represión. Profanarlos implica negar la existencia de los crímenes del franquismo, deshumanizar a las víctimas y cuestionar la legitimidad de la democracia para recordar. Dirigir la amenaza contra una periodista refuerza ese objetivo: silenciar a quien investiga, explica y transmite la historia.
Esta estrategia de violencia simbólica no se limita a un caso aislado. Forma parte de un patrón más amplio de ataques sistemáticos contra placas conmemorativas a través de simbología nazi, pintadas de "rojos no" y monumentos arrancados o destruidos.
La placa de Yolanda González, por ejemplo, fue atacada cuatro veces en apenas tres meses. La joven estudiante de 19 años fue secuestrada y asesinada por un comando de extrema derecha en 1980, y su recuerdo en el barrio de Aluche sufre una "obsesión destructiva" que refleja una estrategia de terror simbólico contra las víctimas del franquismo y la Transición. El monumento a Aida de la Fuente, conocida como "la Rosa Roja de Asturias" por su rol en la Revolución de 1934, apareció cubierto de pintura; varios monolitos en Murcia fueron destrozados. Expertos señalan que estos ataques aumentan a medida que se hace más visible la recuperación de la memoria histórica, provocando reacciones de quienes se consideran herederos del franquismo.
Memoria democrática como obligación de derechos humanos
La Ley 20/2022 de Memoria Democrática reconoce los lugares de memoria como espacios especialmente protegidos y los vincula de forma explícita con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Su preservación no es, por tanto, un gesto simbólico ni una decisión discrecional de los gobiernos, sino una obligación jurídica del Estado frente a las víctimas y frente a la sociedad.
Proteger placas, monumentos y sitios de homenaje a las víctimas del franquismo es una medida concreta de prevención democrática: ayuda a impedir la repetición de la violencia, a combatir el discurso de odio y a evitar que las violaciones del pasado sean negadas o banalizadas. En este marco, los ataques contra lugares de memoria no pueden tratarse como simples actos vandálicos, sino como señales de alerta sobre la salud de la democracia y sobre el grado de cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.
Monumento en memoria de las 13 Rosas en el Cementerio de la Almudena (Madrid), lugar de recuerdo de las jóvenes fusiladas por el franquismo en 1939. Foto: Emilio J. Rodríguez Posada, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Quiénes fueron las 13 Rosas: jóvenes militantes represaliadas por el franquismo
Las 13 Rosas eran activistas políticas vinculadas a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y al Partido Comunista de España (PCE). No eran combatientes ni participaron en acciones armadas durante la guerra. Eran mujeres jóvenes que se habían afiliado a organizaciones de izquierdas movidas por ideales republicanos, antifascistas y de justicia social.
Tras el final de la Guerra Civil en abril de 1939, algunas de ellas participaron o estuvieron vinculadas a intentos de reorganización clandestina, con el objetivo de mantener viva una mínima resistencia política frente al nuevo régimen. Ese intento fue suficiente para convertirlas en objetivo prioritario de la represión.
Sus perfiles eran diversos, pero compartían una condición social vulnerable. Carmen Barrero Aguado, de 20 años, era modista y trabajaba desde los doce para sostener a su familia. Julia Conesa Conesa, también de 20 años, trabajaba como cobradora de tranvías. Blanca Brisac Vázquez, la mayor del grupo con 29 años, era pianista, madre de un hijo y sin militancia política previa; fue detenida debido a su relación con un músico comunista, su marido, Enrique García Mazas. La mayoría procedía de familias obreras o de clase media humilde.
Fueron detenidas de forma dispersa entre mayo y julio de 1939, sin orden judicial previa, mediante detenciones arbitrarias, en varios casos tras allanamientos en sus propios domicilios. El régimen utilizó a detenidos torturados como fuente de información para localizar a otras militantes. Las detenciones fueron posibles gracias a una extensa red de vigilancia, delación e infiltración que el régimen franquista había desplegado para identificar y neutralizar cualquier forma de oposición.
Detención, juicio y fusilamiento en 1939 en Madrid
Las detenciones de las 13 Rosas comenzaron el 16 de mayo de 1939 y se prolongaron hasta julio, tras la captura de José Peña Brea, secretario general del Comité Provincial de las JSU. Peña fue torturado y, bajo coacción, reveló nombres y direcciones de otras personas militantes.
Una vez encarceladas en la prisión de Ventas, las jóvenes fueron juzgadas en un Consejo de Guerra celebrado el 2 y 3 de agosto de 1939 ante el Tribunal Militar Permanente (causa número 30.426). El juicio duró apenas dos días. Todas fueron condenadas a muerte.
La acusación formal fue la de "adhesión a la rebelión" y "reorganización de elementos de las JSU y del PCE para atentar contra el orden social". No se les imputaron crímenes concretos ni actos violentos específicos. Su condena se basó exclusivamente en su militancia política.
En la madrugada del 5 de agosto de 1939, las 13 Rosas fueron sacadas de sus celdas sin previo aviso. Fueron trasladadas al cementerio del Este de Madrid y fusiladas junto a otros 43 hombres, también militantes de organizaciones de izquierdas. La ejecución se llevó a cabo apenas 24 horas después de la sentencia, en un acto de represión planificada y ejemplarizante.
Foto histórica de la cárcel de Ventas, en Madrid, donde estuvieron detenidas las 13 Rosas antes de ser juzgadas y fusiladas en agosto de 1939. Autor desconocido / Wikimedia Commons (dominio público)
Por qué recordar a las 13 Rosas hoy
Recordar a las 13 Rosas no es solo honrar a trece jóvenes asesinadas hace casi un siglo: es afirmar que la violencia política, el odio antifeminista y la represión que las mataron no pueden convertirse en precedentes tolerables. Su historia muestra hasta dónde puede llegar un régimen cuando la disidencia y, en particular, la disidencia ejercida por mujeres, es tratada como una amenaza que debe ser eliminada.
En el campo de los derechos humanos, la memoria no es un gesto voluntarista, sino una dimensión del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, tal y como reconoce el derecho internacional de los derechos humanos y organizaciones como Amnistía Internacional. La memoria democrática contribuye a esclarecer qué ocurrió, quiénes fueron responsables y qué daños se produjeron, creando las condiciones para el reconocimiento y la reparación. Integrar la historia de las 13 Rosas en este marco implica reconocerlas como víctimas de ejecuciones cometidas por el Estado franquista, en un contexto de represión sistemática que hoy se considera una grave violación de derechos humanos, y asumir que sus familias y la sociedad tienen derecho a conocer, recordar y transmitir lo sucedido.
El peligro del olvido y la normalización del odio
El olvido no es neutral. Abre espacio para que el negacionismo, la banalización de la dictadura y los discursos de odio se presenten como opiniones legítimas, desvinculadas de sus consecuencias históricas. La amenaza de muerte contra Sarah Santaolalla pintada en la tumba de las 13 Rosas no es un hecho aislado: es una manifestación contemporánea de una lógica de intimidación heredera de las prácticas represivas del franquismo, ahora dirigida a silenciar voces críticas y desalentar la participación de las mujeres en el debate público.
En este contexto, minimizar ataques contra lugares de memoria o contra personas que investigan y explican el pasado no es solo injusto con las víctimas, sino peligroso para la calidad democrática.
