Cientos de personas ejecutadas por delitos de drogas. La mayoría, migrantes pobres que fueron torturados y juzgados sin abogado. Muchas familias nunca recuperaron sus cuerpos. Esta es la realidad que documenta el nuevo informe de Amnistía Internacional, If We Had Money and a Lawyer, Maybe My Brother Would Be Alive: Saudi Arabias Execution Crisis, que revela cómo Arabia Saudí ha convertido la pena de muerte en un instrumento letal y discriminatorio. Lejos de limitar su uso, las autoridades saudíes están ejecutando a una velocidad sin precedentes, ignorando abiertamente el derecho internacional.
1. ¿Cuántas personas ha ejecutado Arabia Saudí y por qué delitos?
Pese a las promesas públicas de reforma, Arabia Saudí ha intensificado el uso de la pena de muerte hasta alcanzar cifras sin precedentes. En 2024, el país ejecutó a 345 personas, el número más alto registrado por Amnistía Internacional en más de tres décadas. Solo en la primera mitad de 2025, se llevaron a cabo 180 ejecuciones, de las cuales 118 fueron por delitos exclusivamente relacionados con drogas.
Las ejecuciones abarcan una amplia gama de delitos, muchos de los cuales no cumplen con el umbral de los “crímenes más graves” requerido por el derecho internacional para aplicar la pena capital. Entre ellos se encuentran:
- Delitos exclusivamente relacionados con drogas como tráfico, posesión, consumo o distribución de sustancias.
- Delitos calificados como "terrorismo", en muchos casos relacionados con protestas pacíficas o disidencia.
- Otros crímenes como violación, secuestro, hechicería, robo a mano armada e incluso delitos no violentos.
2. La pena de muerte por delitos de drogas: una práctica sistemática e ilegal
Aunque el derecho internacional prohíbe expresamente la aplicación de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, Arabia Saudí ha ejecutado a 597 personas por este tipo de cargos entre 2014 y 2025. Esto representa casi un tercio del total de las 1.816 ejecuciones registradas en el país durante ese periodo. De esas 597 personas, el 75% eran extranjeras. Solo en 2024, 122 personas fueron ejecutadas por drogas. Y la tendencia se mantiene al alza.
¿Qué significa que una ejecución sea "ta’zir"?
Una parte importante de estas ejecuciones se producen bajo el tipo de sentencia denominado "ta’zir", una categoría que permite a los jueces saudíes imponer la pena de muerte de forma discrecional, incluso cuando no ha habido homicidio ni se aplica una pena obligatoria bajo la sharía.
Estas decisiones no responden a una interpretación rígida del derecho islámico, sino a criterios amplios y arbitrarios, lo que da lugar a condenas a muerte sin garantías jurídicas claras. Según el informe de Amnistía Internacional, entre 2014 y 2025:
- Casi la mitad de todas las ejecuciones (47,5%) fueron por sentencias ta’zir.
- De estas, casi el 70% fueron por delitos relacionados con drogas.
Esto contradice directamente las declaraciones del príncipe heredero Mohammed bin Salman, en las que afirmaba que el reino iba a limitar la imposición de la pena capital a los delitos ta'zir. Por el contrario, el análisis de Amnistía Internacional revela cómo los jueces ejercen su discreción para aumentar la severidad de los castigos e imponer la pena de muerte, incluso en los casos en que no ha habido homicidio intencional, y no para limitar el uso de esa pena. En definitiva, este informe expone la cruda y letal realidad oculta tras la imagen progresista que las autoridades intentan proyectar hacia el resto del mundo.
3. ¿Arabia Saudí puede aplicar la pena de muerte por drogas según el derecho internacional?
No. El derecho internacional prohíbe expresamente el uso de la pena de muerte para este tipo de delitos.Según el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y la interpretación de su Comité de Derechos Humanos, la pena capital solo puede aplicarse en los llamados “crímenes más graves”, entendidos exclusivamente como aquellos que implican homicidio intencional.
Los delitos relacionados con drogas, por graves que sean, no alcanzan ese umbral. Por tanto, ejecutarlos conlleva una violación directa de las obligaciones internacionales. Además, las sentencias automáticas o de muerte obligatoria están prohibidas, ya que impiden valorar las circunstancias individuales del acusado, vulnerando así el derecho a un juicio justo.
Esta interpretación ha sido respaldada en múltiples resoluciones por la Asamblea General de la ONU, que ha instado repetidamente a todos los países a establecer una moratoria sobre la pena de muerte, como paso hacia su abolición total.
Arabia Saudí defiende la aplicación de la pena capital argumentando que la definición de “crimen grave” debe ajustarse a los valores, leyes y necesidades de cada sociedad, y que las ejecuciones por delitos de drogas buscan proteger la seguridad pública. Sin embargo, este enfoque ha sido rotundamente rechazado por organismos internacionales. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)calificó la reanudación de estas ejecuciones como “profundamente lamentable” y contraria a las normas internacionales.
4. ¿Quiénes son las personas más afectadas por la pena de muerte en Arabia Saudí?
El informe de Amnistía Internacional revela con contundencia que las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí afectan de forma desproporcionada a personas extranjeras, en su mayoría migrantes en situación de gran vulnerabilidad. Muchas fueron engañadas, coaccionadas o explotadas, sin acceso a representación legal ni a un juicio justo. Pero el patrón de abusos no se limita a ellas: también se extiende a personas jóvenes y a miembros de la minoría chií, que han sido condenados a muerte en procesos marcados por la arbitrariedad, la discriminación y la represión política.
La mayoría de las personas ejecutadas por drogas son extranjeras
Entre enero de 2014 y junio de 2025, casi el 75% de todas las personas ejecutadas por delitos exclusivamente relacionados con drogas eran extranjeras, pese a que representan alrededor del 44% de la población del país. Las nacionalidades más afectadas incluyen a personas de Pakistán (155), Siria (66), Jordania (50), Yemen (39), Egipto (33), Nigeria (32), Somalia (22) y Etiopía (13). La mayoría eran trabajadoras migrantes procedentes de entornos marcados por la pobreza, con escasas oportunidades y sin redes de apoyo en Arabia Saudí.
Migración, pobreza y explotación
Muchas de estas personas fueron reclutadas en los niveles más bajos del tráfico de drogas, a cambio de pagos ínfimos o bajo amenaza. Algunas fueron engañadas o coaccionadas para transportar sustancias sin saber las consecuencias legales. En varios casos, hombres somalíes y etíopes fueron arrestados con cargas de droga valoradas en millones de dólares, pero a ellos les habían prometido apenas 267 dólares. Ninguno tuvo acceso a defensa legal efectiva. A pesar de las evidencias de engaño o coacción, no se investigó si habían sido víctimas de trata de personas, lo cual constituye una grave omisión. El derecho internacional prohíbe penalizar a las víctimas de trata por actos cometidos como resultado de su explotación.
Represión de la minoría chií con cargos de “terrorismo”
El informe también documenta el uso de la pena de muerte contra la minoría chií de Arabia Saudí, que representa entre el 10% y el 12% de la población, pero constituye el 42% de las personas ejecutadas por cargos de “terrorismo” entre 2014 y 2025. Muchos de estos casos están relacionados con protestas pacíficas en la Provincia Oriental, con demandas de igualdad de derechos o críticas al gobierno. En lugar de proteger la libertad de expresión, las autoridades saudíes han respondido con cargos vagos y arbitrarios de terrorismo, procesos sin garantías y sentencias de muerte dictadas por la Corte Penal Especializada, un tribunal que, según expertos de la ONU, carece de independencia.
Ejecuciones de menores, prohibidas por el derecho internacional
La persecución también afecta a menores de edad. A pesar de que Arabia Saudí es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño —que prohíbe terminantemente la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito—, al menos siete jóvenes siguen en riesgo de ejecución. Seis de ellos pertenecen a la comunidad chií. Cuatro fueron nuevamente condenados a muerte en 2025 tras un segundo juicio, lo que constituye una violación directa del derecho internacional de los derechos humanos.
5. Juicios sin garantías en Arabia Saudí: tortura, falta de defensa y confesiones forzadas
Uno de los fallos más graves documentados por Amnistía Internacional en los casos de pena de muerte en Arabia Saudí es la falta de acceso a una defensa legal competente y efectiva. En la mayoría de los casos analizados, las personas condenadas a muerte —casi todas extranjeras— no contaron con representación legal durante su detención, los interrogatorios ni el juicio. Muchas no pudieron permitirse pagar un abogado privado, y el Estado, en lugar de garantizar asistencia jurídica gratuita, simplemente no proporcionó ninguno.
Incluso en los casos en los que sí se asignó un abogado, la defensa fue claramente inadecuada y la posibilidad de impugnar las pruebas, recurrir las sentencias o denunciar irregularidades procesales, inexistente.
La desesperación de las familias por salvar a sus seres queridos llevó a algunas a endeudarse gravemente o a perderlo todo. Es el caso de Essam Ahmed, un hombre egipcio condenado por tráfico de drogas. Su familia vendió su única vivienda con la esperanza de contratar una defensa que pudiera lograr su puesta en libertad. Sin embargo, el informe indica que Essam Ahmed permanece en el corredor de la muerte al momento de su redacción.
Otro caso recogido en el informe es de Hussein Abo al-Kheir, ciudadano jordano y padre de ocho hijos que fue ejecutado en marzo de 2023 tras un juicio plagado de irregularidades. Detenido por cargos de drogas, denunció repetidamente haber sido torturado: “Cuando fui ante el juez, le conté todo sobre las palizas, la tortura y los insultos hacia mí y mi familia”, relató.
Según los documentos judiciales, Hussein fue suspendido de los pies y golpeado con tal brutalidad que no pudo firmar su “confesión” con una pluma y lo tuvo que hacer con su huella dactilar. Se retractó de su confesión en varias ocasiones, pero el tribunal la utilizó igualmente para condenarlo. No tuvo abogado ni apoyo consular. Su familia intentó contratar defensa en Jordania, pero fue estigmatizada y no obtuvo ayuda. “Si hubiéramos tenido dinero y un abogado, quizá Hussein estaría vivo”, declaró su hermana, Zainab. Su ejecución se produjo pese a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata tras considerar su detención injustificada.
Mohammad Arafat, ciudadano egipcio, fue arrestado en marzo de 2017 por cargos de drogas y condenado a muerte un año después. Declaró ante el tribunal que había sido torturado durante su detención y que esa tortura lo llevó a confesar. “Si me hubieran pedido confesar un asesinato, también lo habría hecho”, dijo. Su confesión obtenida bajo tortura fue utilizada para condenarlo y no se investigó. La Corte de Apelación ratificó la pena capital en 2020.
Arafat era el único sostén económico de su familia, que incluía a una madre de 75 años con un infarto cerebral y dos hermanas con discapacidad auditiva. “No pudimos pagar un abogado”, explicó su esposa. Mohammad sigue en el corredor de la muerte desde hace más de siete años.
Junto a estos casos, el informe documenta 25 condenas a muerte de personas migrantes de Somalia, Etiopía y Pakistán que comparten elementos clave: fueron arrestadas tras cruzar la frontera, no tuvieron acceso a abogados, no se les permitió ver sus documentos judiciales y fueron condenadas a muerte en audiencias opacas y sin las debidas garantías procesales.
En muchos casos, las personas extranjeras fueron juzgadas y ejecutadas sin contar con asistencia consular, lo que contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que obliga a informar a los detenidos de su derecho a contactar a su consulado.
6. ¿Cómo afecta la pena de muerte a las personas condenadas y a sus familias?
Más allá de las cifras, las ejecuciones en Arabia Saudí arrastran una estela de sufrimiento prolongado, invisible y devastador. No se trata solo del momento de la ejecución. Es el antes, el durante y el después. Es, como lo definió un familiar, “una tortura que dura años”.
“¿Es hoy mi día?”: el terror diario de los condenados
En las prisiones saudíes, las personas en el corredor de la muerte viven en un estado constante de incertidumbre. No saben si la puerta que se abre cada mañana es la de una visita, la de un traslado… o la de su ejecución. Abdullah, hermano de Irfanullah, un joven paquistaní condenado a muerte, lo explicó así:
“Cuando van a ejecutar a alguien, no lo sabe hasta el último momento. Entran los guardias y lo llaman por su apodo, no por su nombre. Afuera, le dicen que va a presentarse ante los jeques. Ahí es cuando entiende que su hora ha llegado. Lo vendan y se lo llevan.”
“En el corredor de la muerte, las personas no saben si el guardia que abre la puerta viene a llevarlas a juicio… o a su ejecución.”
A menudo, las familias tampoco son notificadas. Algunas lo descubren horas después, cuando otra persona presa llama a escondidas para avisarles. En otros casos, se enteran por los medios de comunicación, cuando el Ministerio del Interior publica la ejecución en su página web oficial.
Mohamed Saad, condenado a muerte por tráfico de Captagon desde 2017, aún espera en la prisión de Tabuk. Su hermana cuenta que la detención lo rompió todo:
“Desde que arrestaron a Mohamed, mi padre perdió la cabeza. Tiene ataques epilépticos, sale corriendo de casa, llora día y noche. Mi padre no puede trabajar, y Mohamed también era el sostén de la familia. Hemos tenido que pedir préstamos para sobrevivir. Yo misma escribí los recursos legales para Mohamed y los llevé al Ministerio de Exteriores. Pero ellos solo sabían de su caso por mí.”
En Arabia Saudí, muchas veces los cuerpos de las personas ejecutadas no se entregan a las familias. No hay despedida. No hay entierro. Solo un silencio insoportable. Así le ocurrió a una madre etíope cuyo hijo fue ejecutado en mayo de 2025. Él logró llamarla el día anterior:
“Me dijo: ‘Me llevan mañana por la mañana, esta es mi última respiración’.”
Semanas después, sin recibir el cuerpo, la madre sufrió una crisis psiquiátrica tan grave que tuvo que ser ingresada. Un familiar dijo:
“No solo están matando a nuestros hermanos. Nos están matando a nosotros también.”
Este sufrimiento no es accidental: forma parte de un sistema opaco y cruel. Las personas presas no tienen derecho a conocer con antelación la fecha de su ejecución, ni a despedirse, ni a garantizar que su familia reciba el cuerpo. El sistema saudí tampoco garantiza que la familia pueda asistir al entierro, ni saber dónde descansan sus seres queridos.
Esta falta de transparencia no solo es inhumana: viola estándares internacionales como las Reglas Mandela y los principios de la Convención contra la Tortura, que prohíben el sufrimiento mental severo impuesto intencionadamente.
7. ¿Qué pide Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Arabia Saudí?
Amnistía Internacional reclama a Arabia Saudí que dé pasos concretos hacia la abolición total de la pena de muerte. El primer paso debe ser una moratoria inmediata sobre las ejecuciones y la conmutación de todas las condenas actuales.
La organización exige que se repitan los juicios marcados por irregularidades, especialmente aquellos basados en confesiones obtenidas bajo tortura o sin defensa legal adecuada, y que se excluya por completo la pena capital. También pide reformar las leyes antinarcóticos y antiterroristas para que no puedan aplicarse a menores ni a personas condenadas por delitos no letales.
Además, Arabia Saudí debe garantizar el derecho a la defensa desde el momento de la detención, investigar todas las denuncias de tortura, notificar con antelación las ejecuciones y entregar los cuerpos a las familias.
Amnistía Internacional también insta a los gobiernos aliados del país —en especial aquellos con relaciones diplomáticas, comerciales o estratégicas— que presionen para detener las ejecuciones, exijan reformas legales y rendición de cuentas por las violaciones cometidas. Los Estados deben ofrecer asistencia consular efectiva a sus nacionales detenidos, asegurar que reciban apoyo legal desde el inicio del proceso penal y reclamar el acceso de observadores internacionales a los juicios donde pueda imponerse la pena de muerte. Además, deben proporcionar información legal y formación adecuada a trabajadores migrantes antes de viajar, para reducir su exposición a la explotación y al riesgo de criminalización.
